La candidata de IU al Gobierno de Aragón, Patricia Luquin en una entrevista concedida a elEconomista.es aboga por crear una cuenta fiscal para garantizar el cobro de las deudas de las Administraciones Públicas con proveedores, además de por impulsar un cambio en el modelo productivo de Aragón. Entre sus propuestas, figuran además hacer un programa de apoyo a microempresas en zonas rurales, auditar las cuentas de Aragón y de las grandes ciudades y recuperar impuestos.
¿Qué medidas propone para el control del déficit público y de la deuda de Aragón?
No hay que confundir gasto público con déficit ni con deuda pública. El gasto público es lo que se invierte por parte de la Administración para desarrollar políticas sociales, prestar servicios, mantener su estructura y personal... Para financiar este gasto, puede recurrirse al déficit -es decir, gastar más de lo que se tiene-, y, en el caso de la Comunidad Autónoma, a la emisión de deuda pública.
Es por ello por lo que comenzaremos realizando una auditoría ciudadana de la deuda pública de Aragón y de los principales municipios aragoneses, especialmente las grandes ciudades. Esta auditoría ha de ser transparente y controlada por la ciudadanía, y su objetivo es identificar la deuda odiosa y rechazar su pago. Es muy importante examinar y evaluar los procesos que han originado dicha deuda teniendo en cuenta los prejuicios para la población, estableciendo las bases para distribuir equitativamente los riesgos y responsabilidades concretas. Una vez realizada esta auditoría, impulsaremos nuestro programa fiscal.
¿Qué política es partidaria de seguir en materia de impuestos? ¿Ve posible realizar alguna bajada en el IRFP o en algún impuesto?
Es necesario recuperar el Impuesto sobre Daño Medioambiental por Tendidos Aéreos, anular las bonificaciones que durante esta legislatura se han aprobado sobre el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y anular las bonificaciones del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Y también apostamos por modificar el tramo autonómico del IRPF con criterio de progresividad que permita que cuanto mayor sea la renta se contribuya más y por crear un nuevo impuesto sobre depósitos de las entidades financieras en Aragón e insistir desde la Comunidad de Aragón en la necesidad de recuperar el Impuesto de Patrimonio a su origen. Además, creemos que hay que gravar con impuestos a las grandes superficies por daños ambientales y gravar la utilización del monte público.
Está pendiente la negociación de un modelo de financiación autonómica, ¿cuál es la propuesta de IU Aragón?
La propuesta de IU pasa por una redistribución eficaz de los recursos económicos. En la actualidad los ayuntamientos gestionan el 13% del gasto, y nuestra propuesta es que el reparto de los recursos económicos sea de un 33% para las administraciones locales, autonómica y estatal, pero no se trata solo de un reparto más justo sino también de aumentar la capacidad de ingresos de todas las administraciones.
En su programa aboga por un nuevo sistema de financiación pública. ¿En qué consistiría?
En primer lugar por la participación de los ayuntamientos en los impuestos generales, aumentando la participación en los tributos del estado e instituirse una participación no condicionada de los ayuntamientos en los tributos de la comunidad autónoma de Aragón. Además, apostamos por impulsar de manera decidida una política fiscal basada en los impuestos directos, recuperar el impuesto de sucesiones y restablecimiento definitivo del de patrimonio. El paradigma no es reducir el gasto para mejorar la liquidez, sino garantizar que todos aportamos a las arcas públicas en función de nuestra capacidad.
¿Qué medidas considera necesarias para salir de la crisis?
Una auténtica recuperación económica solo vendrá de la mano de la creación de empleo estable y de calidad. La reactivación de la demanda interna, en la que juegue un papel destacado la recuperación del consumo de las familias; la inversión en I+D en general y en el nicho de las tecnologías verdes en particular; y la vertebración de un verdadero Estado social, son las piedras de toque de cualquier proyecto orientado al desarrollo sostenible. La recuperación del empleo se verá facilitada por el programa de Empleo Garantizado que IU impulsará a nivel estatal y autonómico. En el caso de Aragón, el programa debería alcanzar, en primera instancia, a 20.000 desempleados de larga duración.
En cuanto a las empresas, ¿qué políticas concretas pondría en marcha para impulsar su actividad y competitividad?
Proponemos un Plan Industrial para Aragón que defina un marco estable de colaboración y de ayudas para el asentamiento de nuevas industrias, vinculadas a la devolución de las mismas una vez se consoliden y teniendo el tratamiento de aportación de capital a la empresa, vinculándola a la permanencia de la empresa y el mantenimiento del empleo. Este plan debe abarcar todo el territorio aragonés. La potenciación de parques científicos y tecnológicos es imprescindible que sea coordinada desde la administración autonómica y que las sinergias generadas posibiliten el incremento del empleo de calidad y el aumento de la competitividad del tejido industrial.
