Zaragoza
Un año después del estado de alarma por la pandemia por la covid-19, muchos negocios y autónomos se han visto abocados al cierre y la desesperación, siendo las pymes y los trabajadores por cuenta propia los grandes perjudicados y el sector "olvidado" según las organizaciones empresariales, a pesar de suponer el 99,9% del tejido empresarial. Pero, ¿qué medidas necesitan para hacer frente a la situación?
Un total de 30 propuestas articuladas en cuatro ejes -personas, empresas, reactivación económica transversal y administración-, han sido planteadas desde Cepyme Aragón, en coordinación con CEOS-CEPYME Huesca y CEOE Teruel, con el fin de favorecer el sostenimiento de las pequeñas y medianas empresas y el empresariado autónomo en el corto, medio y largo plazo.
En el ámbito de las personas por cuenta ajena (empresas), una de las principales medidas que se demandan es la prórroga de ERTES hasta seis meses después de la finalización de los efectos del estado de alarma, además de la ampliación de los CNAES contenidos en el Anexo del RD 2/2021 de 26 de enero para la exoneración en la cotización a la Seguridad Social de los sectores o actividades con estacionalidad tanto en los casos de prórroga de ERTE FM como en los ERTE ETOP.
En este eje relacionado con las personas, las demandas también se centran en el establecimiento de una renta mínima de subsistencia para toda aquella actividad empresarial, esencial y no esencial, que sea desarrollada por una persona que se haya visto abocada al cierre.
La eliminación del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y el desarrollo de la Ley de Segunda oportunidad vinculada a la viabilidad empresarial son otras medidas necesarias y a las que se suma la adaptación de la normativa vigente en esta materia y su adecuada promoción para constituirse como una herramienta eficaz para el empresario.
En el ámbito de las empresas, las principales demandas se concentran en la concesión de ayudas directas y en la compensación económica a todas las actividades para la alteración de las condiciones de mercado en los últimos 12 meses. También se apunta la necesidad de la compensación por inversiones y gastos en equipamiento contra la covid-19, comprendiendo el suministro de guantes, mascarillas, batas de protección, mamparas o desinfectantes, entre otras acciones.
En este apartado, igualmente, se engloban los gastos corrientes de mantenimiento del establecimiento como los alquileres, electricidad, suministros de gas y agua, conexión a Internet y sistemas de alarmas, entre otros, así como los gastos derivados de la adecuación a nuevos protocolos de PRL.
Las medidas incluyen a su vez la compensación en un importe equivalente del 75% de los sueldos de las empresas que acrediten estar afectadas en el sector y siempre con el compromiso de mantenimiento de la plantilla, medida que se ha puesto en marcha en Dinamarca.
Este bloque de medidas para empresas abarca otras acciones como la exención del IAE a aquellas entidades limitadas en su actividad por el estado de alarma; la ayuda directa en concepto de compensación por día de cierre o limitación de actividad, y el acceso, codiseño y ejecución de un programa de diagnósticos de viabilidad empresarial para acceso a las ayudas públicas basado en la excelencia sobre tres pilares, que se corresponden con la sostenibilidad, digitalización y capacitación, ligando todo ello con la reinvención empresarial y la segunda oportunidad.
Finalmente, se reivindica liquidez y acceso al crédito; articular herramientas para facilitar la financiación de las pymes y del empresariado autónomo mediante aportaciones o formas de participación en el capital de las mismas mediante créditos participativos para reforzar sus balances; la ampliación del período de carencia de los créditos ICO e incremento del plazo de los mismos, pasando de seis a diez años; garantizar la cadena de pago a todos los niveles obligando a acreditar el pago a proveedores por la Administración y apostar por las fusiones, como alianza estratégica para sobrevivir ganando dimensión de empresa.
Reactivación económica
Otro grupo de medidas se centra en la reactivación económica transversal. En este caso, las organizaciones empresariales reivindican el fomento del consumo local, apostando por los sistemas de bonos-consumo, así como por universalizar estos sistemas a nivel regional.
También se aboga por incentivar la actividad de los sectores más damnificados devolviendo el IVA soportado al consumidor final para gastarlo posteriormente en compras de esos mismos servicios.
