El director general de Administración Local del Gobierno de Aragón, Sergio Pueyo, ha explicado que la Ley de Capitalidad de Zaragoza debe fijar un sistema objetivo que no esté sujeto a la voluntad política de cada momento y ha alertado de que el principal escollo para llegar a un acuerdo puede ser la financiación si este marco se plantea en términos cuantitativos.
El director general de Administración Local, Sergio Pueyo, ha comparecido en la Comisión Institucional de las Cortes de Aragón con el fin de dar a conocer la situación de las negociaciones entre el Ayuntamiento zaragozano y el Gobierno de Aragón en relación a la Ley de Capitalidad de Zaragoza.
Sergio Pueyo ha manifestado que el principal escollo de esta ley será la financiación "si la planteamos en términos de cuánto" por lo que ha explicado que el reto en la redacción de este proyecto de ley es articular un sistema que sea objetivo y que no esté sujeto a la voluntad política de cada momento.
De este modo, ha abogado por plantear unos parámetros básicos regulados en los que todos los municipios se puedan ver reconocidas con "sus singularidades".
El director general, quien ha manifestado que no comparte el concepto de indemnización, también ha señalado que el proceso de negociación hasta el momento se ha centrado en las competencias y no en la financiación, además de indicar que las diferencias que hay entre ambas instituciones para diseñar este marco "no son sustanciales, sino de mera redacción".
De hecho, está previsto que a partir del día 22 de junio comiencen las reuniones relativas a la financiación en la que también deberá estar presente la Diputación Provincial de Zaragoza.
Además, ha incidido en la importancia de que se tengan "más o menos claros los límites y ver en qué nos estamos solapando", puesto que ha reconocido que el ayuntamiento en materia de competencias "ha hecho más de lo que debe, pero también ha ocurrido al revés".
Tras su intervención, el diputado del PP, Miguel Ángel Lafuente, ha explicado que el director general "nos ha venido a decir que no hay diferencias de fondo en la negociación, pero en los anteriores procesos tampoco las había", además de señalar que "las discrepancias se producirán el día que haya que poner una cantidad encima de la mesa", lo que "casualmente será a cuatro días de unas elecciones". Además, el popular ha considerado que se deberían pedir disculpas porque el compromiso era tener listo el texto legislativo antes del 30 de junio.
Por su parte, el diputado del PSOE, Florencio García Madrigal, ha destacado que las relaciones entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón "están trazando los mimbres adecuados", lo que a su jucio "permitirá garantizar que llegue a las Cortes un proyecto de ley en base a una actitud de cooperación muy prolija".
Además, desde Podemos, Alfonso Clavería, ha señalado que "esperemos que no se alarguen las negociaciones hasta fin de año y sea verdaderos flecos de redacción los que queden por cerrar, porque la ciudadanía requiere de una pronta resolución", aparte de recalcar que en este debate "subyacen" dos cuestiones básicas, como son "las insuficiencias financieras de ambas instituciones y la manera de codificar las competencias impropias".
La diputada del PAR, María Herrero se ha sorprendido por las explicaciones del director general en las que se indicaba que "los escollos que quedan están en la mera redacción", ya que "imagino que no será una cuestión gramatical, sino de contenido", aparte de recordar las principales causas por las que, en su opinión, no han sido posibles los intentos anteriores de crear esta ley como las relaciones políticas entre ambas partes, "que no siempre han sido las adecuadas, incluso coincidiendo los mismos partidos en las dos instituciones".
Finalmente, Ramiro Domínguez, de Ciudadanos, ha recordado que el anteproyecto de la ley debía estar en junio, mientras que desde el grupo Mixto, Carmen Martínez de CHA, ha valorado positivamente que el Gobierno de Aragón haya implicado a todos los departamentos en la elaboración del proyecto de ley.
