La comunidad aragonesa paga a 123 días, lo que supone más de cuatro meses de demora en abonar las deudas con los proveedores. Además, supera la media española de 85 días.
El Observatorio del Trabajo Autónomo de ATA, correspondiente al mes de marzo de 2015, refleja que la comunidad aragonesa es la que más tarda en pagar a los autónomos con un plazo medio de 123 días, dato que la convierte en la autonomía más incumplidora de la Ley de Morosidad y Directiva Europea de Lucha contra la Morosidad.
La comunidad aragonesa tarda más de cuatro meses en hacer frente el pago a los proveedores autónomos, aunque no es la única. Otras autonomías como Murcia con 122 días y Cataluña con 120 días son también de las más incumplidoras, superando además el plazo medio de España, que se ha situado en el primer trimestre del año en 85 días.
Un plazo medio que también es superado por otras comunidades autónomas como la Comunidad de Madrid, que paga a 92 días, mientras que las autonomías de Andalucía y Comunidad Valenciana y Andalucía que tienen períodos de pago de 119 días.
Y, aunque ninguna comunidad autónoma cumple con el período de pago de 30 días establecido por ley, las autonomías que menos tardan en pagar son La Rioja con 48 días, País Vasco con 51 días y Galicia con 52 días.
Estos plazos se producen a pesar de que muchas de las comunidades autónomas han reducido sus períodos de pago. En concreto, en Aragón, se ha pasado de los 128 días de diciembre de 2014 a los 123 de marzo de 2015, lo que supone cinco días menos, que en términos porcentuales representa una disminución del 3,9%.
La comunidad aragonesa no es la que más ha reducido el período de pago en comparación con otras autonomías. Por ejemplo, las Islas Baleares lo han disminuido en un 27,6% o Castilla-La Mancha lo ha hecho en un 14,9%. No obstante, también hay regiones en las que ha crecido como es el caso de Galicia, que ha experimentado un aumento del 30,6%, pasando de pagar en 49 a 64 días.
En relación a la morosidad privada, en Aragón, el período de pago medio es de 79 días, incumpliendo también el plazo legal que es de 60 días, aunque la comunidad aragonesa se sitúa por debajo de la media española, que es de 83 días.
