El déficit de la comunidad aragonesa a finales de año se situará en 690 millones de euros, lo que supone el 2,01% del PIB. Un porcentaje que prácticamente triplica el límite del 0,7% establecido por el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Son algunos de los datos del Informe Económico-Financiero, que ha elaborado la Intervención General y en el que también se detecta que los ingresos están sobredimensionados y que existen gastos sin consignación en el presupuesto y que no figuran en la contabilidad. La diferencia entre ingresos y gastos arroja un saldo negativo de 700 millones de euros. Una situación económica de la comunidad autónoma que para paliarla conllevará subida de impuestos.
Los datos del "Informe sobre la Situación Económica-Financiera de la Comunidad Autónoma de Aragón a 31 de agosto de 2015" han sido dados a conocer por el consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Fernando Gimeno, quien ha señalado que en Aragón se ha detectado un agujero económico de "920 millones o más" por las insuficiencias detectadas, cifra que según el consejero podría aumentar hasta finales de año. En términos de caja, la cuantía se sitúa en 957 millones de euros.
El informe también señala que Aragón cerrará el año con un déficit de 690 millones de euros, lo que representa el 2,01% del PIB de la Comunidad autónoma, que "es tres veces más del autorizado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera", dónde se estableció que Aragón debería finalizar 2015 con un déficit del 0,7%.
La diferencia entre ingresos y gastos arroja un saldo negativo de 700 millones de euros, aunque esta cifra se podría reducir en 10 millones de euros a fin de año al computar varios ajustes como recaudación incierta, sistema de financiación, la cuenta 409, aportaciones de capital o intereses devengados.
Además, el informe señala que los ingresos están sobredimensionados -los que proceden de tributos y de otras fuentes-, sumando este año alrededor de 173 millones de euros. "En términos de caja vamos a estar 220 millones de euros por debajo de lo que se va a recaudar y que estaba previsto en los presupuestos".
También se indica una falta de consignación de partidas presupuestarias, que sumarían cerca de 620 millones de euros y entre las que destaca el Salud con 426 millones de euros.
Entre otras insuficiencias, el informe apunta a gastos que no aparecen en la contabilidad ni en el presupuesto, pero a los que el Gobierno de Aragón deberá hacer frente como es el caso de 127 millones de euros por el convenio del tranvía con el Ayuntamiento de Zaragoza, el convenio de financiación de la Universidad de Zaragoza, la estación del AVE de PlaZa y la autopista autonómica.
Gastos sin consignar
Los 620 millones si consignación presupuestaria se corresponden con diferentes áreas. En el caso de Educación se ha detectado que la falta de cobertura presupuestaria es de 62,4 millones de euros para abonar la nómina del personal docente, mientras que en el Salud faltan 86,2 millones para gastos de personal. Además, en gasto corriente se detecta que faltan 8,9 millones de euros en Educación y 340,2 millones en Salud.
En relación a las transferencias corrientes, la insuficiencia presupuestaria se sitúa en 15 millones de euros para la nómina de la enseñanza concertada y en 85,2 millones para cubrir el gasto farmacéutico, aparte de un millón para abonar los servicios de asistencia jurídica gratuita realizado por el Colegio de Abogados de Aragón.
También se detecta la necesidad de 16 millones para las solicitudes pendientes de autorización para las ayudas a la dependencia y 1,5 millones para prestaciones del Ingreso Aragonés de Inserción, así como 3,4 millones de euros que se corresponden con la medida cautelar impuesta con carácter firme al Gobierno de Aragón por el contencioso administrativo interpuesto por la Universidad de Zaragoza para reclamar 53 millones de euros del acuerdo de financiación que se firmó con la institución académica en el año 2011.
La deuda se duplica
El informe también presta atención al endeudamiento de la comunidad aragonesa. A fecha de 31 de agosto de este año, ascendía a 6.657,68 millones de euros. Una cifra que duplica al nivel que Aragón tenía hace cuatro años y que, de acuerdo con los informes, se situaba en 3.332 millones de euros.
Ingresos y gastos
El informe también recoge una diferencia entre previsiones y derechos reconocidos -inejecución de ingresos por tributos cedidos- de 120 millones de euros, cifra que aumenta hasta los 157 millones de euros en términos de caja.
En relación a los gastos, se recoge la ampliación de crédito de 275 millones de euros realizada con cargo al Fondo de Facilidad Financiera del Estado para imputar al Salud obligaciones del ejercicio anterior y que estaban pendientes de pago, así como una primera orden de retención de créditos por 58,32 millones de euros y otra de 176,5 millones para pagos sin consignación en el actual presupuesto y que principalmente son para abonar las nóminas de Sanidad y Ecuación.
Sobre los gastos plurianuales, el informe recoge que este año hay contabilizados compromisos adquiridos por valor de 857,5 millones de euros. El mayor volumen se corresponde con los gastos financieros. Por su parte, los gastos derivados del endeudamiento suman un compromiso de 331 millones de euros para amortización de capital y 174 para el pago de intereses.
Pago a proveedores
La morosidad de la Comunidad autónoma ha aumentado. De acuerdo con los datos del informe, el pago a proveedores ha ascendido a 86,41 días, superando el límite legal de 60 días.
Medidas
Entre las medidas adoptadas por el Gobierno de Aragón para corregir la situación se encuentra la reciente aprobación en las Cortes de Aragón de una refinanciación de hasta 238 millones de euros, que fue autorizada por el Ministerio de Hacienda y las órdenes de retención de gastos para pagar nóminas del personal sanitario educativo, además de gastos relacionados con la dependencia y el IAI. También se ha elaborado un Plan Económico-Financiero, que se espera que se apruebe a finales de este mes de octubre.
Sin embargo, la solución para las arcas autonómicas pasa por un aumentar los ingresos a través de medidas tributarias, que no contemplan que se suba la presión fiscal sobre las clases medias y bajas ni que perjudicará a los sectores castigados por la crisis económica.
De hecho, "no va a significar ningún problema para las familias aragonesas, para las pymes y autónomos ni para los transportistas", ha asegurado el consejero.
No obstante, todavía no se han concretado los impuestos que podrían verse afectados, aunque sí se ha hablado de posibles modificaciones en el impuesto de sucesiones, del patrimonio, de impuestos ambientales y de embalses.
