En cada provincia aragonesa existe un convenio diferente, algunos de los cuales datan desde 1998. Una situación que dificulta la igualdad en las condiciones laborales, por ejemplo, en aspectos como las categorías profesionales y los salarios.
El sector agrario como el resto de las actividades tiene su convenio colectivo, aunque en este caso existen particularidades porque dentro de Aragón no hay un único marco laboral, sino que cada provincia tiene uno diferente. Por ejemplo, en el caso de Huesca, tiene vigencia hasta el año 2017, mientras que en Zaragoza se está ya en la mesa de negociación para abordar el nuevo convenio y, en Teruel, el marco laboral data del año 1998.
Una situación que genera desigualdades dentro de Aragón y no solo por la disparidad de fechas y vigencias de estos marcos laborales, sino también en aspectos importantes como las categorías y en la regulación del trabajo temporal, entre otras.
Por ejemplo, en Zaragoza, la figura del "peón-recolector está presente desde hace 15 años, mientras que en Huesca se acaba de incluir", según ha explicado Pablo Martínez, abogado y miembro de los servicios técnicos UAGA, organización desde la que se aboga por la homogeneización de los convenios colectivos.
Una homogeneización que también debe llegar a las categorías profesionales y a los salarios, así como a la regulación de los fijos-discontínuos, sobre todo, en la "forma en la que se pude hacer el llamamiento y el orden de prioridad", añade Pablo Martínez, a elEconomista.es
Un aspecto este último que ya existe en Zaragoza y que se ha replicado en Huesca, pero que, con anterioridad, no existía y recaía en el empresario la carga de la prueba de que el trabajador había sido llamado, viéndose obligado a utilizar el burofax. Ahora, sin embargo, se puede hacer ese llamamiento por WhatsApp o por un mensaje de texto, entre otras vías. No obstante, siguen existiendo diferencias en el plazo de antelación.
La falta de homogeneización de los convenios también dificulta el control de la jornada. "Es necesario que el control también sea homogéneo y se adapten las jornadas y se establezcan por igual en todas las provincias" porque cada una "regula de forma autónoma, son regulaciones diferentes, lo que afecta a las explotaciones agrarias, aunque el producto y el trabajo sea el mismo".
Los problemas también llegan con las actuaciones de determinadas Empresas de Trabajo Temporal o ETTs, ya que "ponen a disposición mano de obra que no está justificada y no garantizan las condiciones del convenio, siendo el empresario agrario el responsable ante una inspección. Algunas ETTs bordean la legalidad".
Ante esta situación, que también se ve dificultad por la inexistencia de un convenio agrario estatal, desde UAGA se propone avanzar en esta homogeneización para "acabar con un convenio único", marcándose el objetivo de un convenio regional en el plazo de dos o tres años y siguiendo la estela de otras autonomías como Cataluña, que ya tienen un convenio autonómico.
