Zaragoza
El presidente del PP de Aragón defiende la Constitución y el Estatuto frente al intento de Lambán de saltase la legalidad.
"Aragón es un candado de seguridad para España, y lo que hace el presidente del Gobierno de Aragón con esta ley es ceder la llave a los populismos y los nacionalismos en algo tan serio como es la unidad de nuestro país", ha afirmado Luis María Beamonte, presidente del PP Aragón, tras presentar ante el Tribunal Constitucional un recurso a la Ley de actualización de los derechos históricos de Aragón, aprobada el pasado 28 de junio en las Cortes regionales.
Luis María Beamonte ha añadido que el texto promovido por PSOE y CHA "no tiene más misión que contentar a los socios del Partido Socialista en el Gobierno de la Comunidad Autónoma, de Chunta Aragonesista; que satisfacer a sus pseudosocios de Podemos, y vestirse de un aragonesismo fingido que precisamente no es lo que tienen".
Además, ha incidido en que la ley es "una vulneración evidente de conceptos fundamentales" al hacer prevalecer los derechos históricos de un territorio sobre la Constitución española.
El líder de los populares también ha querido llamar la atención sobre la ruptura de la organización territorial que esconde algún artículo de la norma, que -según recordó-cuenta con el "respaldo del PNV más radical".
Aparte, ha recalcado que es "desafortunada en los momentos que estamos viviendo" porque "cede la llave a los populismos y a los nacionalismos en algo tan serio como es la unidad de nuestro país".
El pasado 28 de junio PSOE y CHA, con el respaldo de Podemos, Izquierda Unida y el PAR, se aprobó en las Cortes de Aragón la conocida como Ley de Derechos Históricos.
Según han explicado desde el PP, con la nueva ley, el Gobierno de Lambán podrá modificar la denominación de la Comunidad Autónoma y el escudo de Aragón, además le permitirá ejercer el reconocimiento legal de la identidad política, institucional y jurídica propia e 'independiente' del pueblo aragonés, la potestad para poseer un régimen financiero propio así como una Hacienda foral y a elevar los derechos históricos por encima de la Constitución.
La norma, prosiguen los populares, también modifica las competencias aragonesas en la Ley de aguas, cambia la participación de la Comunidad Autónoma en el Archivo de la Corona de Aragón, elimina los elementos de lealtad institucional con el Estado y de convivencia para sustituirlos por la bilateralidad,
En el plano del Derecho, la ley aprobada es, a juicio del Partido Popular, una suma de 'chapuzas normativas' contra varias leyes. En primer lugar contradice la Constitución en su artículo 81 respecto al rango y elaboración de las leyes, también choca contra el 147 en lo que atañe al contenido del Estatuto de autonomía, y olvida la Disposición Adicional Primera de la Constitución.
Finalmente, desde el PP inciden en que, además de violentar la ley fundamental del ordenamiento jurídico español, el texto impulsado por los socialistas y nacionalistas aragoneses contraría al Derecho comunitario, ya que obvia la primacía normativa de Bruselas sobre el derecho estatal y estatutario. El tercer ataque de la Ley de derechos históricos se produce contra diez artículos del propio Estatuto de autonomía aragonés, algunos de los cuales pretende modificar por la puerta de atrás cuando el procedimiento para cambiarlos debería ser una reforma estatutaria, concluyen.
