El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, José Luis Soro, ha anunciado que la comunidad aragonesa invertirá más de 12 millones de euros este año dentro de las ayudas para rehabilitación, regeneración e informes de evaluación de los edificios. Una medida que ha sido anunciada en el transcurso de la reunión que ha mantenido con la Mesa por la Rehabilitación de la Edificación, cuyos miembros le han trasmitido la necesidad de impulsar el sector, además de reivindicar la agilización en la realización de trámites y concesión de licencias en administraciones como el Ayuntamiento de Zaragoza.
Aragón se ha marcado el objetivo de impulsar la rehabilitación de las viviendas y edificaciones con el fin de mejorar la calidad de vida de los aragoneses a través de la implantación de medidas en los edificios como una mayor accesibilidad, eficiencia energética o aislamiento acústico, entre otras, además de contribuir a generar empleo y a impulsar este sector de actividad.
Una línea de acción para la que el Gobierno de Aragón tiene previsto destinar en 2016 un total de 12.317.735 euros en ayudas, confinanciadas por el Estado, de las que 6.841.079 euros irán para la rehabilitación de edificios como cubiertas, fachadas, ascensores...
Además, las Áreas de Regeneración y Renovación Urbana percibirán 5.291.656 euros este año, y está previsto que en las próximas semanas se publique la convocatoria para acceder a las ayudas para el Informe de Evaluación de Edificios (IEE), que será obligatorio a partir de 2018 para los edificios de más de 50 años, destinándose unos 100.000 euros en una primera convocatoria, aunque se establece la posibilidad de ampliar las ayudas hasta los 185.000 euros.
El consejero ha explicado que en futuros ejercicios va a ser necesario hace un esfuerzo presupuestario mayor y también contar con el apoyo de las entidades financieras, además de ser preciso hablar con el Gobierno estatal para diseñar el nuevo plan estatal de vivienda.
Soro ha considerado que "es muy urgente trabajar cuanto antes en el plan de vivienda", además de incidir en que en el nuevo documento las comunidades autónomas dispongan de un mayor ámbito de autonomía para decidir qué se puede hacer con los recursos que llegan desde Europa y desde el Estado. "No se pueden tomar decisiones en Madrid para aplicarlas en el resto del Estado. Ese es el reto que tenemos las Comunidades autónomas" en la negociación del nuevo plan.
Además, también hay otros retos que afrontar en el caso del Informe de Evaluación de Edificios, siendo necesario anticiparse a su obligatoridad, crear un registro único en Aragón y simplificar los trámites que deben realizar los particulares.
Estas medidas y las ayudas que se destinarán han sido expuestas en el encuentro que el consejero ha mantenido con la Mesa por la Rehabilitación de la Edificación, recientemente constituida y que se ha reunido con el consejero con el fin de dar a conocer sus objetivos y establecer sinergias con la administración.
Impacto económico
El decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja y presidente de la Mesa, Luis Soriano, ha explicado que la rehabilitación "es un negocio que no está muy extendido, no tenemos cultura de rehabilitación", a pesar de que en Aragón puede contribuir a impulsar el sector y la economía ya que, por cada millón de euros que se invierte, se generan alrededor de 20 puestos de trabajo. Con 50 millones de euros de inversión anual, se crearían 1.000 empleos directos.
La comunidad autónoma tiene 454.000 viviendas de más de 36 años en las que se pueden realizar mejoras energéticas o de accesibilidad, entre otras acciones. Además, cerca de 540.000 están construidas antes de 1980, fecha en la que se publicó la primera normativa sobre eficiencia energética y aislamiento, y unas 70.000 viviendas de más de cuatro pisos que no tienen ascensor.
Soriano también ha expuesto los objetivos y medidas que considera la mesa que son precisas para dinamizar el sector de la administración como es el caso de la simplificación administrativa, puesto que "cualquier tipo de licencia y trámite con la administración son complejos", además de que los documentos y permisos son "inconexos entre ellos", lo que supone "una traba tremenda".
Por ejemplo, ha explicado que el Ayuntamiento de Zaragoza es "poco ágil, poco resolutivo" en este tipo de trámites, además de señalar que los profesionales tienen la percepción de que la relación del consistorio con el Gobierno aragonés es "muy pequeña".
