El alcalde de la capital aragonesa, Pedro Santisteve, ha señalado que el grupo municipal de Zaragoza en Común (ZEC) apuesta por no recurrir ante el Tribunal Supremo (TS) la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que anula tres cláusulas del pliego del concurso por el que se licitó en 2013 el servicio de transporte de autobús urbano, que se adjudicó a AUZSA al ser la única que se presentó. Desde el grupo municipal del PP, se pide que la decisión se debata en la Junta de Portavoces.
La sentencia del TSJA considera restrictivas las cláusulas del pliego de condiciones que recurrieron la sociedad de la cooperativa de trabajadores porque se tenían que constituir en sociedad anónima, demostrar solvencia económica y técnica con experiencia demostrable en gestionar un contrato como el que salía a concurso, por lo que solo la anterior concesionaria TUZSA y la adjudicataria AUZSA cumplían los requisitos.
En declaraciones a los medios de comunicación, tras visitar el Centro Municipal de Servicios Sociales de San Pablo, el alcalde ha aclarado que este viernes el gobierno municipal "tomará la decisión pertinente" sobre si se recurre o no esta sentencia.
Ha defendido que este servicio público "se ha prestado con calidad, estamos haciendo un esfuerzo por renovar la flota" de autobuses y, al respecto, ha recordado que "el pliego de condiciones hablaba de doce autobuses anuales y hemos comprado 24 en 2015 y 22 este año con cuatro híbridos".
Asimismo, el consistorio "está mejorando el tema de las rampas, estamos mejorando el servicio e intentando controlar a una contrata tan importante para el transporte de la ciudad".
Sobre el fallo del TSJA, ha recalcado que "la posición del grupo municipal es de no recurrir la sentencia", ya que aporta "unas opiniones" sobre tres cláusulas que anula "de otras muchas" y esta sentencia "para nosotros tiene efectos meramente declarativos".
Novedad
Santisteve ha observado que "introduce como novedad que una sociedad cooperativa puede entrar también a concursar en este tipo de contratos", indicando que "los pequeños", los trabajadores, "si tienen cobertura técnica, pueden acceder a este tipo de licitaciones y eso es lo positivo y lo interesante, todo lo demás son cábalas jurídicas que no tienen ningún sostén porque el propio ponente de la sentencia no se ha pronunciado sobre el tema y habrá que ver si la sentencia es firme qué ocurre, si se ejecuta o no".
Ha recalcado que las decisiones en el grupo municipal y en el gobierno de la ciudad se toman "por consenso y todos los matices se pulen en discusiones y conversaciones que tienen largo recorrido, no es cosa de un día para otro".
En su opinión, este debate "no tiene mucha trascendencia salvo para sacarlo de contexto" y ha estimado que la sentencia "no tiene nada que ver con la remunicipalización del servicio, porque aquí se está hablando de algo completamente opuesto que es la gestión indirecta" por parte de una gran empresa o de una sociedad cooperativa y ha advertido de que el ponente del fallo judicial "aún no se ha pronunciado" al respecto.
Santisteve ha apuntado que no hay ningún informe jurídico sobre la necesidad de recurrir o no esta sentencia y ha comentado que en caso de que no se ejecutara se abrirían varias posibilidades. En primer lugar, que se indemnice a la sociedad cooperativa de trabajadores por no haber podido concurrir a la licitación, "un daño moral por el que habría que pagar costas".
Otra posibilidad sería que la sentencia diera lugar a "revocar la concesión de la adjudicación", pero en este caso "es bastante dudoso porque hay opiniones que plantean que la propia cooperativa no recurrió la adjudicación, nadie puso en cuestión ese proceso, por lo que si no has generado una crítica a todo el proceso ahora no vengas diciendo que hay que empezar de cero".
En tercer lugar, la sentencia anula tres cláusulas del contrato y "podría dar lugar a pagar indemnizaciones a quien se sienta perjudicado, nada más", ha asegurado, para insistir en que "veo harto dudoso que esto pueda dar lugar a una nueva licitación, pero cuando se pronuncie el Supremo, en caso de que se recurra, o el juez del TSJA, veremos qué escenarios hay y sobre eso actuaremos".
Santisteve ha negado que existan discrepancias con Alberto Cubero en esta cuestión, al manifestar que "con Cubero hablo tranquilamente, somos un gobierno de gente muy trabajadora y no tenemos en ningún momento ninguna discrepancia".
"Sorprendido"
Respecto a las declaraciones del portavoz socialista en el ayuntamiento, Carlos Pérez Anadón, solicitando al consejero municipal de Servicios Públicos, Alberto Cubero, responsabilidades políticas, el alcalde ha afirmado que "me he quedado un poco sorprendido porque de una querella --contra el anterior equipo de gobierno del PSOE por los despidos de la contrata del bus y que se ha ratificado su archivo-- que interpone un sindicato que no tiene nada que ver con ZEC se le ha atribuido a Cubero como el primer protagonista".
