El consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, ha recibido con satisfacción el anuncio hecho por la ministra García Tejerina, que convocará a las comunidades autónomas para fijar una posición de consenso española con respecto a la próxima reforma de la PAC.
El consejero aragonés lleva varios meses reclamando la apertura de un debate sobre la PAC. "España no puede ser un actor pasivo en la reforma de la PAC, debemos influir en ella todo lo que sea posible y empezar a reflexionar sobre su futuro cuanto antes, porque en Europa el debate ya está abierto", ha señalado Olona.
Aragón presentó su propuesta de reforma hace casi un año, abogando en ella por fijar la renta agraria como elemento nuclear de la PAC y sustituir el actual sistema de ayudas directas, basado en derechos históricos, pagos por superficie y regionalización. Un sistema que, en palabras de Olona, "configura un endiablado entramado político-administrativo muy complejo de gestionar y que apenas satisface a nadie".
La propuesta aragonesa, que el consejero ha llevado al ministerio y ha presentado a varios de sus homólogos en reuniones bilaterales, no aspira a ser la piedra angular del debate que necesariamente hay que abrir en España, pero sí un elemento de discusión que propicie una reflexión que no se limite a un nuevo "maquillaje" de la PAC, como ha ocurrido otras veces, sino a una reforma en profundidad de la misma. "Ahora, lo que esperamos es que la ministra realice la convocatoria cuanto antes", concluye Olona.
Para Aragón se debería establecer un consenso para conseguir incluir a todos los agricultores y ganaderos como beneficiarios de las ayudas; orientar las subvenciones a los segmentos de beneficiarios más dependientes de la actividad agraria y más implicados en su desarrollo; equiparar a todos los perceptores en derechos, acabando con desigualdades personales, territoriales, de orientación productiva o cualesquiera otras.
Además, se debería primar la buena gestión de las explotaciones; mantener la capacidad financiera de Estados y comunidades autónomas; introducir exigencias medioambientales o sociales con criterio y viabilidad agronómicos; legitimar la política agraria por el valor intrínseco de la actividad agraria; transformar la PAC de presupuesto sin política a política con presupuesto y eliminar el exceso actual de burocracia.