Otras medidas están relacionadas con reivindicar el factor geográfico (cercanía) como valor añadido de la actividad y el desarrollo de planes específicos de contingencia y reactivación para sectores y subsectores no esenciales e igualmente afectados.
Administración
En el cuarto bloque de medidas, las acciones se centran en los impuestos y tasas con la exención de impuestos y tasas obligatorias proporcional a los días de cierre o afección a las actividades empresariales, comprendiendo el IBI o tasas municipales, entre otros tributos, y la condonación de la cuota de autónomos de manera inmediata hasta 60 días desde la finalización de los efectos del estado de alarma.
La moratoria en el pago del IRPF 2020 de doce meses con posibilidad de aplazamiento posterior del mismo hasta 12 meses adicionales sin recargo y la revisión del criterio de caja y el establecimiento de las medidas oportunas para conseguir un sistema efectivo de diferimiento del ingreso del impuesto hasta el cobro de facturas (criterio de caja- IVA) son otras de las medidas que contribuirían a aliviar a las pymes y autónomos.
El documento elaborado por las organizaciones incluye otras medidas como la articulación de un sistema flexible y ágil de compensación o de formas transaccionales de pago de aquellas deudas de carácter público (Seguridad Social y Hacienda, fundamentalmente), y la aceleración en el pago de devoluciones tributarias con aplicación de fórmulas de corrección para las que se realicen fuera de plazo.
Otras medidas que se demandan incluyen deducciones, bonificaciones y beneficios fiscales e incluir inmuebles y terrenos afectos como inversión en las deducciones por actividades de investigación y desarrollo, así como incrementar los porcentajes de deducciones por la creación de empleo y formación y aumentar las bonificaciones fiscales existentes por mantenimiento de empleo durante los años 2020 y 2021.
El paquete de medidas 'salvavidas' contempla más medidas como la simplificación administrativa y reconsideración de la Administración electrónica y a distancia actual, así como el sistema de citas previas existente. A ellas se suman el establecimiento de auditorías o fórmulas de control internas o externas, como herramienta para agilizar resoluciones económicas administrativas a cargo de la Administración.
Las organizaciones empresariales también ponen el foco en la simplificación del acceso actual a la Administración de Justicia por parte de las empresas evitando la aportación física de documentación prescindible y en el ámbitos como el de la energía y carburante para vigilar y tener un control de mercado para las variaciones sustanciales de precios de la energía, con especial mención a la electricidad, el gas y el carburante, necesario para el desarrollo de la actividad empresarial.
Las medidas se completan con más acciones centradas en garantizar que las modificaciones de contratos de potencia eléctrica por adecuación a la nueva situación, sean sin coste, durante el año 2021, y en el reintegro del importe equivalente al 50% del IVA soportado de los carburantes por las empresas, hasta 60 días desde la finalización de los efectos del estado de alarma.
En relación a la contratación pública y Ley de Morosidad, se incide en la aplicación a la Administración Pública de los intereses por mora previstos en la Ley de Prevención de Morosidad y en hacer llegar el cumplimiento de la Ley de Prevención de Morosidad a la gran empresa respecto a las deudas comprometidas, con aplicación en su caso de sanciones por incumplimiento en relación a las deudas de ésta con pymes y empresariado autónomo.
Igualmente, se insiste en la recuperación de las fórmulas de certificación de créditos contra la Administración por contratación pública, como documento negociable ante las entidades financieras, para el acceso al crédito, así como el reconocimiento y desarrollo de la Ley del Diálogo Social mediante el apoyo claro y decidido de todas las instituciones al tejido asociativo aragonés como actor principal de representación, promotor de las empresas y colaborador activo para la planificación de la formación empresarial.
El documento se cierra con dos medidas más relacionadas con la participación activa del empresariado aragonés a través de los agentes sociales en la planificación estratégica de los sectores y territorios afectados especialmente por la pandemia y con la creación de mesas de trabajo activas de la Administración con los diferentes subsectores afectados que necesitan hacer previsiones para el reinicio de sus actividades como es el caso de orquestas, extraescolares, empresas culturales o de ocio, entre otras.
