Aragón

Las empresas del sector de servicios sociales denuncian discriminación por parte del Gobierno de Aragón

  • Podría ser la estocada definitiva para algunas de estas empresas
  • ARADE va a dar un paso más y, con el apoyo de CEPYME Aragón, va a presentar un recurso ante el TSJA en contra de esta nueva orden
Zaragoza

La Asociación Aragonesa para la Dependencia, ARADE, y la Asociación de centros de Asistencia y Servicios Sociales de Aragón, ACASSA, con el apoyo de CEPYME Aragón, han denunciado el agravio y discriminación que supone para las empresas del sector la Orden que regula la acción concertada en materia de prestación de servicios sociales en la comunidad aragonesa.

Las empresas dedicadas al cuidado de las personas mayores en la Comunidad Autónoma de Aragón han denunciado que no solo no están siendo apoyadas por el Gobierno de Aragón tras el "durísimo año" al que han tenido que hacer frente con sus propios recursos y sin ningún tipo de ayuda pública, sino que además ahora se enfrentan a una normativa que las puede dejar fuera de la contratación con la Administración.

El motivo no es otro más que la Orden CDS/124/2021 que regula la acción concertada en materia de prestación de servicios sociales de Aragón, publicada ayer en el Boletín Oficial de Aragón, que excluye a las entidades privadas mercantiles.

Las asociaciones empresariales señalan que "las mismas empresas que generan riqueza, puestos de trabajo no deslocalizables y que llevan todo un año luchando por salvar vidas, ahora ven así recompensados todos sus esfuerzos, dejándolas fuera de cualquier colaboración con la Administración autonómica".

En este sentido, recuerdan que Aragón es la única autonomía de España que, con esta Orden, excluye simplemente por su forma jurídica a las empresas del sector que llevan toda la vida trabajando y dando servicio a las personas mayores.

En la comunidad aragonesa, el 75,55% de las empresas del sector son pymes y "merecen que se respete su trabajo, sin embargo, lejos de ser apoyadas, la Consejería de Ciudadanía lleva años faltando a la verdad y negando hechos que el tiempo ha corroborado", inciden.

Las asociaciones ponen de manifiesto que el propio Tribunal de Justicia de Aragón en junio de 2020 declaró la nulidad de pleno derecho de la Orden CDS/2042/2017, orden que ha sido sustituida por la publicada en el BOA del día 15 de marzo, CDS/124/2021, que se reitera en todos sus términos y perpetúa la discriminación a la que están siendo sometidas las empresas por el mero hecho de serlo.

"En una Comunidad en la que la inversión privada, el mantenimiento y la creación de nuevos puestos de trabajo es en estos momentos vital para poder superar la crisis económica ocasionada por la pandemia, el sector reclama que las empresas sean tratadas con la deferencia que se merecen. Entre todos se está remando en una misma dirección, facilitando que las personas mayores dispongan de los servicios que necesitan ahí donde viven, en su ciudad, en su barrio, en su pueblo", añaden.

Precisamente, ARADE va a dar un paso más y, con el apoyo de CEPYME Aragón, va a presentar un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón en contra de esta nueva orden que "vuelve a suponer un varapalo para sus empresas".

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