En relación al paro, ¿qué política considera que hay que seguir para frenar el desempleo?
Uno de los objetivos principales de nuestra gestión es que las comunidades autónomas, ayuntamientos y otras entidades locales sean un factor importante de apoyo a la creación de empleo digno y de calidad y a la contratación laboral.
Esta es una cuestión central para la próxima legislatura. Consideramos necesario introducir la planificación autonómica y local, acompañada de la correspondiente financiación y con la participación de los sindicatos para adoptar las medidas necesarias tendentes a definir una Estrategia por el Empleo.
Partes importantes de esta Estrategia serán un Plan Multisectorial por el Empleo que contemple todas las iniciativas que tengan por objetivo la creación de empleo, la introducción de la perspectiva de empleo en toda la ordenación territorial y urbanística y en los procedimientos de contratación pública y el diseño y aplicación de medidas de colaboración con otras administraciones para un Plan Urgente Empleo- Formación para parados de larga duración.
También es fundamental poner en marcha una política especial de empleo juvenil y de igualdad en el empleo y desarrollar en cada ámbito medidas para implantar un sistema de Trabajo Social Garantizado. Y defendemos la eliminación de las becas en el ámbito de la Administración Pública, puesto que es una manera de obtener mano de obra cualificada, barata y sin derechos.
Además, creemos que hay que incrementar la oferta de empleo público, creando nuevo empleo en sanidad, educación, inspección de trabajo, agencia tributaria o servicios públicos; primar la existencia de plan de choque global contra la siniestralidad laboral, como requisito previo a la hora de conceder ayudas o subvenciones públicas y un programa de empleo para personas desempleadas de larga duración,
Propone un plan de empleo verde, ¿en qué consiste esta iniciativa?
Desde Izquierda Unida de Aragón, el empleo verde es un objetivo transversal en nuestra propuesta de un nuevo modelo productivo. La construcción de nuestro NMPA debe partir del análisis crítico del modelo fracasado y de las políticas neoliberales que lo han sustentado e impulsado, incorporando como orientación estratégica de la alternativa nuestro concepto de nuevo proyecto de país.
Este NMPA debe producir un cambio radical en los fundamentos de la política agraria para que verdaderamente apoye un modelo social de agricultura, productivo y sostenible, con inversión y empresas públicas, que prioricen los sectores básicos (construcción, automoción, turismo y química verde), los emergentes (agricultura ecológica, material ferroviario, servicios sanitarios y sociales) y los sectores de futuro (mecatrónica, biología médica, aparatos médicos y biocombustibles).
Proponemos la reconversión ecológica y social de la construcción y el turismo. La agricultura y la ganadería deben ser consideradas un asunto estratégico y fundamental de la economía aragonesa. Además, abordaremos un cambio en la política agraria para que sirva de modelo social, productivo y sostenible e impulsaremos de forma decidida los sectores productivos y más representativos de la economía aragonesa: energía, agroalimentación, automoción, logística, turismo y nuevas tecnologías de la información.
También aboga por impulsar la I+D+i. ¿Qué medidas cree convenientes que se adopten en este ámbito?
Debe abordarse una Ley de las Cortes de Aragón, acompañada de su correspondiente Memoria Económica, dirigida a fomentar la Investigación, el Desarrollo y la Innovación. Sus principales medidas irían dirigidas al fomento de las ayudas a la formación y contratación de personal investigador, al fomento de la movilidad de los investigadores, al apoyo a la incorporación de nuevo personal técnico para la investigación y al fomento de las acciones de divulgación científica.
También se incorporarían ayudas a las empresas comprometidas con el desarrollo en I+D+i. Las líneas de investigación prioritarias han de ir dirigidas a la resolución y satisfacción de las necesidades sociales: salud, medio ambiente, energías renovables...
De cara a los emprendedores, ¿qué medidas pondría en marcha?
Desde Izquierda Unida, apoyaremos a la pequeña empresa y la economía social y cooperativa en una economía que no se base sólo en el sector servicios o el turismo de bajos salarios. Desarrollaremos mecanismos para que en las licitaciones públicas existan criterios de discriminación positiva para las pequeñas empresas y para que los pliegos de condiciones den ventaja a las empresas que propongan criterios ecológicos o de cantidad y calidad del empleo
¿Y para los autónomos?
Las políticas neoliberales se caracterizan por favorecer a los grandes capitalistas a la vez que arrasan con las pequeñas y medianas empresas, que no pueden operar en igualdad de condiciones. Crearemos una cuenta fiscal que asegure el cobro de las deudas de las Administraciones Públicas con proveedores de bienes y servicios, una vez pasado un límite de 30 días, apoyaremos la implantación local y a los circuitos comerciales de proximidad: mercados y distribución. También impulsaremos un programa de primer trabajador para subvencionar durante dos años la realización del primer contrato indefinido por parte de una empresa o autónomos actualmente sin plantilla contratada. Además, extenderemos a todas nuestras localidades un programa de apoyo a microempresas en zonas rurales.
