Zaragoza
Todos los grupos de las Cortes de Aragón se han pronunciado este jueves sobre la solicitud oficial de cierre de la Central Térmica de Andorra para junio de 2020 presentada por Endesa ante el Ministerio para la Transición Ecológica, a quien los parlamentarios autonómicos han reclamado que exija a la compañía un plan diferente al presentado para asegurar el futuro de las cuencas mineras.
Los representantes de los diferentes grupos se han pronunciado en declaraciones a los medios de comunicación, en los pasillos de las Cortes de Aragón, donde se celebra sesión plenaria. La portavoz del PP, Mar Vaquero, ha recordado que los trabajadores y alcaldes de la zona ya han manifestado que ese plan "es insuficiente y no les gusta".
Por eso, ha querido saber cómo la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, "se va a negar a aceptar el plan de inversiones presentado por Endesa" junto con la solicitud de fin de la actividad de la térmica ya que el Gobierno central "no tiene ningún instrumento que impida a la compañía llevar a cabo la decisión del cierre".
A su entender, el decreto presentado por el PP en el Congreso era la medida legislativa adecuada "para impedir el cierre unilateral" por parte de Endesa, pero PSOE, Ciudadanos y Podemos votaron en contra, y la ministra, en su visita a Aragón, "no hizo más que decir obviedades", para afearle que no acudiera a las cuencas mineras.
Vaquero ha pedido al Gobierno de Aragón y a su presidente, el socialista Javier Lambán, "que de una vez por todas reivindique los intereses aragoneses" y ha opinado que ahora se verá "qué fuerza puede tener" en Madrid "a la hora de negociar estas mejores condiciones" para la zona.
Para Endesa
El portavoz del PSOE, Javier Sada, ha esgrimido que el plan de acompañamiento al cierre presentado por Endesa "no es un plan para la zona, es un plan para Endesa, para seguir ganando dinero" y por eso "no es serio", sino "una tomadura de pelo" y al ministerio "en absoluto puede, ni siquiera, pasársele por la cabeza autorizar este plan de cierre".
Por el contrario, ha continuado Sada, el Gobierno central tiene que exigir un documento "con aportaciones para la zona y no simplemente que Endesa sigan sacando dinero de ella", como ocurriría con la instalación de proyectos para generar energía fotovoltaica, según propone la compañía. El portavoz socialista ha añadido que la ministra, en su visita a Zaragoza, "dejó muy claro y le seguimos exigiendo, que no puede autorizar ese plan de Endesa".
La portavoz de Podemos, Maru Díaz, ha reconocido que ya "nos temíamos que el plan no iba a estar a la altura" y, efectivamente, la empresa ha presentado una propuesta que es "una tomadura de pelo para el territorio y estoy de acuerdo con las declaraciones de la gente de la zona".
Díaz ha sostenido que no puede ser "que el único plan de cierre que presenta la empresa sea asegurar el trabajo de los propios empleados", cuando "tenemos un problema profundo con las contratas y con todo el trabajo generado en torno a la térmica, que no se soluciona planteando invertir millones solo en las renovables, que no van a dar empleo sostenible".
La portavoz de Podemos ha remarcado que el plan de transición "no tiene que estar pensado para los dos o tres años después del cierre, sino tener una viabilidad y empleabilidad en la zona" y por eso ha deseado que la ministra para la Transición Ecológica "tenga a bien atender lo que se le está pidiendo desde el territorio, que no acepte el cierre en estas condiciones".
Alargamiento
El portavoz del Partido Aragonés, Arturo Aliaga, ha considerado que "no tenía que haberse llegado a este punto", después de que el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, se mostrara favorable en su reunión con el de la Comunidad autónoma, Javier Lambán, "a estudiar el alargamiento de la vida de la central con las horas que fueran necesarias".
Aliaga ha indicado que el ministerio tenía que haber llamado a Endesa a su despacho, "como se ha hecho en otros casos con empresas de envergadura" y haber explorado las posibilidades antes de que la compañía presentara el escrito puesto que el cierre "afecta a miles de empleos y al futuro de estas comarcas y no se puede sustanciar simplemente presentado un escrito al ministerio con un plan de cierre".
Aliaga ha considerado que el Gobierno de España "tiene la obligación de sentarse y llamar a su despacho" a Endesa para que "exponga por qué cierra, por qué no hay una vía de alargar ese funcionamiento de la central" ya que hasta ahora "no se han agotado todas las capacidades que tiene el Ejecutivo" y si bien la ministra ha dicho no va a autorizar el cierre, "qué va a hacer", cuando le ha faltado "capacidad de negociación y sentar a la compañía".
En este punto, ha recordado que el Gobierno de España "tiene competencias en regulación y política energética" y "puede exigir a Endesa un plan más ambicioso, que se compatibilice con horas de funcionamiento cumpliendo los límites de emisión de Europa e incluso puede pactar con la compañía cuáles pueden ser las condiciones para que se hagan las inversiones que son necesarias para ampliar la vida de la central".
La portavoz de Ciudadanos, Susana Gaspar, ha incidido en la necesidad de reclamar "planes alternativos" para las cuencas mineras ante un plan de acompañamiento "que no es suficiente" y por eso desde el Gobierno central y desde el aragonés "tienen que trabajar para traer verdaderos planes de reindustrialización que permitan reactivar la economía y que los aragoneses que quieran quedar a vivir en sus territorios puedan hacerlo".
Previsible
El portavoz de la agrupación parlamentaria de CHA, Gregorio Briz, ha calificado de "previsible" la actuación de Endesa, después de que su consejero delegado, José Bogas, comunicara en su reunión con el Gobierno de Aragón y los sindicatos "que no iban a reemplazar los puestos de trabajo".
A su entender, "el problema es la incapacidad de esta empresa para invertir por su falta de voluntad y la impotencia de los gobiernos para enfrentarse a las grandes compañías", si bien "habrá que hacer todo lo posible", aunque "me temo que tenemos una gran dificultad porque es una decisión de una gran compañía, con un gran poder".
No obstante, ha expresado su apoyo al Gobierno de Aragón, ha considerado que el Ejecutivo central "tiene que tomar cartas en el asunto y Europa, si es necesario, y ampliar el plazo de cierre o contar con un plan de acompañamiento adecuado".
Asimismo, ha anunciado que su partido apoyará todas las movilizaciones que haya "para reivindicar lo que es de justicia, después del dinero que ha sacado esa empresa de esa zona".
La diputada de IU, Patricia Luquin, ha apuntado que es el ministerio quien ha de autorizar el cierre de la Central Térmica de Andorra y por eso "esperamos y deseamos que diga que no", para reclamar un plan de acompañamiento "real" y "que mitigue de alguna manera los efectos catastróficos que va a suponer el anuncio unilateral por parte de Endesa del cierre".
Según ha dicho, "lo que está poniendo encima de la mesa es darle el golpe definitivo al futuro de la cuencas mineras", cuando Endesa, "además de ser una empresa privatizada, ha tenido ingentes cantidades de beneficios en el territorio y lo mínimo que tiene que hace es devolver parte de los mismos".
Luquin ha apostado por hacer "frentes comunes" entre los Gobiernos central y autonómico y también contando con las Comunidades afectadas por la misma situación, Asturias y Castilla y León, para lograr un "compromiso" que permita "garantizar el futuro" ya que la propuesta de energías renovables en diferentes pueblos es "irrisoria" y "no va a garantizar en ninguno de ellos que pueda asentarse población y vertebrar territorio", para criticar la "absoluta soberbia" con la que ha actuado la empresa.
