La operación, que se prevé limitar a 214 millones de euros tras una dación en pago adicional de 24 millones, liberará 51 millones del presupuesto anual para el sector público a partir de 2016. El objetivo es sanear las tres plataformas logísticas y la sociedad Expo Zaragoza Empresarial.
El Consejo de Gobierno ha dado hoy luz verde a la refinanciación del sector público aragonés mediante un proyecto de ley específico para cuya aprobación se intentará recabar el apoyo de todos los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón.
El objetivo principal de esta ley es cancelar las operaciones de endeudamiento en vigor de las sociedades Expo Zaragoza Empresarial, Plaza, Platea y Plhus, integradas en la Corporación Empresarial Pública de Aragón (CEPA).
Según han informado desde el Gobierno de Aragón tras la celebración del Consejo de Gobierno, la ley autorizará al consejero de Hacienda y Administración Pública, Fernando Gimeno, a concertar operaciones de crédito a largo plazo por un importe máximo de hasta 238.560.000 euros. La cantidad final se transferirá en el presupuesto de la Comunidad de este año a las sociedades antes mencionadas en concepto de futuras ampliaciones de capital.
El montante total autorizado no alcanza por 10 millones los 248 de deuda acumulada por estas compañías, que tienen dificultades para hacer líquidos sus activos y atender así con recursos propios las obligaciones de financiaciones en vigor, que se cubren con aportaciones del Gobierno de Aragón, sin que el resto de accionistas hayan colaborado en los últimos ejercicios a la consecución de tal fin, añaden desde el Ejecutivo aragonés.
El Gobierno de Aragón prevé que la necesidad final de crédito sobre el montante total autorizado se reduzca en 24 millones de euros mediante una operación adicional de dación en pago de activos de Plaza cuya tasación, aceptada por todas las entidades acreedoras y por el Consejo de Administración de la empresa pública, cubre holgadamente dicha cantidad.
Los 214,9 millones restantes que está previsto suscribir de los 238,5 que se prevé autorizar mediante esta ley se transferirán conforme a las previsiones de la Corporación, que contemplan un máximo de 47 millones a la filial unipersonal de CEPA Suelo y Vivienda de Aragón (SVA)-para que a su vez transfiera hasta 36,9 millones a Plhus y hasta 10,1 millones a Platea-; un máximo de 109,6 millones a Expo Zaragoza Empresarial; y hasta 58,1 millones a Plaza. La Plataforma de Huesca recibirá adicionalmente otra cantidad para atender los intereses devengados a la fecha de cancelación de su préstamo, que a 30 de julio ascenderían a 1,2 millones de euros.
La refinanciación -acordada ya con varias entidades bancarias-, cubrirá la práctica totalidad de la deuda viva de la Corporación Empresarial, que se amortizará en un periodo más largo (entre 8 y 12 años, con una media de 8,4 años) y, sobre todo, con un tipo de interés 3,42 puntos más bajo, ya que bajará de la media actual del 4,66% al 1,24%.
Las necesidades de financiación de la CEPA para estas empresas públicas se reducirán el próximo año en 51 millones de euros (algo más de 40 en amortizaciones y 10,8 en intereses); un dinero que el Ejecutivo aragonés podrá dedicar a otros fines. Sólo en intereses, la reducción de tipos supondrá un ahorro de 7,4 millones de euros al año, según la Corporación Empresarial.
Principio de prudencia financiera
Con la refinanciación de la deuda de la Corporación Empresarial se cumple el mandato de la ley orgánica que en junio de este año modificó tanto la de Financiación de las Comunidades Autónomas (de 1980) como la de Estabilidad Presupuestaria (de 2012), en el que se establece que "las Comunidades Autónomas velarán por la aplicación del principio de prudencia financiera en el conjunto de su sector público".
El Gobierno de Aragón había aceptado el 18 de marzo las condiciones de la línea de crédito que se formalizó con formalizó con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) con cargo a los fondos de financiación de las comunidades autónomas. Unos días antes, el 13 de marzo, el Consejo de Ministros autorizó a Aragón a formalizar préstamos a largo plazo y emitir deuda pública por un importe máximo de 238,5 millones de euros destinados a refinanciar operaciones de endeudamiento ya existentes que no serían atendidas con el Fondo de Facilidad Financiera. Y el 27 de julio, la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera autorizó las operaciones de refinanciación dentro de los términos de prudencia financiera hasta dicho importe de 238,5 millones.
Es justo el importe máximo que, si el Parlamento aragonés da su visto bueno, se autorizará al consejero de Hacienda y Administración Pública, Fernando Gimeno, a concertar mediante una o varias operaciones de crédito o préstamo a largo plazo para sanear el sector público empresarial de la Comunidad.
