El candidato de UPyD Aragón, José Luís Lajara, al Gobierno de Aragón, explica a elEconomista.es las medidas económicas que propone su partido entre las que figura una bajada general de impuestos y una menor presión fiscal sobre las empresas. Además, abogan por abaratar la contratación y disminuir el pago que realizan las compañías a la Seguridad Social por cada empleado.
¿Qué medidas propone para el control del déficit público y de la deuda de Aragón?
El presupuesto del Gobierno de Aragón es de 5.000 MM de euros y el costo de la Administración en gastos administrativos y de personal es de casi 2.000 MM euros. ¡Es el 40% del presupuesto! Pero además las comarcas se llevan casi 200 MM más. Si realizáramos una fusión de municipios de menos de 1.000 habitantes hasta un máximo de 5, podríamos tener otro ahorro importante y mayor eficacia. España es el país de la Unión Europea con más municipios por habitante. Es obvio que es necesario una reforma de la administración y una ordenación del territorio ahora más que nunca. Además la corrupción política y de cargos públicos ha costado solo en el caso Plaza más de 200 MM euros. Es evidente que otra de las medidas para control del déficit es evitar la corrupción.
¿Qué política es partidario de seguir en materia de impuestos¿ ¿Ve posible realizar alguna bajada en el IRFP o de algún impuesto?
Por supuesto. Es necesaria una bajada general de impuestos pero, sobre todo, en materia de IRPF (reducción de 2%) y de presión fiscal general sobre las empresas, que son las que generan los puestos de trabajo. La reforma laboral en España ha incidido sobre el abaratamiento del despido, pero eso no es lo quieren las empresas especialmente. Lo importante es abaratar la contratación. Las empresas españolas cotizan de Seguridad Social por sus empleados un 60% más que algunos países de la Unión Europea y es en ese punto donde hay que incidir.
Está pendiente la negociación de un modelo de financiación autonómica, ¿cuál es la propuesta de UPyD?
Ninguna comunidad autónoma debería tener privilegios fiscales, aunque es un hecho que esto no es así. Deberían eliminarse los privilegios a todas las autonomías que los tengan y financiar en base no solo a población sino a diferentes condicionantes geográficos y de superficie, que pueden dificultar la realización de infraestructuras y la generación de recursos a los ciudadanos. Es necesario un modelo de financiación que valore la dispersión y el envejecimiento de la población. Quiero recordad que el PSOE votó en 2009 en contra de este modelo que planteamos y en esta legislatura el Gobierno de Aragón del PP tampoco ha sabido hacer frente a esta problemática e incidir en la presión al Gobierno de España para que reaccione debidamente a este tipo de políticas y no se deje influir por las comunidades autónomas de mayor peso político.
¿Considera que es necesario un nuevo sistema de financiación pública?
Son necesario nuevas formas de financiación. La administración pública no puede financiarse exclusivamente con subida de impuestos y presionando hasta la extenuación a sus ciudadanos. Todos los aragoneses, hemos adelgazado nuestros recursos, nuestras empresas y nos hemos atado bien el cinturón, pero la administración sigue sin apenas reformas.
¿Qué medidas considera necesarias para salir de la crisis?
Creemos necesario un cambio y transformación social de verdadero calado. No se trata de tener más dinero simplemente para volver a hacer lo que hacíamos antes. Se trata de reformar, de cambiar y de transformar nuestras formas de ver la economía, el trabajo, la política y la sociedad en sí misma.
Se trata de una reforma de calado de la Administración pública, de evitar totalmente la corrupción política, pero no solo en sí misma, sino por concepto, y también de abordar un cambio de modelo educativo en profundidad, que haga que nuestros niños y nuestros jóvenes sean capaces de pensar por sí mismos, de ser independientes y de saber ser autosuficientes, de ser capaces no solo de responder preguntas, sino de hacerlas.
Y también se trata de un modelo educativo en el que la FP y la Universidad se acerquen al mundo laboral y de tener empresas realmente creativas, innovadoras y productivas y, para ello, es necesario eliminar carga legislativa, burocracia e impuestos sobredimensionados y redundantes en todo caso.
En cuanto a las empresas, ¿qué políticas concretas pondría en marcha para impulsar su actividad y competitividad?
Lo más importante es abaratar la contratación y disminuir el importe por pago de Seguridad Social que se paga por cada empleado. Serían las principales medidas a corto plazo. Además, hay que disminuir la presión fiscal en general y en especial con tramos diferentes en función del tipo de empresa, su volumen de facturación y sus beneficios y promover una financiación no solo usual, sino con alternativas efectivas que relancen la actividad principal de la misma. También abogamos por disminuir el marco regulatorio para todas ellas. Es imprescindible tener a la administración al lado y no enfrente y de espaldas.
En relación al paro, ¿qué política considera que hay que seguir para frenar el desempleo?
Una verdadera formación intrínseca que acerque los curriculum de las universidades y centros de FP al mercado laboral y para los mayores de 55 años procede un reciclaje íntegro en las nuevas tecnologías de profundidad. Al respecto de los jóvenes, habría que habilitar un plan de prácticas en empresas serio y más prolongado que el actual de las FCT, que garantice una continuidad en su formación y una mayor integración en la empresa, y que posteriormente puede seguir con un contrato más fácilmente.
