El Consejo de Gobierno ha acordado agilizar estas inversiones declarándolas de Interés Autonómico con el fin de acortar los plazos en las tramitaciones. En concreto, la medida primera los proyectos que se acometan en las cuencas mineras y los relacionados con la adjudicación en subastas estatales que se tramiten en Aragón.
El objetivo de la medida es "reducir los trámites administrativos en la comunidad aragonesa con la declaración de Interés Autonómico", según ha explicado la consejera de Economía del Gobierno de Aragón, Marta Gastón, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
En concreto, el acuerdo adoptado incluye unos criterios interpretativos para la declaración de Inversiones de Interés Autonómico en el sector de las energías renovables con el fin de que este sector crezca y se facilite la atracción de proyectos empresariales que permitan generar riqueza y empleo, además de impulsar la innovación y favorecer la cohesión territorial.
Estos criterios afectarán principalmente a "dos tipos de proyectos". Uno de ellos es "todo proyecto de energías renovables planteado en las comarcas mineras" para generar alternativas al carbón, mientras que por otra parte también se priorizarán "los proyectos de energías renovables que fueron agraciados en la subasta del pasado enero de 2016 o bien los de las próximas subastas estatales", sobre todo, en eólica y biomasa.
En este último caso, se podrán beneficiar los proyectos adjudicatarios de la subasta estatal para la asignación de régimen retributivo específico a instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de tecnología eólica o de biomasa celebrada hace poco más de un año o los que resulten adjudicatarios de futuras subastas estatales de energías renovables, siempre que sean de una potencia igual o inferior a 50 megawatios (MW), ya que su tramitación corresponde entonces a la Comunidad.
En la primera subasta estatal, que se resolvió en enero de 2016, se licitaron 700 MW de los que 500 MW fueron de eólica y 200 MW de biomasa.
Además, está previsto que el Gobierno de España celebre próximamente una nueva subasta de renovables en la que se licitarán incentivos para una potencia de hasta 3.000 MW, que se deberán ejecutar antes del 31 de enero de 2019 con un sistema de garantías y controles así como hitos intermedios.
"Estos criterios dan prioridad absoluta y agilizarán los trámites administrativos y, por tanto, supondrán un aliciente para atraer nuevos proyectos", según ha añadido la consejera Marta Gastón.
Con esta medida también se pretende impulsar el sector de las energías renovables, que igualmente se quiso fomentar con el Decreto-Ley de agosto de 2016, "que supuso un punto de inflexión para el sector" y para desbloquear inversiones eólicas desde 2010.
Un marco legal desde el que han aumentado los proyectos de energías renovables, ya que se están tramitando en la actualidad un total de 188 con una potencia total de 3.170,86 MW, que podrían sumarse próximamente a la potencia instalada en la actualidad en la comunidad aragonesa de 7.029 MW.
