Zaragoza
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha publicado la Orden TED/1182/2021, con las bases reguladoras y la convocatoria del primer concurso de Transición Justa en España, destinado a otorgar el acceso a la red de transporte de electricidad que se libera tras cerrar la planta de generación de la central térmica del municipio turolense de Andorra.
En concreto, este primer concurso afecta al nudo Mudéjar 400 kV, al que se enganchaba la citada central térmica. Organizado por el Instituto para la Transición Justa, adjudicará una capacidad de 1.202 MW para evacuar energía renovable, aplicando criterios ambientales y socioeconómicos que beneficien a los 34 municipios afectados por el cierre de la planta térmica.
El MITECO ha señalado en una nota de prensa que, con esta orden --cuyo borrador estuvo en información pública durante los meses de mayo y junio--, cumple su compromiso de que el Convenio de Transición Justa de Andorra-Comarcas Mineras sea el primero en desarrollarse dentro del marco de la Estrategia de Transición Justa, lo dispuesto en la Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética, y lo previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
El objetivo final es que el desmantelamiento de la central térmica de Andorra suponga "nuevas oportunidades" de desarrollo económico, social y ambiental para la zona.
Al concurso podrán presentarse proyectos formados por uno o varios módulos de generación de electricidad, que deberán utilizar fuentes de energía renovable, pudiendo incorporar instalaciones híbridas y sistemas de almacenamiento. Tendrán que estar ubicados en los 34 municipios incluidos en el Convenio de Transición Justa de Aragón, con un máximo del 20% de la superficie total en municipios colindantes.
Los promotores dispondrán de dos meses para presentar los proyectos a la Mesa de Evaluación del concurso, presidida por la persona titular de la dirección del Instituto para la Transición Justa e integrada por representantes del MITECO, el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía, la Comunidad Autónoma de Aragón y la Federación Española de Municipios y Provincias, entre otros.
Criterios
El ministerio ha precisado que en la adjudicación de proyectos se tendrá en cuenta su contribución a la Estrategia de Transición Justa. Para eso, se analizarán aspectos como la generación de empleo, tanto directo con extrabajadores de la central de Andorra y empresas auxiliares, como indirecto, considerando un porcentaje femenino, o la puesta en marcha de planes de formación para desempleados.
Además, se analizará el efecto indirecto en proyectos empresariales o industriales locales relacionados. También se valorará la existencia de planes socioeconómicos, así como acuerdos con otros productores o asociaciones locales, la promoción del autoconsumo energético para ciudadanos y empresas de la zona, o la promoción de comunidades energéticas, junto con los ingresos que se generen localmente.
Los proyectos deberán minimizar su impacto medioambiental bajo el principio de carácter excluyente de 'no causar un perjuicio significativo' (DNSH en inglés), recogido en el reglamento europeo del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
Se comprobará la madurez de los proyectos y, de forma específica, se puntuará el haber presentado los anteproyectos de las instalaciones y el haber iniciado los trámites para el estudio de impacto ambiental.
Los criterios asociados a la tecnología de generación podrán otorgar hasta 20 puntos; los de impacto socioeconómico para la zona, hasta 55 puntos; los de madurez del proyecto, hasta 15 puntos; y la minimización del impacto ambiental un máximo de 10 puntos.
Los proyectos ganadores obtendrán el derecho de acceso y conexión al nudo Mudéjar por orden de prevalencia en función de la puntuación que obtengan. Posteriormente, tendrán que seguir los habituales procedimientos de tramitación de las instalaciones para materializarlas.
El fallo de la Mesa de Evaluación, incluyendo los plazos de audiencia, de remisión de diversa información justificativa y de modificaciones y subsanación de errores, se producirá un máximo de seis meses después de que se cierre el plazo para remitir los proyectos.
Garantías
Para participar en el concurso, los promotores deberán presentar una garantía de 120.000 euros por MW de proyecto para responder del impacto socioeconómico previsto por los proyectos en la zona, que se devolverá en dos hitos.
Un tercio de la garantía se devolverá a los tres años, atendiendo a las horas de formación para desempleados, la participación de inversores locales y empresas y administraciones de la zona, y los acuerdos firmados con particulares, empresas o comunidades energéticas para desarrollar sistemas de autoconsumo con excedentes.
Los dos tercios restantes, a los seis años, en función de la generación de empleo directo e indirecto y las inversiones en servicios y bienes en la cadena de valor de la industria y los servicios locales.
El Instituto para la Transición Justa, instructor del concurso, también se encargará del seguimiento del cumplimiento de las condiciones de la adjudicación, de acuerdo con lo que se establezca en el Convenio de Transición Justa.
El ministerio ha manifestado que el nudo Mudéjar tiene una capacidad de 1.302 MW, pero sólo se sacarán a concurso 1.202 MW, reservando los 100 MW restantes para pequeños proyectos de renovables que se conecten aguas abajo, en las redes de distribución, de modo que no afecten a la red de transporte.
Buena noticia para Aragón
El vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, Arturo Aliaga, ha subrayado que el concurso publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este miércoles, 3 de noviembre, para otorgar el acceso a la red de transporte de electricidad que se libera tras el cierre de la Central Térmica de Andorra "es una gran noticia porque creará nuevas oportunidades de desarrollo económico, social e industrial en las zonas afectadas" por el cese de actividad de esa planta.