De cara a los emprendedores, ¿qué medidas pondría en marcha?
La eliminación de barreras administrativas y la eliminación de presión fiscal durante los 2 primeros años de actividad, disminuyendo en igual medida que en el resto de las empresas el porcentaje de carga de Seguridad Social sobre los puestos de trabajo contratados. La financiación es otra cuestión importante, primando la existencia de un plan de negocio previo y un estudio de mercado conveniente y realista.
¿Y para los autónomos?
Proponemos la disminución ostensible de la cuota mensual actual a una cuota mínima básica de 100 euros almes, con la posibilidad de extensión del importe en función de las prestaciones adicionales que se deseen obtener por el interesado, tales como un mayor importe en la jubilación.
También la prestación por desempleo, de igual manera que ocurre con los trabajadores por cuenta ajena y un importe mínimo de prestación de 450 euros en caso de tener una cuota de 100 euros de al menos 2 años. Igualmente, proponemos un importe por desempleo creciente linealmente con la cuota de autónomo y con una base que relacione la facturación que tuviera con el importe de prestación por desempleo.
En materia de energía, ¿qué líneas de trabajo propone en este sector?
Queremos desarrollar una ley de autoconsumo y balance neto que sea capaz de tener un reglamento que permita autoabastecerse sin tener que abonar canon de ningún tipo y que ofrezca la posibilidad de disponer de energía fotovoltaica en cualquier vivienda unifamiliar, edificio de viviendas si se desea, naves industriales, granjas, locales... al margen del suministro de la red eléctrica convencional.
También proponemos el desarrollo de esta misma ley en apartados posteriores, de manera que pueda incluir la posibilidad de incluir un balance neto de energía eléctrica en un intervalo temporal de 1 año, pudiendo compensar la energía recibida con la energía producida.
En el área de infraestructuras, ¿cuál es la propuesta de UPyD Aragón?
Proponemos como eje fundamental de nuestro programa el desarrollo de infraestructuras de comunicación y telecomunicaciones para todo el territorio aragonés; no solo en las ciudades, sino especialmente y como apoyo al desarrollo rural, es necesario que nuestros pueblos dispongan de banda ancha de Internet e implantación estable de 3G y 4G.
Además, queremos dar un impulso real al proyecto de la Travesía Central de los Pirineos, como eje fundamental y vertebrador de España y Aragón con Europa, para intentar reducir lo máximo posible el plazo límite de implantación de la TVC, indicado en 2050, y que pueda ser incluida en la Red Global Europea de Transportes.
También proponemos potenciar el eje Cantábrico-Mediterráneo como un potencial importante de comunicación de todo el Norte de España hacia Europa y las comunidades más orientales de España. La zona norte de España engloba el mayor potencial y desarrollo industrial de España y necesita un eje de transporte por ferrocarril que conecte estas zonas, ahora casi inexistente.
Y, finalmente, apostamos por impulsar un canal hidráulico en la margen derecha del Ebro, desde la Cota 400 hasta Escatrón, que sea capaz de ofrecer suministro a toda la agricultura de la margen derecha, agua de boca y permita reducir casi totalmente las riadas del Ebro y las consecuencias tan catastróficas que llevamos viviendo en los últimos años en Aragón y valle del Ebro.
Precisamente, en política hidráulica, ¿están a favor o en contra del trasvase?
Al margen del impulso a un proyecto como el Canal de Escatrón, queremos que se terminen de una vez por todas las obras del Pacto del agua, cuestión con la que llevaremos casi 30 años sin haber hecho prácticamente nada.
Respecto del trasvase del Ebro, estamos totalmente en contra. Ni trasvase, ni unidades de cuenca ni conjeturas gramaticales de ningún tipo como otros partidos políticos hablan para ser políticamente correctos y no querer mojarse en una cuestión tan importante para Aragón.
En el ámbito de los Servicios Sociales, ¿qué considera que debería hacerse?
Los servicios sociales son el pilar fundamental del estado de bienestar. Debe contemplarse no solo la asistencia, sino la prevención, calidad del servicio y gestión eficiente de los recursos disponibles.
En este ámbito, pedimos por tanto que se apruebe una Ley Estatal de Servicio Sociales que garantice estos servicios, correspondiendo la gestión a las comunidades autómomas y Ayuntamientos e igualmente queremos eliminar la descoordinación entre administraciones y duplicidad en la prestación de estos servicios, duplicidades y burocracia, generando gasto superfluo.
También proponemos aumentar la coordinación con el Servicio Aragonés de Salud para una utilización conjunta de la red Socio Sanitaria; priorizar la aplicación de Servicios Sociales en el medio rural, evaluando las necesidades de personal en los Centros Municipales de Servicios Sociales y adecuación a las características demográficas de su zona y destinar recursos para fomentar el trabajo de prevención con los colectivos más vulnerables, como familias sin hogar por embargo de su casa, inmigrantes, exreclusos, personas que ejercen la prostitución en la calle, personas que viven en infraviviendas, personas que buscan la comida para su familia en las basuras de la calle o de los supermercados?
