El Ejecutivo aragonés ha aceptado expresamente a su favor cuatro herencias intestadas de cinco ciudadanos aragoneses, según se publica hoy el Boletín Oficial de Aragón (BOA).
Inicialmente, y a expensas de las comprobaciones que se harán tras recibir las herencias abintestato declaradas en distintos autos judiciales, entre todos estos ciudadanos dejan a la Comunidad Autónoma dos pisos en Zaragoza y depósitos bancarios por valor de unos 100.000 euros.
Según han explicado desde el Gobierno de Aragón, el dinero, una vez se disponga de él, se repartirá directamente, conforme decida la Junta Distribuidora de Herencias de la Comunidad -órgano administrativo integrado por responsables de los departamentos afectados-, entre entidades de asistencia social de Aragón, con preferencia para las radicadas en los municipios donde los ciudadanos en cuestión tenían sus últimos domicilios.
Los bienes inmuebles, a su vez, tendrán el mismo destino una vez subastados, salvo que se decida dedicarlos a fines de carácter social en políticas del propio Gobierno en materia de Vivienda, Educación o Medio Ambiente.
Pendiente de la comprobación de otros posibles bienes y derechos, la sucesión intestada de las hermanas Asunción y María Luisa Etayo beneficia a la Comunidad con la vivienda donde vivían, situada en la calle Luis López Allué de Zaragoza, de 86 metros cuadrados. A través del proceso judicial previo se ha sabido que también disponían de cerca de 100.000 euros en sendas cuentas bancarias.
El otro piso que recibe la Comunidad pertenecía a María Pilar Gracia Romero, vecina de Zaragoza. Se trata de una vivienda de 50 metros cuadrados situada en la calle Reino de la capital zaragozana. En principio no se tiene constancia de que guardara dinero en bancos. Sí que tenía una cuenta bancaria, con un saldo de 1.800 euros a la fecha del deceso y sin bienes patrimoniales, Vicenta Sama Laín, nacida en Sariñena y fallecida en Chimillas (Huesca).
La misma situación era la de Jesús Mallol Costa, que no disponía de bienes propios salvo el saldo de una cuenta bancaria por unos 5.000 euros. Estos dos últimos ciudadanos se encontraban bajo tutela del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