En una nota de prensa, el Ejecutivo autonómico ha explicado que se han tenido en cuenta las consideraciones que reclamaba la comunidad autónoma al incluir los 34 municipios para que los proyectos medioambientales, sociales y empresariales se extiendan por el territorio, a lo que se añade que se reservan 100 megavatios para pequeños proyectos y los 1.200 restantes para que puedan optar grandes iniciativas empresariales.
Al respecto, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha detallado que el nudo de Andorra, en la provincia de Teruel, tiene una capacidad de 1.302 MW, pero solo se han sacado a concurso 1.202, reservando los 100 MW restantes para pequeños proyectos de renovables que se conecten aguas abajo, en las redes de distribución, de modo que no afecten a la red de transporte.
Por su parte, el Gobierno de Aragón ha indicado que el BOE precisa que el objetivo de los concursos de accesos "es conseguir los mayores beneficios para las zonas de transición justa directamente afectadas por el cierre de las centrales térmicas, los trabajadores, los municipios y la población en general".
El vicepresidente y consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial ha esgrimido que esto supone que el Gobierno de España mantiene su compromiso con la zona afectada por el cierre de la minería en Aragón, siendo este el primer proyecto que se desarrolla en España.
Asimismo, demuestra que la descarbonización "genera nuevas oportunidades de desarrollo económico, social e industrial que revitalizará la economía" puesto que este proyecto "priorizará la creación de empleo, el desarrollo empresarial y la lucha contra la despoblación", una medida que cumple, a la vez, "con los objetivos de generar energía renovable y reducir emisiones", ha afirmado Aliaga.
Participación de Aragón
El Ejecutivo autonómico ha adelantado que Aragón participa en el proceso de evaluación de los proyectos que se presenten en los 34 municipios incluidos para los que ahora se abre el periodo de presentación, de dos meses, tras los cuales el fallo deberá producirse en un máximo de seis meses.
El Gobierno de Aragón ha enfatizado que los criterios de adjudicación buscan optimizar las inversiones en generación renovable en el territorio del convenio, focalizándolos en el cumplimiento de los objetivos de la Estrategia de Transición Justa y los objetivos de Reto Demográfico para que puedan ser valorados de forma objetiva y transparente.
El propósito es facilitar y fomentar la instalación de nueva generación de energía eléctrica renovable que impulse la recuperación económica y social de las zonas de transición justa afectadas por los cierres de centrales. En el proceso de selección, se tendrá en cuenta especialmente la creación de empleo, el desarrollo empresarial y la lucha contra la despoblación.
La orden publicada en el BOE está incluida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dentro del apartado 'Transición energética justa e inclusiva'. La capacidad de la zona Andorra-Comarcas Mineras ejercerá un efecto tractor sobre otras iniciativas propuestas por los agentes económicos y sociales de la zona y que han sido canalizadas a través del proceso de participación pública realizado en junio del pasado año.
La Estrategia de Transición Justa quiere potenciar los impactos positivos de la transición ecológica en la actividad y el empleo, así como minimizar sus impactos negativos, sobre todo en los municipios, como es el caso de las zonas mineras de Aragón, en los que se concentran a corto plazo, ha incidido desde el Ejecutivo regional.
Asimismo, han expuesto que el Plan de Acción Urgente "está pensado para comarcas de carbón y busca dar respuesta al cierre de explotaciones mineras", así como de centrales térmicas de carbón y centrales nucleares para el mantenimiento del empleo y la creación de actividad en esos territorios "a través del acompañamiento a sectores y colectivos en riesgo, la fijación de la población al territorio y la promoción de una diversificación y especialización coherente con el contexto socioeconómico".
Nueva potencia renovable
El propósito final es aflorar nueva potencia renovable y optimizar su potencial con la generación de beneficios socioeconómicos para las zonas afectadas por los cierres mediante concurso para su concesión. Se trata de un marco de concurrencia competitiva, que no tendría impacto presupuestario o en factura eléctrica.
Se tendrán en cuenta los objetivos del proyecto y su contribución a la Estrategia de Transición Justa, analizando aspectos como la generación de empleo para trabajadores excedentes, mujeres y jóvenes, o la puesta en marcha de planes de formación profesional para que la población local pueda participar.
También se analizará el efecto indirecto en proyectos empresariales o industriales locales y se valorará la existencia de planes socioeconómicos asociados, acuerdos con otros productores o asociaciones locales, de promoción del autoconsumo energético para ciudadanos y empresas de la zona o la promoción de comunidades energéticas.
Se tendrán en cuenta los ingresos que se generarán tanto en el municipio afectado por el cierre, como en los municipios de su zona de influencia. El proyecto deberá minimizar su impacto medioambiental bajo el principio de 'no causar un perjuicio significativo', recogido en el reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Se comprobará su madurez y, de forma específica, las inversiones previstas y su planificación, viabilidad técnica, económica y jurídica, así como su innovación, han glosado desde el Gobierno autonómico.
