La Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA) celebra este año su 40 aniversario. Un período en el que se ha trabajado en defensa de los derechos y necesidades de los agricultores y ganaderos y del medio rural. Y la lucha continúa porque los problemas siguen: desde una PAC que no prima al agricultor y la actividad a la falta de dotaciones económicas para políticas en el sector y medio rural, el descenso de la renta agraria, la bajada del número de agricultores y nuevas amenazas como los cambios políticos que se producen en Europa y la salida del Reino Unido en la Unión Europea. Agro ha hablado con José Manuel Penella, secretario general de UAGA-COAG, de estos temas y la situación del sector. [Ver más información en la revista Agro de elEconomista]
UAGA cumple 40 años. ¿Cómo ha cambiado el papel de las organizaciones agrarias en estos años?
Cuarenta años no son nada, pero son importantes esos inicios, que también eran una lucha por los derechos en el medio rural. En aquellos momentos se luchaba por los derechos de los agricultores y también por políticas sociales como la Seguridad Social, las necesidades de los servicios sociales en el medio rural y de los propios agricultores. Fue una pelea importante y también las que tuvieron origen por las bajadas de precios. Entonces las negociaciones y la lucha eran con el propio Gobierno. Fue así en la guerra del tomate, del pimiento y del maíz, que fueron el origen, el germen de crear UAGA.
Haciendo un salto importante, se entró a finales de los años 80 en la Unión Europea, estamos en un mundo globalizado y la mano invisible del mercado es mano invisible y no de oferta y demanda como antes. La contraparte es que con quien tenemos que pelear, luchar o debatir es más complicado. A veces, pasan cosas que no sabemos por qué y que no tienen los efectos normales de las políticas de mercado. Obedece a especulaciones, volatilidad, fondos de inversión a nivel mundial... Todo esto nos afecta y es un poco la mano invisible que a nosotros nos repercute en la bajada de precios. Esa es la diferencia. Pasamos ahora mucha negociación con el entorno de la PAC con Bruselas y el Estado y con las políticas propias de seguros agrarios. Ha cambiado bastante.
¿Cuál es la situación actual del sector de la agricultura y ganadería?
Ha bajado mucho el porcentaje de agricultores. Estamos en apenas un 3% ó 4% de la población activa. Además, estamos muy por debajo en renta agraria desde los años 90 en comparación con otros sectores. La renta media está en 28.000 euros y la del sector agrícola es de 23.000 euros.
¿Qué factores han influido para que haya menos población y la renta agraria sea menor?
La revolución verde, la mecanización, el tamaño de las explotaciones... El tema de las políticas de mercado hacen que para poder sobrevivir en el sector cada vez hace más falta, con el modelo convencional, más superficie -se ha triplicado en las explotaciones- y mayor producción con lo cual, a igual superficie agraria útil, no puede mantenerse el mismo número de agricultores si hablamos de explotaciones como agricultor, es decir, solamente producir. Otra cosa es que queramos transformar nuestros productos, venta directa... donde no haría falta aumentar el tamaño de las explotaciones tanto en agricultura como en ganadería.
El aumento de la producción no ha tenido reflejo en la renta. Algo no tiene buena relación. La solución no ha sido tener más tamaño o producción porque la renta ha bajado por los mercados y los precios agrícolas. Nuestra rentabilidad no puede estar en una mayor producción. Se tiene que trasladar lo que sea necesario del precio que pagan los consumidores por nuestros productos al primer eslabón de la cadena y cubrir los costes de producción, entre los que también se encuentra la renta de los agricultores porque, si solo aspiramos a los costes de producción, no sé de qué comeríamos. Es uno de los temas en los que hay que trabajar y eso sí se puede hacer con los Gobiernos estatales, europeos y autonómicos con el fin de tener un mejor funcionamiento de la cadena alimentaria y que cada eslabón reciba, por lo menos, el precio de lo que cuesta producir.
¿Son necesarios más fondos para la PAC?
Creo que el problema no es tanto de la cantidad de fondos sino del reparto. Con estas reformas que se han aprobado con la Agenda 2000, desvincular los pagos de la actividad hace que se vaya a pagos por superficie y no por agricultor. El mal de la PAC es que no se contempla en los pagos la actividad, sino la tenencia de tierras en la agricultura. España recibe 5.500 millones de euros de la PAC cada año y hay 900.000 preceptores de la PAC. ¿Cuántos agricultores de verdad hay en España? Son 400.000. Los pagos están muy atomizados a diferencia de Francia, que recibe 8.000 millones al año y que tiene 390.000 agricultores, que coinciden con los 390.000 perceptores de la PAC. Esto no sucede en España. Reciben pagos quienes no producen o no producen productos agrarios y solamente son propietarios de tierra o tienen otros trabajos. Una política agraria tiene que ir dirigida a un modelo de agricultor profesional.
¿Ve posible reformar esta distribución de los fondos?
