El acuerdo para aprobación de los presupuestos autonómicos se ha vinculado a una reducción de las aulas en la educación concertada. Una medida que se critica desde CEOE Aragón al basarse en criterios ideológicos y no en la demanda social ni en la eficiencia.
Desde CEOE Aragón, a pesar de que se ha producido el desbloqueo en la negociación de los presupuestos para la comunidad en 2017, se ha mostrado su disconformidad con que este acuerdo alcanzado esté vinculado a la reducción de aulas en los colegios concertados con el cierre de hasta 28 aulas y la exigencia de no incrementar ninguna vía en ninguno de estos centros.
La organización empresarial, aunque cree que urge la aprobación de los presupuestos, señala que este medida de reducción de las aulas en los colegios concertados responde a un planteamiento "ideológico y excluyente en un ámbito tan delicado que no tiene en cuenta criterios de eficiencia y demanda ni la libertad de elección de centro educativo recogida por la Constitución española".
Desde CEOE Aragón se entiende que "esta exigencia del principio de acuerdo entre ambos grupos políticos es especialmente grave por ser la educación un asunto en el que debe primar el consenso y la negociación abierta a todas las partes, y en el que desde muy diversos ámbitos se lleva largo tiempo reclamando la necesidad de un amplio pacto que la desvincule de los vaivenes y la ideologización política".
La organización empresarial también recuerda que la Constitución española recoge en su artículo 27 el derecho a la educación, la libertad de enseñanza y de creación de centros por personas físicas y jurídicas, así como el derecho de los padres a elegir acorde a sus convicciones el centro al que quieren que acudan sus hijos, que debe ser garantizado por los poderes públicos.
Igualmente, establece que los poderes públicos deben garantizar el derecho de todos a la educación con creación de centros y una programación general de la enseñanza "con participación efectiva de todos los sectores afectados".
La organización empresarial aragonesa afirma que el sistema educativo mixto que funciona en España y en la inmensa mayoría de los países del entorno es el más adecuado para garantizar la libertad de elección de centro.
Además, inciden en que los centros educativos concertados forman parte de la educación pública, aunque su gestión se efectúe a través de empresas y entidades privadas; y que su labor y capacidad es imprescindible para garantizar el acceso de todos los ciudadanos a la enseñanza básica obligatoria y gratuita.
Unos motivos por los que abogan por un análisis riguroso y sosegado de las necesidades educativas de Aragón, la protección de la libertad de educación, la demanda educativa y la capacidad de las Administraciones Públicas para responder a ella con criterios de eficiencia y eficacia, sin partir de apriorismos y urgencias externos al propio ámbito educativo.
