El pasivo del Ayuntamiento de Zaragoza tiene desde esta semana 110 millones más de lo que los contribuyentes creían. Esta cifra, detectada en una auditoría interna, pone en jaque las cuentas del consistorio municipal que tiene una deuda a largo plazo de 814 millones de euros y obligaciones de pago confirmadas para 2015 que suman más de 109 millones de euros. Además, se prevé que en 2016 se tenga que pagar alrededor de 80 millones de euros en sentencias que estaban recurridas. Una situación que desde Zaragoza en Común (ZeC) reconocen que no pueden solucionar ni en uno ni dos años y que se quiere solventar subiendo impuestos como el IBI y el IAE para gravar a las rentas más altas, empresas y centros comerciales como Puerto Venecia.
Es una situación económica complicada, la que se le presenta al Ayuntamiento de Zaragoza. La auditoria encargada por el equipo de gobierno municipal liderado por Zaragoza en Común a los servicios técnicos municipales ha detectado que, a fecha de 30 de junio de este año, el consistorio tiene una deuda oculta de 109.506.401 euros en obligaciones de pago confirmadas en 2015 y que no tienen consignación presupuestaria.
En la auditoría interna llevada a cabo se han analizado las partidas de gasto que tienen un importe superior a 600.000 euros, detectándose que no hay crédito presupuestario para atender 21 de ella.
Se trata de un desfase que asciende a 60.818.514 euros, cantidad que se corresponde con 44.926.391 euros de obligaciones del 2014 aplicadas o pendientes de aplicar al presupuesto de 2015; 8.060.319 euros con revisiones de precios y liquidaciones que no se presupuestaron y que están pendientes de aplicar; 2.402.341 euros con partidas infradotadas de presupuestos de 2015 que afectan a servicios como la luz, gas o limpieza; 2.142.859 euros con el convenio de la Diputación Provincial de Zaragoza por obras en barrios rurales que no se ejecutaron y que hay que pagar y 3.286.612 euros, cuantía esta última que se adeuda a Expo Zaragoza Empresarial por una encomienda de gestión de mantenimiento del Parque del Agua y que se viene arrastrando desde el año 2010.
Según ha explicado el consejero de Economía del Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, son "cifras arrastradas desde hace años", que el consistorio tiene que asumir en el año 2015.
De hecho, de estos 60 millones de euros, se da el caso de que un total de 53 millones de euros son cantidades "que de año en año se han ido arrastrando y que se suman a las nuevas infradotaciones".
A esta situación hay que sumar que el Ayuntamiento de Zaragoza tiene que asumir antes del próximo mes de diciembre de 2015 el pago de 48.687.876 euros, incluyendo intereses de demora, por sentencias firmes. El consistorio ya anunció la solicitud de un préstamo a través de Fondo de Impulso de 2016, que gestiona el Ministerio de Hacienda, para hacer frente a este gasto.
Eso hace un total 109.506.401 euros en obligaciones confirmadas para 2015 sin consignación presupuestaria ninguna.
2016 no será mejor
La situación económica de cara al año 2016 en el Ayuntamiento de Zaragoza tampoco se prevé mejor, puesto que desde el consistorio se prevé que en ese ejercicio se tengan que hacer frente al pago de más sentencias, que podrían sumar la cifra de 80 millones de euros.
Una cantidad de la que alrededor de 44 millones de euros proceden de los pleitos con la contrata de autobuses urbanos. Para esta cuantía, igualmente se ha solicitado crédito al Ministerio de Hacienda.
El resto, hasta los 80 millones, son "para otras sentencias que están recurridas y para las que no hay fondos provistos", ha añadido el concejal de Economía.
Además, el Ayuntamiento de Zaragoza también tendrá que hacer frente a la subida salarial prevista para los empleados públicos y el abono de la parte de la paga extra de 2012, que supondrán unos 8 millones de euros, y arrastra una deuda a largo plazo de 814 millones de euros, cuantía que supone el 121% de los ingresos ordinarios.
De este modo, para este año, se ha presupuestado la cantidad de 19 millones de euros de intereses más 41 millones de amortización. Para colmo, el consistorio tendrá que pagar 13 millones de euros para pagar la deuda de Zaragoza Alta Velocidad.
Una situación que para el concejal de Economía se debe "a la gestión ineficiente acumulada en los últimos años" en los que el consistorio estuvo liderado por el PSOE y por Juan Alberto Belloch como alcalde, así como concejal de Economía, Fernando Gimeno, quien hoy ocupa el cargo de Consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón.
Rivarés ha explicado que de esta situación ya se venía alertando desde la intervención municipal, así como del pago de las sentencias a las que ahora el consistorio tiene que hacer frente.
La solución: subir impuestos
El concejal de Economía ha reconocido que esta situación no podrá corregirse ni en uno ni en dos años porque "no queremos agobiar a los ciudadanos ni que los servicios públicos esenciales se vean afectados".
Por este motivo ha anunciado que planteará al resto de grupos municipales una subida de impuestos para las rentas más altas que, sobre todo, se concentrará en el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) que supone el 23% de la financiación de Zaragoza con un total de 153 millones de euros-, y en el IAE (Impuesto de Actividades Económicas). Un impuesto este último del que Rivarés ha indicado que el consistorio había dejado de ingresar en 2015 más de dos millones de euros por las bonificaciones a las empresas en concepto de generación de empleo.
En relación al IAE, el Ayuntamiento de Zaragoza prevé ingresar dos o tres millones más este año, gravando a las sociedades mercantiles que tengan una facturación de más de un millón de euros anuales.
Además, las grandes superficies comerciales como Puerto Venecia también están en el punto de mira para que el pago de los impuestos se equipare a las cuantías que pagan los comercios del centro de la ciudad zaragozana. Sin embargo, quedan fuera otras superficies como Plaza Imperial porque "su consideración fiscal es otra y su situación económica también".
Con el IBI, el Ayuntamiento espera recaudar alrededor de 20 millones de euros más, gravándose especialmente los usos de bienes inmuebles que no sean de uso residencial.
Entre otras medidas que baraja el consistorio zaragozano también se encuentra la renegociación de la deuda contraída con el ayuntamiento tanto en intereses como en plazos y hacer presupuestos reales en lugar de los "virtuales" que se han venido realizando hasta el momento para cuadrarlos y que pudieran salir adelante.
El Ayuntamiento de Zaragoza igualmente baraja realizar una reestructuración municipal en patronatos y sociedades públicas y ha puesto en marcha la Oficina de Control Financiero en la que ya trabajan cinco funcionarios.
Deuda con el Gobierno de Aragón
Para paliar la situación económica del Ayuntamiento de Zaragoza, el concejal de Economía, Fernando Rivarés ha vuelto a pedir la deuda contraída por parte del Gobierno de Aragón con el consistorio y que asciende a 56 millones de euros.
Una cantidad para la que se ha dirigido al actual consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, Fernando Gimeno, para tratar el tema y crear mesas técnicas para solucionar esta situación.
Sin embargo, desde el Ayuntamiento de Zaragoza no se ha recibido respuesta todavía a pesar de que el propio Gimeno en su etapa anterior en el Ayuntamiento de Zaragoza reiteró en varias ocasiones la necesidad del Ayuntamiento de disponer de esta cantidad.
