Aragón

IU propone penalizar a las empresas que incumplen los planes de igualdad

La candidata de Izquierda Unida (IU) a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Patricia Luquin, ha propuesto la creación de un registro de empresas que incumplan los planes de igualdad y, además de que la administración no las contrate, se les penalice.

Estas penalizaciones tendrían una clasificación similar a otras normativas y se establecerían por grados en función del tipo de infracción, ha avanzado Luquin, para estimar que "incluso podrían sanciones económicas porque, a veces, tocando el bolsillo se logra hacer reaccionar".

Luquin ha centrado este viernes sus propuestas electorales en el ámbito de la igualdad de género, la discapacidad y la diversidad funcional y los emigrantes. En su presentación ha estado acompañada por el número 2 en la lista de IU a las Cortes de Aragón por la circunscripción de Zaragoza, Jorge Sanz, y la vicepresidenta del Partido de la Izquierda europea (PIE), Maite Mola.

En rueda de prensa, Luquin ha recordado que las empresas de más de 200 empleados tienen que disponer por ley de un plan de igualdad y algunas "aún teniéndolo lo incumplen" por lo que ha exigido que desde la administración "se garantice el cumplimiento".

También ha arremetido contra la brecha salarial entre hombres y mujeres, que ha cifrado en el 19,6 por ciento en Aragón, según un informe del Parlamento europeo, y ha atribuido la responsabilidad a la presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, por la "inexistencia de medidas que acorten esa diferencia salarial".

"Ejemplar"

Tras exigir que "a igual trabajo, igual salario", la candidata de IU ha incidido en que la administración "tiene que ser ejemplar y ejemplarizante" para instar a que se evite contratar a las empresas que incumplan "este derecho de las mujeres".

También ha lamentado que Aragón no disponga de una ley de igualdad que sería el marco a desarrollar medidas transversales en el ámbito de la educación, vivienda y sanidad entre otros, porque "la igualdad afecta a la mujer, pero no es cosa de mujeres".

Enfática ha dicho que "la igualdad tiene que ser gobierno" y tras recordar que "reivindicamos lo evidente" ha exigido que también se tienen que "romper el techo de cristal porque si las mujeres no estamos en los centros de poder, donde tenemos infrarepresentación, difícilmente se podrán tomar decisiones que nos hagan avanzar".

Sus críticas también las ha extendido al "vaciamiento de contenido" del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) que se ha convertido en un "eslogan del PP y cuya directora general --Pilar Argente-- no tiene opinión de nada".

Patricia Luquin ha pedido que se derogue la ley de custodia compartida porque "ha tenido más problemas que beneficios y solo funciona cuando los progenitores tienen una relación normalizada". Desde IU "estamos a favor de la custodia compartida, pero en positivo y que prime el interés del menor sobre los progenitores porque sin corresponsabilidad en la relación no se puede aplicar la ley".

Aborto

En cuanto a la interrupción involuntaria del embarazo ha recordado a Rudi que "su obligación es reconocer el derecho de todas las mujeres y garantizarlo en condiciones jurídicas y sanitarias y, por supuesto, en la sanidad pública".

La candidata de IU también ha arremetido contra la "sexualización de la mujer en los medios de comunicación" y ha instado a los responsables a que revisen esta imagen que se traslada a la sociedad.

Otra propuesta del programa electoral de IU es la aprobación de un ley de sexualidad transgénero, al recordar que en esta legislatura ha habido acuerdo inicial de todos los grupos parlamentarios para que se legislara al respecto, pero finalmente el Ejecutivo autonómico no ha remitido un proyecto de ley.

Garantizar que las mujeres puedan ser madres mediante mecanismos de reproducción asistida, independientemente de su estado civil o condición sexual es otra propuestas de IU. "No dejar elegir a las mujeres que quieren ser madres por convicciones religiosas o morales tiene que salir del ámbito político", ha dicho.

Discapacidad

El número 2 de la lista de IU a las Cortes de Aragón por Zaragoza, Jorge Sanza, ha reclamado promover la accesibilidad, mediante la supresión de barreras arquitectónicas y cognitivas, para las personas con discapacidad y diversidad funcional.

Desarrollar políticas activas de empleo para este colectivo mediante la introducción de cláusulas sociales en los pliegos de las ofertas de las administraciones para servicios públicos y también aumentar al 7 por ciento la plazas para las personas con discapacidad.

Otra iniciativa de IU es la "nacionalización de patentes en la aplicación de ciertas terapias y garantizar una asistencia global básica sanitaria" y ha rechazado el "copago o repago farmacéutico para las personas con enfermedades crónicas".

Empleo público para emigrados

La vicepresidenta del Partido de la Izquierda europea (PIE), Maite Mola, ha comparado su llega a Bruselas hace tres años "con buen sueldo y una situación privilegiada como la de una persona de clase media alta" frente a la de los inmigrantes que llegan a la capital europea, y que también ha extrapolado a otros países de la Unión Europea.

Mola ha establecido tres tipos de inmigrantes. Los que se fueron con la Guerra Civil y cuyos nietos "tienen problemas para votar" con la actual legislación y que ha denominado "voto robado"; los que han acudido a España con el 'boom inmobiliario', que ha cifrado en 5 millones de inmigrantes, y que "una vez que lo hemos utilizado, unos se han ido y otros están en situación de explotación laboral" al asegurar que "están contratados por 3 ó 4 horas y el resto de las jornadas de hasta 12 horas las cobran en negro".

Esta situación también la "viven los españoles en el extranjero" y ha alertado de que "con este régimen esclavista tendrán dificultades para disponer de una jubilación" y ha demandado que "a igual trabajo igual salario".

Mola ha pedido a las administraciones que "dediquen parte del erario público a apoyar" las Casas y Centros de Aragón en el Exterior porque "son sitios donde realmente vamos porque se encuentra calor humano" entre los nuevos emigrados.

Este colectivo, que lo integran alrededor de 4.000 jóvenes, "muchos de ellos quieren volver a España" por lo que ha abogado por crear empleo y "mediante la potenciación de los servicios públicos para que se genere empleo público que permita que estos jóvenes retornen".

Mola ha reclamado una ley autonómica del retorno y "con presupuesto", además de la homologación de los títulos educativos", ha concluido diciendo-

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