Los empresarios aragoneses consideran que el proyecto de Ley de Mutuas que se está tramitando en la actualidad en las Cortes Generales pone en riesgo la naturaleza privada de estas organizaciones centenarias al plantear el intervencionismo público que supone un proceso de socialización y nacionalización de las mismas. Además, señalan que lastra la capacidad de las empresas para generar empleo y su competitividad.
Según explican desde la Confederación de Empresarios de Aragón (CREA), el modelo de mutuas que recoge el proyecto genera un régimen económico "perverso" por el que si hay beneficios, van al Estado, mientras que si hubiera pérdidas las pagarían por derrama las empresas.
También señalan que el proyecto atribuye a los empresarios una responsabilidad jurídica que no se corresponde con su nula capacidad decisoria, que queda en manos de la Administración, y lastra, además, la competitividad y capacidad de generar empleo de las empresas.
Desde la organización empresarial recuerdan que los empresarios españoles destinan 11.300 millones de euros anuales a cubrir sus obligaciones frente a accidentes y enfermedades -laborales y no laborales- de sus trabajadores, destinándose los beneficios del sistema no a reducción de las cotizaciones empresariales o a dotar el patrimonio de las mutuas, sino casi íntegramente a los Fondos de la Seguridad Social y al Fondo de Reserva para el pago de pensiones (más de 20.000 millones de euros).
También afirman que la buena gestión realizada por los empresarios a través de las mutuas ha hecho que los distintos gobiernos hayan ido ampliando los ámbitos de colaboración de las mismas a través de los años.
Unos motivos por los que CREA entiende que, si se mantiene el texto del Proyecto de Ley, se estará poniendo en riesgo la calidad del servicio a los trabajadores y que los costes derivados de las prestaciones públicas podrían incrementarse en más de 10.600 millones al año.
Además, considera, por otra parte, que los empresarios asociados a las mutuas deben asumir su dirección y responsabilidad en base a las decisiones de sus órganos de gobierno, debiendo estar únicamente condicionados por la asignación económica que se apruebe en sus presupuestos, como corresponde a su naturaleza privada, y con la máxima transparencia, así como control y fiscalización de la Administración Pública.
Finalmente, la Confederación destaca la labor de la mutua aragonesa MAZ, que cubre a 600.000 trabajadores en España y realiza 75.000 actuaciones anuales de asesoramiento empresarial en materia preventiva, con 1.250 empleados (648 de ellos en Aragón).
