Zaragoza
Los planes de gestión de Red Natural propuestos por el Gobierno de Aragón carecen de instrumentos de gestión financiera en forma de partidas presupuestarias concretas, previstas para indemnizar o compensar económicamente a los propietarios de terrenos y titulares de derechos previamente consolidados que se verán afectados.
Esta conclusión se extrae tras haber finalizado el período de información pública abierto por el plazo de un mes durante el que se han podido presentar alegaciones -mediante su publicación en el Boletín Oficial de Aragón del proyecto de Decreto del Gobierno autonómico- por el que se declaran las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y se aprueban los planes de gestión de estas ZEC y de las Zonas de Especial Protección para las AVES (ZEPA), ambas figuras contempladas en la Red Natura 2000.
En concreto, se han propuesto y publicado 407 planes y se ha anunciado una previsión de inversión de más de 619 millones de euros para el período 2020-2021 con cargo al Marco de Acción Prioritaria.
Sin embargo, tras finalizar el período de alegaciones, se observa que los planes adolecen de los instrumentos de gestión financiera en forma de partidas presupuestarias concretas, previstas para indemnizar o compensar económicamente a propietarios de terrenos y titulares de derechos previamente consolidados que se verán afectados tal y como se exige en la legislación estatal y europea.
"Sorprende que, siendo Aragón una de las comunidades Autónoma de España que arrastran un retraso de más de 15 años en la declaración como ZEC de las LIC, propuestas en su día a la Comisión Europea, así como de los Planes de Gestión para estas figuras y para las ZEPA, no se hayan tenido en cuenta las exigencias que marca la Directiva 92/43/CEE y la legislación estatal que la traspone", en lo que se refiere a su financiación, según explica la abogada experta en Medio Ambiente, Pilar Martínez.
En la actualidad, Aragón cuenta con un 28% de su territorio bajo la figura de protección ecológica Red Natura 2000, aproximadamente 13.600 kilómetros cuadrados, que abarcan 531 municipios de 33 comarcas de las provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza. En estos espacios se incluyen terrenos, bienes e intereses de titularidad privada, cuyo uso se verá restringido por estas figuras.
La abogada explica que constituye una exigencia legal, consolidada además jurisprudencialmente, que los citados planes de gestión han de contemplar partidas presupuestarias para su correcta financiación, en concreto, para afrontar las indemnizaciones y compensaciones por las limitaciones que se imponen a los bienes y derechos consolidados de los particulares.
Con frecuencia, "estos planes hacen recaer de manera individualizada, sobre los patrimonios privados, el coste de atender al interés público de la conservación medioambiental, haciendo así insostenible prácticamente cualquier actividad económica en esos ámbitos territoriales, sobre todo, cuando se suma la carencia o la pobreza de medios tecnológicos", ha añadido la abogada. En el caso de Aragón y, una vez examinadas las propuestas de financiación, "nada concreto se dice al respecto, más allá de una genérica referencia al marco de Acción Prioritaria (MAP) para el período 2021-2027".
En la comunidad aragonesa, tanto la ganadería como la agricultura son dos sectores económicos clave, siendo además actividades que se desarrollan en el entorno rural y que se han visto esenciales para el sostenimiento de la población durante el estado de alarma.
De este modo, "incluso razones de utilidad pública e interés social, exigen facilitar la actividad económica rentable en el medio rural, para lo cual es imprescindible racionalizar, las hasta ahora excesivas normas de protección medioambiental y, en todo caso, contemplar las pertinentes compensaciones por las trabas impuestas en un ámbito y actividad, que constituye medio de vida para muchas personas".
Pilar Martínez aboga en este sentido por compatibilizar la preservación del medio ambiente con el derecho al desarrollo socioeconómico del ámbito rural. "Para ello, es preciso basar la declaración de estas figuras de protección y las medidas que se adopten en los planes de gestión en estudios técnico-científicos rigurosos y en el estricto cumplimiento de la ley, sin aprobar desmedidas y muy gravosas limitaciones, a veces inútiles e incluso contraproducentes y, desde luego, dotando de instrumentos de financiación, que compensen a los afectados en esa 'España vacía', debiendo considerarse las necesarias compensaciones o indemnizaciones como el primer coste de la conservación".
"Es la única forma -añade la abogada- de lograr que, quienes hasta ahora han contribuido a la conservación del medio que ahora queremos proteger, se sigan sintiendo involucrados en ello, sin olvidar, que este entorno se ha manifestado como una excelente alternativa para numerosos ciudadanos en las difíciles circunstancias que vivimos con motivo de la pandemia".