"Las cosas no tienen más recorrido y se están intentando utilizar para que sean elementos de desgaste y de tira y afloja, pero no tengo que hablar más de ello. Yo también podría hablar de otros acuerdos que se adoptaron a prisa y corriendo tres días antes de la investidura, pero hice la crítica en su día y no he vuelto a hablar de ello, ya está", ha zanjado el alcalde.
Santisteve ha indicado que la propuesta de gobernabilidad realizada por ZEC a los grupos de PSOE y CHA "al final es un mantra que me hace mucha gracia cuando llevamos un año sin gobierno en el país y de qué me están hablando" si "nosotros estamos gobernando todos los días, haciendo cosas por el bien de los zaragozanos y hablamos todos los días con PSOE, con sus concejales, con CHA y con todos" y el consejero municipal de Economía, Fernando Rivarés, ya está debatiendo sobre las ordenanzas fiscales y los presupuestos, "así se genera la gobernabilidad", ha sentenciado.
Mediador del bus
En otro orden de cosas, el alcalde de la ciudad, Pedro Santisteve, ha recordado que la Universidad de Zaragoza aún debe "dirigir la correspondiente factura al ayuntamiento" por los honorarios que tendrán que abonarse al catedrático de Derecho del Trabajo, Juan García Blasco, por su papel como mediador en el conflicto de la huelga de autobús urbano.
Santisteve ha aclarado que cuando se solicitó la intervención de García Blasco en este conflicto "no se habló de cifra" y ha apuntado que "estamos ante un tipo de contrato de mandato, una especie de representación de los intereses de la ciudad".
García Blasco "es persona de relevante prestigio, por eso fue solicitado y como eran los intereses de la ciudad lo último que procedía hablar era de dinero, ahora se abre este culebrón y ya veremos como se soluciona", ha concluido.
Debatir
El portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza, Jorge Azcón, ha pedido convocar la Junta de Portavoces tras conocerse la decisión del Gobierno de Zaragoza en Común (ZEC) de, "en contra del criterio de los técnicos", no recurrir la sentencia que anula parte de los pliegos de condiciones del concurso para la prestación del transporte público que ganó la empresa AUZSA.
Azcón ha anunciado la solicitud de una convocatoria extraordinaria y urgente de una Junta de Portavoces donde el "gobierno de la transparencia" aporte todos los informes jurídicos existentes.
El portavoz del PP ha acusado al alcalde, Pedro Santisteve, y al consejero de Servicios Públicos, Cubero de tomar una "decisión basada en la ideología" que podría costar 60 millones de euros a los zaragozanos.
Por eso, el portavoz del PP ha pedido a Santisteve que "recapacite" y que "se quite el traje de líder revolucionario y se ponga el traje de alcalde de Zaragoza para defender a todos los zaragozanos y no a los sindicatos que considera afines". Los populares han alertado de las consecuencias "letales" y "extraordinariamente graves" sobre las arcas municipales, ya que "la situación económica del Ayuntamiento de Zaragoza es la peor de todas las grandes ciudades y esta decisión sería la puntilla".
Por eso, ha contactado con el resto de portavoces de los demás grupos municipales para "no descartar cualquier iniciativa conjunta que tenga como objetivo defender los intereses de Zaragoza y no los del gobierno".
Jorge Azcón ha criticado que Cubero "ya ha explicitado que el objetivo de su decisión de no recurrir es la remunicipalización y les da igual que ese modelo sea más ineficiente, que no sea mejor para la prestación del servicio y que nos vaya a costar 60 millones de euros que acabarán pagando los impuestos de los zaragozanos".
De hecho, ha achacado esta forma de actuar a la "incapacidad" de Zaragoza en Común para gestionar el consistorio zaragozano, razón por la que ha vuelto a exigir un debate "más profundo y democrático" que no se base en las ideologías del equipo de gobierno.
Dinero de los zaragozanos
El Partido Aragonés (PAR) ha calificado de "lamentable" que el equipo de gobierno de Zaragoza en Común (ZEC) en el Ayuntamiento de la capital aragonesa haya decidido no recurrir la sentencia que anula el contrato adjudicado a Autobuses Urbanos de Zaragoza (AUZSA) "arriesgando así 60 millones de euros de los zaragozanos".
Esta formación ha criticado "duramente que haya tomado la decisión habiendo un informe jurídico, según las informaciones, que avala la casación ante el Tribunal Supremo".
En una nota de prensa, el presidente del PAR Zaragoza, Sergio Larraga, ha sostenido que "debe imponerse el sentido común y el jurídico y acudir en casación al Tribunal Supremo para defender los intereses de la ciudad hasta el último momento".
Este partido ha recordado al alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, que debe representar "a todos los vecinos de su municipio y que el dinero público que está en juego pertenece a todos los zaragozanos".
