Esta cantidad se destinará a sufragar en 1,5 puntos el coste de los intereses de los años 2016-2020 de los préstamos solicitados por los productores.
Esta cantidad, que ha sido aprobada en Consejo de Gobierno, se destinará a paliar los efectos del veto ruso a la importación de las frutas y hortalizas procedentes de la Unión Europea y que llevó a que los productores tuvieran que soportar una reducción de precios que ha repercutido negativamente en la rentabilidad de las explotaciones. Una situación que se cree que podría producirse en este año.
Para que puedan hacer frente a ella, se ha establecido una línea de ayudas para sufrgar en 1,5 puntos el coste de los intereses de los años 2016, 2017, 2019 y 2020 de los préstamos que se soliciten y formalicen en las entidades financieras este año por parte de los titulares de explotaciones frutícolas dedicadas a la producción primaria de productos como el melocotón, nectarina, pera, manzana y ciruela.
En total, se ha autorizado un gasto autorizado y plurianual (2016-2020) por importe de 2.985.833,00 euros que está destinado a financiar la convocatoria para este año de subvenciones a la concesión de préstamos. Para el año 2016, se destinarán 889.095 euros. El procedimiento de concesión se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, y de acuerdo con los principios de publicidad, objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación.
Los beneficiarios de las subvenciones son personas físicas o jurídicas que hubieran presentado la "Solicitud Conjunta" de ayudas de la Política Agrícola Común para el año 2014 con base en la Orden de 10 de febrero de 2014, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se establecen las medidas para la presentación de la "Solicitud Conjunta" de ayudas de la Política Agrícola Común para el año 2014.
El importe máximo de préstamo no podrá superar 3.000 euros por hectárea declarada de melocotón, nectarina, pera, manzana y ciruela, en la "Solicitud Conjunta" para el ejercicio anterior a la correspondiente convocatoria en la Comunidad Autónoma de Aragón, con un límite de 120.000 euros de principal y su plazo máximo de amortización será de cinco años como máximo, incluyendo un año de carencia.