La Comisión de Hacienda de las Cortes de Aragón ha aprobado por unanimidad un texto de Ciudadanos, enmendado por Podemos, que pide al Gobierno de Aragón el cumplimiento de la Ley en sus obligaciones como acreedor.
Todos los grupos parlamentarios han exigido esta el pago a proveedores en 30 días y han reclamado al Ejecutivo un informe trimestral para controlar la evolución. La Comisión de Hacienda de las Cortes ha aprobado por unanimidad un texto de Ciudadanos, enmendado por Podemos, que pide al Gobierno el cumplimiento de la Ley en sus obligaciones como acreedor y, además, la remisión de una análisis de tesorería y acciones previstas, cada tres meses, para estudiar la situación.
De acuerdo con la redacción final de la propuesta, se pide "que cumpla el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el cual establece la obligación de la Administración de pago al proveedor en un plazo de treinta días".
Además, especifica que "a tal fin, el Gobierno de Aragón remitirá trimestralmente a la Comisión un informe que recoja el análisis de la situación de los pagos a proveedores pendientes, la situación de Tesorería y las actuaciones realizadas y previstas para ese periodo tendentes a reducir el pago medio a proveedores del Gobierno de Aragón".
Para Javier Martínez, encargado de exponer al resto de diputados la iniciativa, "hay empresas en la cuerda floja porque no se les paga. No se cumple la Ley, no hay rigor ni seriedad. Debería resultar inadmisible".
También el diputado del PP Antonio Suárez ha criticado que, cuatro meses después de un texto aprobado a instancias del PP, "la situación sigue igual. Podemos presentar todo tipo de iniciativas, pero el problema es el consejero que tenemos", ha defendido, haciendo referencia, en este sentido, a "mentiras" e "invenciones" del actual consejero de Hacienda, Fernando Gimeno.
El socialista Alfredo Sancho ha achacado las demoras del pago a proveedores a "la falta de financiación" que "hace imposible cumplir la Ley. Cómo nos vamos a negar a la obviedad", se ha preguntado, añadiendo que "gracias al 'confirming' las empresas pueden acceder a trabajar". Para Héctor Vicente (Podemos), que ha enmendado el texto, "la situación es bastante crítica" y "hay que empezar a revertirla. Por muy buenas intenciones que uno pueda tener, cuestiones así pueden dar al traste con todos los objetivos".
Desde el PAR, Elena Allué ha defendido que la demora en el pago "contribuye a la desesperación de cientos de empresas y autónomos" y ha reclamado que "la Administración sea más cercana, ejemplo de eficacia y eficiencia, y que no asfixie en el pago de sus deudas. Queremos que se cumpla con la legalidad vigente con la máxima urgencia".
Por su parte, Gregorio Briz (CHA), como representante del Grupo Mixto, ha calificado la propuesta como "reverdecer la obviedad" y ha asegurado que "el Gobierno hace lo que puede dentro de las reglas que la derecha neoliberal nos deja".
