La mayoría de los sindicatos piden garantías sobre el empleo para la plantilla que permanecerá en la entidad tras la aplicación del tercer expediente de regulación de empleo, que es voluntario, y por el que saldrán de la entidad un máximo de 375 personas.
Nueva reunión entre representantes de Ibercaja y de los trabajadores para cerrar el acuerdo del tercer expediente de regulación de empleo que la entidad financiera ha planteado dentro de su proceso de reestructuración, tras integrar Caja3.
Un nuevo encuentro en el que el empleo ha sido el hilo central de la reunión, ya que la mayoría de los sindicatos presentes en la mesa negociadora han solicitado que se establezcan garantías para el empleo de la plantilla que permanecerá en la entidad tras la aplicación de este expediente. Una garantía que debe extenderse hasta el año 2018, según han explicado fuentes de CCOO Aragón a elEconomista.es
Además de esta petición, los sindicatos también han solicitado a la entidad información sobre si se tendrá que aplicar un cuarto expediente en los próximos años en los que Ibercaja tiene que afrontar su proceso de salida a bolsa, de manera que se puedan "blindar" las condiciones de las posibles salidas de los trabajadores tal y como se ha recogido en anteriores negociaciones y acuerdos de los EREs.
Otro de los puntos sobre los que igualmente tendrá que girar la negociación para poder llegar a un acuerdo -la fecha límite es el día 15 de abril-, es el reconocimiento de las diferencias de la fiscalidad en relación al año pasado en las cantidades que percibirán los empleados que se acojan al expediente para lo que los sindicatos solicitan alguna medida compensatoria.
El acuerdo también será necesario entre dirección y sindicatos en cuanto al cierre de oficinas y al traslado de empleados, aspecto este último en el que se ha solicitado a Ibercaja la especificación de los criterios que se tendrán en cuenta a la hora de llevarlos a cabo.
En la anterior reunión, que tuvo lugar el pasado martes, Ibercaja ya planteó una rebaja en el cierre de oficinas, pasando de 80 a 70, así como en el número de traslados de trabajadores que deberían desplazarse a una distancia de más de 50 kilómetros, que se redujo de 90 a 80 personas.
El expediente de regulación de empleo, al que podrán acogerse los trabajadores de forma voluntaria, plantea la salida máxima de 375 trabajadores de la entidad, de los que alrededor de 245 trabajadores serán por edad ya que se aplica a los que tengan 58 y 59 años. Un colectivo que recibirá unas cantidades similares a las acordadas en el anterior expediente y que contemplaban el 80% del salario neto más un plus de 12.000 euros.
Además, el expediente también se abre a personas menores de 58 años que también quieran acogerse y a los que no quieran trasladarse, percibiendo unas condiciones económicas diferentes.
