Aragón

Aragón aprueba el proyecto de Ley de Modernización de la Agricultura Familiar y de Patrimonio Agrario

Zaragoza

El Gobierno de Aragón ha aprobado el proyecto de Ley de Protección y Modernización de la Agricultura Familiar y del Patrimonio Agrario de Aragón, como paso previo a su remisión a las Cortes para su debate.

La ley pretende dar respuesta al desafío de la globalización de los mercados agrarios, estableciendo criterios para la definición de un modelo de agricultura familiar de suficiente dimensión como para resultar competitivo, y estableciendo prioridades para un apoyo público específico que aseguren su protección en los diferentes ámbitos de actuación de la administración autonómica.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, ha resaltado que "este proyecto de ley es la iniciativa legislativa más ambiciosa, que en materia agraria se ha promovido desde el Gobierno de Aragón".

Ha agregado que esta iniciativa "es imprescindible proteger la agricultura familiar porque está en serio peligro" y "una herramienta fundamental de lucha contra la despoblación porque que nuestros pueblos sigan siéndolo es imprescindible mantener no la agricultura y la ganadería en general sino el modelo familiar en particular".

Ello, ha apuntado Olona, "es absolutamente determinante y esa es la razón fundamental de esta ley que pretende ser una demostración de que el apoyo al modelo familiar y profesional que hacemos desde el Gobierno no es retórico sino que es real, se expresa a través de la iniciativa legislativa y del presupuesto".

La segunda razón es que la propia naturaleza de la agricultura faniliar "limita seriamente las ganancias de los agricultores y ganaderos que presentan una brecha de renta muy significativa con rescpecto al resto de los ciudadanos y, por lo tanto, requieren de ese apoyo especial".

El tercer motivo es que los más de 1.500 jóvenes que se han incorporado en los últimos cinco años lo han hecho a este modelo de agricultura. "Si los jóvenes están apostando y les estamos apoyando para que se incorporen al modelo familiar debemos proteger este modelo", ha apostillado Olona.

Otra de las razones es que la agricultura familiar está perdiendo peso en términos económicos, ha referido el consejero: "Es muy preocupante como en términos de producción y renta va perdiendo peso el modelo familiar frente al modelo corporativo que tiene muchas más posibilidades de prosperar en base a su mayor capacidad de inversión, a su mayor facilidad para acceder a la teclolgía, a la digitalización".

Asimismo, Joaquín Olona ha manifestado que "la ley define qué es agricultura familiar y lo hace respetando y teniendo muy en cuenta la pluriactividad".

Se pretende proteger a la agricultura familiar poniendo a su disposición y de manera preferente todas las políticas públicas, en el ámbito de las estructuras productivas agrarias, tales como los regadíos las concentraciones parcelarias y la gestión del propio patrimonio agrario de la Comunidad Autónoma, regulados en estos momentos por marcos legales con una antigüedad de entre 30 y 50 años, diseñados en su momento para un sector agrario que nada tiene que ver ya con el actual.

46 artículos

El proyecto de ley, a lo largo de sus 46 artículos y de sus disposiciones transitorias, derogatorias y finales, plantea una actualización muy significativa en los enfoques de las principales políticas públicas del sector, priorizándolas en su conjunto hacia el modelo de agricultura familiar, pero también, incidiendo de forma notable en la adaptación del marco normativo a la realidad social del sector, así como al aseguramiento de la sostenibilidad económica y ambiental de las producciones, en línea con las sensibilidades y requerimientos del resto de los ciudadanos hacia este sector.

Para todo ello, plantea una nueva regulación en cuanto a planificación, financiación y gestión del agua en actuaciones en el ámbito del regadío de modo que, partiendo del liderazgo de las propias comunidades de regantes, se asegure la sostenibilidad tanto el plano económico como en el ambiental, con la intención de que esta política siga siendo una herramienta útil en la fijación de la población en el medio rural.

También establece una nueva regulación en materia de reordenación de la propiedad de las tierras, adaptándola a la situación actual, en cuanto a la cada vez más marcada dicotomía entre propietario y cultivador.

Por último, modifica la estrategia de gestión del importante Patrimonio Agrario propiedad de la Comunidad Autónoma, preservando la propiedad pública del mismo a modo de banco de tierras y estableciendo procedimientos ágiles que le hagan contribuir de manera eficaz a la incorporación de jóvenes al sector y al incremento de la renta agraria, fomentando la creación y consolidación de explotaciones vinculadas al modelo de agricultura familiar social y económicamente viables.

La aprobación del proyecto de Ley por el Gobierno de Aragón es un paso previo para su tramitación, mejora y enriquecimiento del texto en las Cortes que deberán decidir sobre su aprobación final.

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