La sentencia de la demanda interpuesta por el sindicato obliga a la Administración Autonómica a convocar la Mesa General de Negociación en el plazo de un mes para abordar la paga extra de diciembre de 2012.
El recurso contencioso administrativo fue formulado por CCOO el pasado mes de julio de este año tras múltiples solicitudes que no fueron atendidas a los responsables de la función pública aragonesa para que explicasen en las mesas de negociación las razones que habían llevado al Gobierno de Aragón a no abonar la parte pendiente de la extra de diciembre de 2012.
La demanda por vulneración del derecho fundamental de libertad sindical ha sido estimada en su totalidad por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, indicando en sus fundamentos de derecho que tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo reconocen "el derecho a la negociación colectiva como parte integrante, núcleo mínimo e indispensable, de la libertad sindical".
Un derecho que el tribunal considera que ha sido negado al incumplir su obligación legal, señalada en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), de dar las correspondientes explicaciones en las mesas de negociación.
El fallo de la sentencia condena a la Administración a "convocar la Mesa General de Negociación en el plazo máximo de un mes incluyendo tal punto", el incumplimiento del acuerdo del abono de la extra, "en el orden del día con entrega, al menos con 48 horas, de la documentación pertinente en la que, en su caso, se basa para no haber cumplido el reiterado acuerdo".
Tras conocerse la sentencia, el Área Pública de CCOO Aragón ha lamentado "las actitudes de los responsables de la función pública aragonesa que obligan a acudir a los tribunales, malgastando el dinero de los contribuyentes (la administración ha sido condenada en costas), para hacer cumplir los derechos de los empleados y empleadas públicas".
Además, desde el sindicato también se reitera la petición de cese del Director General de Función Pública, Ignacio Zarazaga, quien es, a tenor del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, directamente responsable de la vulneración del derecho fundamental a la negociación colectiva.
La organización sindical igualmente ha aclarado a través de un comunicado que su objetivo final no son las explicaciones del incumplimiento que el Gobierno deberá dar, sino la restitución de todos los derechos que han sido hurtados durante estos años y todavía quedan pendientes, entre los que el abono del 50% pendiente de la extra de 2012 es uno más.
También añaden que se pretende que, de una vez por todas, se reconozca el papel central de CCOO en el desarrollo y negociación de las relaciones laborales en la administración autonómica.
