Zaragoza
La institución ha revisado 1.263 propuestas de mejora de la gestión derivadas de 50 informes de fiscalización. El sector público aragonés ha implantado total o parcialmente el 68% de las recomendaciones. Destacan el grado de implantación de las relacionadas con contratación (82%) mientras que, en menor medida, se han adoptado las de personal (43%).
La Cámara de Cuentas de Aragón ha aprobado un Informe de seguimiento de las recomendaciones incluidas en sus informes de fiscalización aprobados en el período 2012-2018, que también incluye el seguimiento del grado de cumplimiento de las resoluciones aprobadas por las Cortes de Aragón con ocasión de la tramitación parlamentaria de estos informes.
Entre conclusiones y recomendaciones de la Cámara y resoluciones de las Cortes de Aragón, el trabajo ha revisado el grado de implantación de 1.263 propuestas de mejora de la gestión derivadas de 50 informes de fiscalización.
Las entidades del sector público aragonés a las que iban dirigidas han implantado total o sustancialmente el 55% y, parcialmente, el 13%. Las recomendaciones que presentan un grado de implantación mayor son las referidas a contratación (82%), seguidas de las relativas a contabilidad y gestión presupuestaria (61%). Por su parte, las menos implantadas son las de personal (43%).
Por sectores, la Universidad de Zaragoza ha implantado total o sustancialmente el 80% de las 46 recomendaciones formuladas. Este porcentaje asciende al 89% en las recomendaciones sobre contratación y al 85% en las de contabilidad. Entre otras, destacan las mejoras en la transparencia de los procesos de selección y control de los trabajos de investigación, la aprobación de Relaciones de Puestos de Trabajo en los plazos legales y mejoras en la contratación centralizada y menor.
El sector público autonómico ha implantado el 76% de las 892 recomendaciones realizadas. Por materias, el cumplimiento de las referidas a contratación es del 85%, entre las que destacan las que han favorecido una mayor transparencia y motivación de la necesidad del contrato y de la justificación del precio. Le siguen las recomendaciones sobre contabilidad y presupuestos (73%) y las referidas a subvenciones (60%).
Del total de las recomendaciones al sector autonómico, al SALUD le corresponden 65, de las que ha implantado el 63%. Como ejemplos, la reducción significativa del saldo de la cuenta 413 (facturas pendientes de imputar a presupuesto), así como la contratación centralizada de medicamentos exclusivos.
En el caso del IASS, la Cámara de Cuentas ha formulado 39 recomendaciones con un grado de implantación del 77%, entre ellas, la que instaba a desarrollar una nueva aplicación informática para la gestión unificada de las Ayudas a la Integración Familiar.
En el organismo autónomo INAEM, este porcentaje sube al 92%. Del ámbito autonómico, las sociedades mercantiles autonómicas han implantado de media el 80% de las recomendaciones formuladas. Este porcentaje sube al 91% en SARGA. Entre las entidades de derecho público destaca el nivel de cumplimiento del 94% en el Instituto Aragonés del Agua (IAA).
Por su parte, el sector público local ha implantado el 45% de las 325 recomendaciones realizadas. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Zaragoza, ha implantado, total o sustancialmente, el 76% de las 50 recomendaciones formuladas, y parcialmente, el 18%, entre ellas, la correcta valoración contable y presupuestaria de las participaciones del ayuntamiento en sociedades mercantiles o la justificación de las necesidades de contratación.
En el caso del Ayuntamiento de Teruel, el informe recoge que solo ha implantado totalmente el 18% de las 39 recomendaciones formuladas y parcialmente el 28%. Y, de las 23 recomendaciones dirigidas a la Diputación de Huesca, se han implantado total o parcialmente el 48%, como por ejemplo la que proponía disponer de un registro de facturas. Finalmente, en la Diputación de Zaragoza, el grado de implantación es del 46%, sobre un total de 28 recomendaciones formuladas. En el caso de las comarcas, se han implantado un 46% de las 126 recomendaciones que se les han formulado.
Destaca el caso del Ayuntamiento de Caspe. Según se recoge en el informe no ha respondido al cuestionario remitido por los auditores que han realizado el informe de seguimiento, lo que ha dificultado conocer el grado de implantación de las 59 recomendaciones realizadas.
