El consejero de Agricultura aragonés ha explicado que la PAC debe centrar sus ayudas directas a la renta personal de los agricultores y ganaderos.
El Gobierno de Aragón ha propuesto a la Comisión Europea esta medida con el fin de acabara con la falta de equidad de la PAC actual. Según ha explicado el consejero de Agricultura del Ejecutivo aragonés, Joaquín Olona, "las ayudas de la PAC tienen que ir encaminadas a mejorar la renta de los agricultores en función del ejercicio real de la actividad agraria que realicen y de su renta personal agraria declarada en el IRPF".
De este modo, Aragón plantea establecer una renta agraria de referencia para que los agricultores y ganaderos que no la alcancen vean incrementados sus ingresos mediante ayudas públicas hasta completarla.
La proposición incluye a todos los agricultores y ganaderos independientemente de su orientación productiva y dimensión, y se modula mediante algunos factores correctores entre los que figuran el grado de profesionalidad agraria, la dimensión económica de la explotación y la eficiencia productiva de la misma.
"El pago estará condicionado al cumplimiento de buenas prácticas agronómicas que deben definirse y a las que se pueden sumar determinadas exigencias de carácter ambiental o social", ha explicado el consejero.
En concreto, la profesionalidad se mide por el porcentaje de ingresos agrarios sobre ingresos totales del beneficiario, de forma que su acceso a las ayudas es proporcional a este (cuanto mayor sea el porcentaje, mayor el derecho a subvención), de manera que se prima a quienes más dedicados están a la actividad agraria, mientras que la eficiencia productiva de la explotación se determina por la relación entre la producción obtenida y el potencial productivo asignado previamente.
Todo esto supone una modificación sustancial del enfoque del primer pilar de la PAC (ayudas directas a los agricultores y ganaderos), aunque se mantiene la orientación actual del segundo pilar (desarrollo rural), del que se reforzaría su papel como impulsor de la mejora de las estructuras agrarias.
Según han explicado desde el Ejecutivo aragonés, la aportación del Gobierno de Aragón va encaminada a eliminar los derechos históricos, los pagos por superficie y la regionalización productiva (estratos).
Como se ha demostrado en Aragón, el pago por superficie, que también se aplica ahora a las producciones ganaderas, se ha convertido en una amenaza para las zonas de montaña, donde los ganaderos están teniendo serias dificultades para justificar la existencia de una actividad que han mantenido a lo largo del tiempo. En el caso de la provincia de Teruel, se ve perjudicada por la política de estratos.
Este planteamiento ha sido trasladado a la directora general adjunta de la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea, María Ángeles Benítez Salas, quien ha considerado que la propuesta presentada puede ser un punto de partida para iniciar el debate de la próxima política agraria. Además, Benítez ha valorado positivamente que la propuesta venga de una comunidad autónoma, según han apuntado fuentes del Ejecutivo aragonés.
