Zaragoza
El Gobierno de Aragón ha dado luz verde al proyecto de ley que desarrolla y aplica la Ley 1/2021 de Simplificación Administrativa, el último paso antes del envío al Parlamento autonómico para la tramitación de esta nueva normativa que va a suponer cambios relevantes en la relación con la Administración de ciudadanos y empresas.
El objetivo de esta ley es "clarificar y aligerar las gestiones administrativas", según ha afirmado la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, en la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Gobierno.
Pérez ha agregado que esta ley es el proyecto que puede convertirse en "el sello de esta legislatura", y ha especificado que esta reforma busca "hacer ágil y útil la Administración tanto a los ciudadanos como a los inversores que quieren invertir en Aragón", para lo que se ha procedido a medidas como "la simplificación o eliminación de procedimientos o la reducción de plazos a la mitad".
La titular de Presidencia ha hecho referencia al relevante cambio de que el silencio administrativo, que hasta este momento tenía que entenderse como una negativa a lo solicitado por el administrado, ahora se convierta automáticamente en una autorización.
Además, ha mencionado que incluye un catálogo de servicios, que el ciudadano podrá consultar para "conocer los pasos que debe dar o el modelo de solicitud a presentar" y otras informaciones que la convierten en un documento "intuitivo y ágil".
Autorizaciones
Igualmente, ha detallado otras medidas como sustituir las autorizaciones o licencias previas por declaraciones responsables o comunicaciones, la reducción de plazos en la emisión de informes y dictámenes o la reducción de la documentación a aportar.
La consejera ha indicado que esta ley da desarrollo a la Ley de Simplificación Administrativa aprobada en febrero ha necesitado un largo proceso de redacción porque ha significado la derogación de 92 normas de igual o inferior rango, añadiendo que con ella se genera una labor de saneamiento del ordenamiento jurídico.
La norma promueve una mayor eficacia, dado que se trata de minimizar las cargas administrativas innecesarias o accesorias, favoreciendo las declaraciones responsables y las comunicaciones previas. En su aplicación, se tiende a la racionalización de la gestión de los recursos públicos.
El desarrollo de este proyecto de ley se vincula de manera directa con la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica, aprobada en junio de 2020 y que subraya en diversos artículos la necesidad de conseguir mayor agilidad en la actividad administrativa.
