La UTE ha sido la adjudicataria de estas obras, que contemplan un período de 18 meses de ejecución y un importe de 2,6 millones de euros para adaptar las instalaciones a las especificaciones de la Nueva Oficial Judicial (NOJ).
El Gobierno de Aragón ha adjudicado estas obras a la UTE formada por Construcciones Mariano López Navarro y Urbyma por un importe total de 2.630.846 euros más IVA y un período de ejecución de 18 meses, que se acometerá en dos fases, tras haberse presentado 12 ofertas a esta licitación cuyo importe fue de 3.328.952 euros más IVA.
Las obras, que se financian con cargo al FITE y a cuyo importe hay que añadir el mobiliario y equipamiento informático, contemplan una primera fase de nueve meses, tras la que las instalaciones serán ocupadas por los usuarios, desalojándose posteriormente la otra parte del edificio para el inicio de la segunda fase.
La remodelación, que se prevé que comience el próximo mes de octubre, busca coordinar los edificios, que fueron construidos en 1940, de la Audiencia y los Juzgados para hacer de ellos un único elemento, funcional arquitectónica y constructivamente.
En la planta calle, con acceso desde la Plaza de San Juan, la nueva distribución conjunta de ambos edificios dispondrá el vestíbulo, el Servicio Común de Ejecución, el decanato, espacios para abogados y procuradores, la unidad administrativa y el Registro Civil.
Por su parte, la primera planta se completará con un vestíbulo común, las cuatro salas de vistas y la propia Audiencia. Como novedad, una de salas contará con un tabique móvil para posibles ampliaciones. Según explican desde el Gobierno de Aragón, esta nueva distribución trata de mejorar la distribución de los espacios en la segunda planta, mantiene la unificación de ambos edificios y flexibiliza las salas desde el punto de vista de su utilización.
En la segunda planta se ubicarán todos las UPAD (Unidades Procesales de Apoyo Directo) a cada uno de los juzgados (tres mixtos y los juzgados de lo Contencioso, Penal y Social), mientras que la tercera planta será considerada como el área privada del inmueble, con acceso restringido puesto que en ella tendrían cabida todos los despachos de jueces, fiscales y letrados judiciales, las salas de apoyo y de reuniones.
La planta bajo cubierta se destinará a espacios de reserva, multiusos, biblioteca y una dependencia de oficio, entre otros servicios. Con esta nueva distribución se mejora la seguridad y se marca claramente la diferenciación entre la utilización pública y la privada.
En los sótanos, en el primer nivel quedarían ubicados los archivos y los calabozos y, en el segundo nivel, las dependencias del Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA) y el Tribunal de Menores, en este caso con un acceso independiente, mientras en el segundo quedarían los archivos y los calabozos.