¿Cuál es su propuesta para el sector de la Educación y la Sanidad?
La educación y la sanidad son las necesidades básicas de la sociedad y que más recortes han sufrido por parte de la administración. Tanto en Educación como en Sanidad se debe recuperar las competencias por parte del Estado. Esto nos llevaría a un ahorro cuantitativo importante en materia de financiación, sin entrar en términos de mayor igualdad de Curriculum en Sanidad, tarjeta única sanitaria en todo el Estado y mayor y mejor movilidad de pacientes, alumnos, profesores y médicos, imponiéndose una menor burocracia y mejor control de ambos sistemas, mejor planificación de Infraestructuras y economías de escala en ambos casos. Todo ello sin eliminar el hecho que la gestión del sistema sea desde cada Comunidad Autónoma.
La financiación de la Sanidad y la Educación no puede considerarse al margen de la sostenibilidad de nuestro sistema de Administración pública. Es necesario reducir, reorganizar y priorizar el gasto público. Hay que reformar nuestro sistema territorial suprimiendo diputaciones y fusionando ayuntamientos, lo que según cálculos podría suponer un ahorro de 35.000 millones de euros, y acabar con más de 4.000 entes públicos administrativos (observatorios, fundaciones...) perfectamente prescindibles en nuestro país. Y como ha señalado la CNMC, mejorando simplemente las licitaciones administrativas en nuestro país podríamos llegar a un ahorro de 50.000 millones. Pongamos la mitad. Serían recursos disponibles.
Y reducir el fraude fiscal y la economía sumergida, no del todo como algunos prometen, pero sí hasta niveles aceptables como los de los países nórdicos (en torno al 8%). Es necesario acabar con la burbuja hospitalaria de creación de infraestructuras con criterios políticos y no de eficiencia. Hay que invertir más en mejoras de gestión y menos en proyectos faraónicos y obras innecesarias en lo que a Sanidad respecta.
Y respecto de Educación, creemos apropiado la centralización de la Universidad en la medida de lo posible, reduciendo así presupuesto de gestión y recursos redundantes para los diversos campus de Zaragoza, Huesca y Teruel.
¿Eliminaría las comarcas o qué política seguiría en ellas?
Eliminación total de las comarcas. Todas aquellas materias que inciden directamente en el bienestar de ciudadano que sea el ayuntamiento, que es la administración más próxima al ciudadano, el que preste el servicio.
¿Aboga por una regeneración democrática y de las instituciones?
Obviamente. La regeneración democrática debe comenzar desde los partidos políticos y desde las instituciones. Son precisamente las reglas del juego de acceso al poder lo que consideramos necesario para esa regeneración. Un cambio en la ley electoral es lo que fundamentaría esa regeneración democrática que garantice la igualdad de todos los españoles y en todos los territorios. Es necesario terminar con los privilegios de una clase política anclada en el pasado, en favor de la transparencia y la lucha contra la corrupción.
Consiste por tanto, en restaurar la independencia y funciones de las instituciones públicas, rescatándolas de su puesta al servicio de intereses privados. También hay que obligar a los gobiernos a cumplir sus compromisos y asumir la responsabilidad por sus actos, que todas las instituciones funcionen y que todos cumplan por igual las leyes aprobadas por los representantes públicos, sin excepciones ni privilegios.
En su programa habla de suprimir empresas públicas innecesarias. ¿Qué criterios se seguirían para hacer esta eliminación?
Los criterios son entidades cuya mayor parte de su presupuesto se destine a gastos corrientes y de personal, es decir a su mera existencia y de mantenimiento sin más; entes que se nutran exclusivamente de transferencias del Gobierno de Aragón y cuyas funciones puedan ser desarrolladas por el departamento correspondiente y organismos o empresas cuyas funciones pueden ser desempeñadas por el sector privado o que no desarrollen competencias que sean propias de una administración o entren en competencia desleal con sectores de la actividad privada.
El presupuesto actual para empresas públicas en 2015 es de más de 295 MM euros, para entidades de derecho público más de 194 MM euros y para fundaciones y consorcios más de 40 MM euros.
En el caso de la corrupción, ¿qué medidas cree necesarias implantar?
Queremos eliminar los aforamientos y reformar la legislación penal incluyendo delitos de enriquecimientos ilícito de cargos públicos, financiación ilegal de partidos políticos, delito de falsedad de la contabilidad y patrimonio social de los partidos políticos y cargos públicos y reforzar la exigencia de responsabilidad por mala gestión a los cargos públicos al frente de sociedades o entes públicos y reformar la ley de transparencia promovida por el Gobierno de Aragón, que se ha quedado corta en la búsqueda de los objetivos anteriores y es insuficiente.
¿Estaría dispuesto a establecer pactos para gobernar? ¿Con qué partidos y en qué condiciones?
No. Solo pactaremos determinadas políticas y en el momento adecuado, tales como las que consigan resolver problemas de la sociedad aragonesa con la aplicación de las mismas.
