Estas operaciones fueron llevadas a cabo por CAI Inmuebles y CAI Dirección de Servicios Generales sin que fueran aprobadas por el Comité de Inversiones de Caja Inmaculada ni por su Consejo de Administración. Estas actuaciones junto a otras irregularidades detectadas en la gestión de la caja formarán parte de una nueva querella que se presentará ante la Audiencia Nacional por parte de Asipa y CIC.
Nuevos hechos sobre la gestión de Caja Inmaculada durante los años 2008 y 2009. A través de CAI Inmuebles y CAI Dirección de Servicios Generales se realizaron presuntamente un total de 60 operaciones de compra de terrenos e inmovilizados por un importe de 147.819.716 euros en las que no existió aprobación por parte del Consejo de Inversiones de Caja Inmaculada ni del Consejo de Administración de la entidad.
En concreto, de estas operaciones, un total de 39 fueron realizadas por CAI Dirección de Servicios Generales entre los años 2008 y 2009 por un importe de 68.225.355 euros, mientras que las 21 operaciones restantes fueron llevadas a cabo por CAI Inmuebles en 2009, pagándose en tres de ellas por encima del valor de la tasación presentada, además de cancelarse a través de las adquisiciones de estos terrenos e inmuebles deudas con otras entidades financieras.
Estos hechos formarán parte de la querella que están preparando Asipa y CIC y que se presentará en la Audiencia Nacional ante el indicio de nuevas irregularidades que han detectado y que no estaban contempladas en la primera querella que se presentó por CAI contra su exdirector general, Tomás García Montes, y otros dos directivos. Nuevas irregularidades que podrían suponer delitos de apropiación indebida, malversación de fondos y gestión desleal.
Además de estas operaciones, la nueva querella tendrá otros fundamentos. Según explica Gonzalo Postigo, presidente de Asipa, también se incluirá la gestión de ARCAI Inmuebles, ya que a través de las diligencias abiertas en la primera querella "recibimos un informe de 26 de octubre de 2010 de VAR Decisiones Corporate Finance realizado a las empresas ARCAI Inmuebles SA -en fase de liquidación desde principios de año-, en el que se detectan hechos muy graves de los que se derivarían responsabilidades penales que afectarían a socios y administradores".
La gestión de la empresa H & C Iniciativas de Desarrollo Urbano SA igualmente formará parte de los fundamentos de la querella, ya que "hemos sabido a través de registros de la propiedad que dispone de terrenos en Parla (Madrid), Algete (Madrid), Pastrna (Guadalajara) y Las Ventas de Retamosa (Toledo) y disponemos de información de que los precios a los que se pagaron no corresponden en absoluto con lo que realmente valían al estar afectos algunos de ellos por la huella sonora de la terminal T4 del Aeropuerto de Adolfo Suárez y estar otros en la zona afectada por un cauce del río", entre otras situaciones que ha calificado de "rocambolescas".
La querella llevará asimismo ante los tribunales la actuación de Sevilla Gestión de Suelo SL, empresa de la que "hemos analizado a través del registro de la propiedad y de la que tenemos conocimiento de una desproporcionada activación de gastos en uno de sus terrenos, concretamente los que se adquirieron a Carrocerías Gaspar", entre otras presuntas irregularidades.
Finalmente, la querella también se basará en las declaraciones realizadas en la Comisión de Investigación de las Cortes de Aragón en la que se puso de manifiesto que el jefe de Contabilidad de la entidad realizaba las cuentas de resultados "comenzando por abajo, por el resultado".
Todos estos fundamentos formarán parte de esta segunda querella contra CAI y para cuya presentación Asipa y CIC han iniciado una campaña de crowdfunding con el fin de recaudar los fondos necesarios. Inicialmente, esperan conseguir alrededor de 3.000 euros para poder presentarla, aunque todos los gastos podrían ascender a 12.000 euros.
Para esta campaña de crowdfunding se ha abierto una cuenta en Triodos Bank a nombre de la Asociación Independiente de Profesionales del Ahorro (ASIPA), que es exclusiva para la recaudación de estos fondos.
El día 2 de enero está previsto levantar el acta notarial con lo recaudado. En el caso de que el dinero recaudado excediera de los gastos que se originen con las querellas, se transferiría la cantidad sobrante a Cáritas y al Banco de Alimentos de Aragón.
