Estos factores permitirán desempatar entre ofertas que hayan tenido la misma puntuación y se descarta una discriminación general a favor de empresas que tributen o reviertan en Aragón.
Son las principales conclusiones del informe elaborado por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad de Aragón en el que se recoge la posibilidad de establecer cláusulas sociales y medioambientales en los contratos públicos de la comunidad autónoma para desempatar entre ofertas que tengan la misma puntuación.
La introducción de estas cláusulas es una de las propuestas del presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, aunque su incorporación estaba supeditada al dictamen emitido por esta Junta, órgano consultivo en materia de contratación pública de la Administración autonómica, sus organismos públicos, empresas y fundaciones del sector público de la Comunidad, así como de las universidades públicas y entes locales radicados en su territorio.
En este informe, la Junta Consultiva persevera en la concepción de la contratación pública "como una potestad o herramienta jurídica al servicio de los poderes públicos para el cumplimiento efectivo de sus fines o sus políticas públicas".
Tomando como base esta idea, el informe establece los contornos en los que deben moverse los órganos de contratación en relación con la introducción de ciertas cláusulas sociales, según explican desde el Gobierno de Aragón.
Preferencias de contratación
La Junta Consultiva establece ciertos límites respecto del establecimiento de preferencias en la adjudicación de contratos públicos.
En primer lugar, la Junta entiende que resultaría posible que la legislación aragonesa de contratos públicos estableciese una preferencia en la adjudicación de los contratos en favor de "cooperativas, sociedades laborales, empresas de carácter social, UTE de microempresas, empresas que contraten en condiciones laborales no precarias, y empresas que produzcan con energías renovables o hayan invertido en procesos de eficiencia energética", a condición de que esa preferencia opere como cláusula de desempate, cuando existan dos ofertas que obtengan la misma puntuación en los criterios de adjudicación.
En relación a la posibilidad de considerar la contratación "con empresas cuyos beneficios empresariales repercutan de nuevo en el territorio, o tributen en AragoÌn", se considera que resulta discriminatoria, y en consecuencia, deviene ilegal.
Además, la Junta Consultiva considera que los criterios sociales deben estar vinculados al objeto del contrato y que no resulta aconsejable su inclusión en los pliegos tipo, dado su alcance general e indefinición en determinados aspectos.
Por otra parte, el informe se muestra favorablemente sobre la inclusión de aspectos sociales en los contratos menores, si bien advierte de que para ello pueden ser necesarios "traÌmites procedimentales adicionales" sobre los legalmente previstos.
Igualmente se entiende que la definición del objeto de los contratos también puede, en determinados casos, avanzar algunas condiciones de ejecución de carácter social.
A partir de este informe se pueden plantear diversas acciones relacionadas con la contratación pública socialmente responsable.
En cuanto a los próximos pasos a dar, el pasado lunes, el director general de Contratación, Patrimonio y Organización, Miguel Ángel Bernal, avanzó próximos pasos durante unos en comparecencia ante las Cortes de Aragón, al anunciar la solicitud a la Junta Consultiva de una circular de alcance general sobre el "uso estratégico de la contratación pública" y buenas prácticas para el desarrollo de políticas públicas, que incluya por supuesto las sociales y medioambientales, así como las de fomento de la innovación. Un documento que ha de convertirse en guía "de cabecera" para todos los órganos de contratación de la Comunidad Autónoma.
