El Gobierno de Aragón, los bancos acreedores y la concesionaria que explota la autopista ARA-A1 y que está liderada por Acciona negocian contrarreloj una solución para garantizar la viabilidad de esta infraestructura, que se halla en concurso desde hace más de dos años. Las entidades financieras, que soportan una deuda próxima a los 50 millones de euros, están convocadas el próximo 27 de febrero a la junta de acreedores para decidir si se adhieren al convenio que evitaría la liqudiación de la concesión.
Caixabank lidera el pool bancario (absorbió también la deuda que originalmente tenía Barclays tras comprar su negocio en España), en el que también figuran Caixa Geral y el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Sobre la mesa está la aplicación de una quita a la deuda que acumula la infraestructura, que conecta el corredor de Barcelona (N-II y AP-2) con la carretera de Castellón N-232 y tiene una extensión de 5,3 kilómetros.
Sin embargo, hasta el momento, las partes no han llegado a un acuerdo respecto al porcentaje a aplicar. Así, mientras que el Gobierno de Aragón y la concesionaria plantean un descuento del 50%, los bancos mantienen una propuesta alejada de estos términos, según señalan fuentes financieras conocedoras del proceso.
Adicionalmente, el Ejecutivo regional debe ofrecer un reequilibrio económico que haga viable la autopista, cuya explotación se sustenta en un peaje en sombra. Esto implicaría incrementar el pago de la Administración por cada vehículo que circula en la vía. Trabaja desde hace tiempo para encontrar los resquicios legales que le permitan acometer este reequilibrio, que el contrato no contempla y que tiene la jurisprudencia en su contra -los jueces ya lo han denegado en el caso de las radiales-.
Por su parte, Sociedad Concesionaria Puente del Ebro, la empresa que gestiona la carretera y que está particidada en un 50% por Acciona y en un 25% por la vasca Bruesa Construcciones y la aragonesa Arascón, respectivamente, también tendría que rebajar sus expectativas económicas. El contrato tiene un plazo de 30 años, hasta 2035, con un valor de 154,6 millones (el Gobierno aragonés abonaría a la empresa entre 5,6 y 6,4 millones anuales).
Un coste de 40 millones
En este escenario, las partes negocian intensamente para tratar de salvar la autopista de la liquidación. No en vano, la junta de acreedores estaba convocada inicialmente para el 19 de diciembre pasado, pero el juzgado de lo Mercantil número 2 de Zaragoza admitió posponerla hasta el próximo 27 de febrero. Si lo acreedores aceptan el convenio, la sociedad saldrá del concurso y
la concesión seguirá bajo la gestión privada. De lo contrario, pasará a manos del Gobierno de Aragón, con un coste para las arcas públicas de alrededor de 40 millones de euros.
El objetivo de la ARA-A1 era evitar el paso por la capital aragonesa del tráfico pesado que cambia del eje Madrid-Barcelona al Cantábrico-Mediterráneo. Sin embargo, como le ha ocurrido a las ocho concesiones de autopistas estatales en España, la primera vía autonómica de Aragón incumplió desde su inauguración, en julio de 2008, sus objetivos de tráfico previstos en la concesión. En todos estos años, la intensidad media diaria (IMD) apenas ha alcanzado la mitad de los 6.100 vehículos proyectados.
La concesionaria se declaró en concurso de acreedores en 2014, después de seis años de pérdidas en los que los ingresos por los peajes ni siquiera alcanzaban para pagar los costes financieros del crédito que los bancos concedieron para su construcción, por un importe cercano a los 50 millones.