Entiendo que para Bruselas acertar con un modelo de PAC para 27 países debe ser complicado. Pone unas normas de carácter básico, voluntario, que luego cada país aplica o no aplica. En España también es complicado porque tiene que haber un posicionamiento con 17 comunidades autónomas. Pero en la última reforma, no se anduvieron con complicaciones: viene a España una cantidad y se distribuye por autonomías. Simplemente se piensa en el montante y no dónde va a parar. Y todavía algunas comunidades autónomas se basan en eso, en cuanto les llega. Eso es absurdo. Se tiene que pensar cuál es la política agraria que se quiere incentivar con la PAC como que haya alimentos de calidad, habitantes en los pueblos, un paisaje, bienestar animal...
Esta PAC dura hasta 2020 y hay elecciones al Parlamento Europeo en 2019. Además, está el Brexit o salida del Reino Unido de la Unión Europea. A partir de ahí, se empezará a decidir si hay reforma y qué se va a hacer. Previamente a esto, los estados están haciendo propuestas porque no se va a esperar hasta finales de 2019 ó 2020 y realizando encuestas para detectar las necesidades, como un termómetro de cada estado. Tenemos que estar activos sobre lo que se está hablando.
¿Cómo puede afectar el Brexit al sector?
Puede hacer un agujero en el presupuesto porque habrá que elaborarlo sin el dinero del Reino Unido. Vamos a ver cómo se negocia la salida y si es antes de que acabe esta legislatura europea. Además, hay acuerdos de asociación con terceros países y habrá que reducir las importaciones porque se acuerdan cantidades de entrada de alimentos contando todos los países y ciudadanos, pero ya no estará el Reino Unido ni su población. De esto no se está hablando, pero se tendrán que revisar los acuerdos del CETA (entre Canadá y la Unión Europea), MERCOSUR?
Además se están produciendo otros cambios en los gobiernos europeos como Francia. ¿Cómo pueden influir en la política agraria?
Tenemos que estar atentos porque la agraria es casi la única política común. Hay que darle un nuevo enfoque. Aparte de que haya PAC y pagos compensatorios, aspiramos a que Europa se ponga en su sitio e impulse los principios de preferencia comunitaria, que siempre han estado. Europa es el sitio del mundo donde hay más calidad y seguridad alimentaria. Se hace una política del campo o de la granja a la mesa. Esto no pasa en todos los sitios. Estamos en un mundo globalizado -aunque no nos favorezca siempre-, pero hay que poner condiciones en los acuerdos que haya. La preferencia comunitaria tiene que ser que un país o zona, que quiere negociar con Europa y traer alimentos aquí, debe tener los mismos condicionantes de producción. Creemos que es legítimo para productores y para los consumidores. La Unión Europea, gobierne quien gobierne, tiene que pensar en los ciudadanos.
¿Se percibe la recuperación económica en el presupuesto para agricultura y ganadería?
Se están rebajando. En otros sectores se puede decir que se está saliendo de la crisis desde hace dos años, pero aquí todavía sufrimos los recortes. Por ejemplo, en Aragón, el presupuesto es de 750 millones de euros para el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, pero años atrás, en 2010, estábamos en 800 millones. En el presupuesto están los fondos de Europa que, en 2016, fueron 600 millones de euros. Aragón tiene 500 millones de euros más en su presupuesto por la recuperación económica. La media que ha subido en otros departamentos es del 8% frente al 3% en agricultura. Además, cuando se recortaba en las consejerías, aquí se cortaba más y no estamos recuperando los recortes de años atrás. Así no estimulamos la economía ni las inversiones.
¿Sigue siendo el sector el "gran olvidado" en las políticas y en la sociedad en general?
Sí. Las palabras se tienen que llevar a cabo. Ahora está en la agenda política la despoblación, el medioambiente... Nos parece bien que se haga una política educativa, sanitaria... pero la política social no es solamente eso. Si no se llevan servicios a los pueblos, difícilmente la gente se va a quedar. Si las políticas agrarias se considerasen como una política social hacia un modelo social y profesional, se contribuirá a evitar la despoblación, que tanto preocupa. Herramientas tenemos, hace falta que se apliquen.
Uno de los problemas que está afectando al campo es la sequía. ¿Qué soluciones pueden ponerse?
Es una pena. Una buena parte de la cosecha en general se ha venido abajo en Aragón. El seguro agrario es una buena herramienta, que tiene que estar para estas situaciones de adversidades climáticas para cubrir las rentas de las pérdidas ?nunca se cubre todo el riesgo empresarial de una cosecha-, y que permita tener renta para iniciar una nueva siembra.
Sin embargo, está bajando la contratación de seguros agrarios.
Tan apenas se asegura porque no trae cuenta. El seguro no es atractivo porque llega un momento que cubre menos cosecha, lo suben más y el agricultor decide no asegurar. Esto no nos lo podemos permitir como país o comunidad autónoma. El seguro agrario es una buena herramienta, pero necesitamos fondos públicos para dotarla de dinero. Es una caja común de ayudas del Ministerio, autonomías y de dinero privado que movilizan esos seguros que pagamos todos los asegurados.
Es la pescadilla que se muerde la cola. Si el recorte del Ministerio es de 60 millones para toda España y se quita del presupuesto ministerial, lo tienen que pagar los que aseguran. No hay que ser cicateros ni rácanos en los seguros. Apostamos por universalizar el seguro y estamos dispuestos a debatir con la administración cómo se puede llegar a la universalización del seguro.