En materia de energía, ¿qué líneas de trabajo propone en este sector?
Proponemos el impulso decidido a la Estrategia Aragonés de Cambio Climático y Energías Limpias que, aunque reconoce un amplio programa de medidas a aplicar, ha carecido de financiación e impulso político. Otras medidas son asegurar la reducción de gases de efecto invernadero, el fomento del uso racional y eficiente de la energía; la integración efectiva de las energías renovables en todos los sectores modificando los tramos del sistema de tarificación para fomentar el ahorro, y estimular a través de medidas fiscales o financieras la integración de la alternativa de eficiencia energética en la planificación de las industrias y la prohibición del fracking en nuestra comunidad. Además, daremos un impulso decidido al Plan Especial de Reactivación Económica de las Comarcas Mineras con presupuesto y estructura suficiente.
¿Qué actuaciones llevarían a cabo en infraestructuras?
En materia de movilidad el objetivo es buscar la sostenibilidad y la accesibilidad, en detrimento de la obra pública característica de los años anteriores al estallido de la crisis, basada en las macro-inversiones de dudosa sostenibilidad económica, ecológica y social. Frente a aeropuertos sin usuarios o trenes de alta velocidad que solo comunican grandes capitales a un precio excesivo, proponemos potenciar la red ferroviaria de media y corta distancia.
Por supuesto, exigimos la reapertura del ferrocarril internacional de Canfranc y el impulso al corredor Cantábrico-Mediterráneo, al tiempo que desechamos la Travesía Central Pirenaica por ser insostenible, difícilmente realizable y por concitar un notable rechazo social. También abogamos por la inversión en mantenimiento y mejora de la red viaria ya existente para dotarla de mayor seguridad y favoreciendo la creación de empleo diseminado en actuaciones a lo largo de todo el territorio.
En el ámbito de los Servicios Sociales, ¿qué considera que debería hacerse?
Nuestro modelo recoge la necesidad de la aplicación de Políticas sociales preventivas, que favorezcan e intervengan de manera precoz en la prevención de situaciones de riesgo social. Los servicios sociales deben ser garantizados por las administraciones públicas, estableciendo criterios en la prestación tanto en la calidad y en la orientación de los servicios hacia el ciudadano como en las condiciones laborales de quienes los prestan. Por eso, proponemos unos servicios sociales que garanticen unos derechos mínimos de las personas y promuevan la máxima cohesión social, integrales y adaptados a cada territorio y persona, que promuevan la prevención y el desarrollo comunitario, y que actúen sobre el individuo de forma global.
¿Cuál es su propuesta para el sector de la Educación y la Sanidad?
Desde IU, consideramos que el sistema sanitario debe mantener su carácter universal con una financiación exclusivamente pública, de aseguramiento único público, y esto implicará la reintegración al sistema público de todas las mutuas y aseguradoras privadas. Para nosotros, tanto la provisión como la gestión de la sanidad deben ser exclusivamente públicas. La financiación de la Educación debe ser la suficiente para garantizar el cumplimiento del artículo 27.5 de nuestra Constitución.
Apostamos por una educación pública, laica y de calidad para la igualdad, promulgando un Ley Autonómica de Educación que garantice la reducción de ratios, y el incremento de recursos a zonas y centros con mayor escolarización de alumnado con dificultades y/o en desventaja social. También proponemos, la supresión progresiva de los conciertos educativos con los centros privados concertados, y su papel subsidiario, además de la eliminación inmediata de conciertos con centros que segreguen al alumnado por razón de sexo, recursos económicos, académicos o ideológicos.
¿Estaría dispuesta a establecer pactos para gobernar? ¿Con qué partidos y en qué condiciones?
Mientras todos los demás partidos buscan el llamado ?centro? político, nosotros y nosotras reclamamos claramente el espacio de la izquierda. De ello, se deduce fácilmente que impediremos con nuestros votos el acceso de la derecha al poder, sea esta la que huele a naftalina (PP y PAR) o la que presenta un nuevo envoltorio, pero el mismo caramelo envenenado por dentro (Ciudadanos).
También impediremos las políticas de derechas en nuestra comunidad. Eso quiere decir que los otros partidos que se definen en elecciones como de izquierdas, para luego olvidarse de sus promesas, o los que dicen ser "transversales", "ni de izquierdas ni de derechas", tendrán que aceptar un programa nítido de izquierdas para poder alcanzar cualquier tipo de acuerdos en las instituciones. En todo caso, la militancia y los simpatizantes de IU tendrán la última palabra.
