Aragón

Ayuntamiento de Zaragoza y Colegio de Abogados asesorarán a propietarios afectados por la ocupación de viviendas

Foto: Daniel Marcos
Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza y el Colegio de Abogados de Zaragoza suscribirán en breve un convenio por el que se ofrecerá asesoramiento a los propietarios de inmuebles que hayan sido objeto de ocupación por terceras personas.

El consejero municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, ha informado de este próximo convenio que está especialmente orientado a que las personas más vulnerables tengan asesoramiento legal ante el fenómeno de la ocupación de viviendas, que en el estado de alarma y durante el pasado verano "ha sido una preocupación de la ciudadanía en el conjunto de España".

En rueda de prensa, Víctor Serrano ha explicado que el Gobierno de Zaragoza está trabajando en un convenio por el que el Colegio de Abogados prestará asesoramiento a los propietarios y comunidades de propietarios, pero no a entidades bancarias; será social y se centrará en zonas de la ciudad donde hay problemas como en el entorno de la calle Pignatelli, en el Caso Histórico, ha citado.

Se centrará en las familias vulnerables porque el convenio determinará asesoramiento legal ante casos de "usurpación o allanamiento" y el Colegio de Abogados prestará asistencia gratuita cuando los afectados que no dispongan de medios tengan que acudir a la vía judicial para defender su derechos.

"La ocupación atenta contra el derecho a la vivienda y el derecho a la intimidad y es un fenómeno que puede degradar la ciudad", ha subrayado Serrano.

Ha precisado que se podrán acoger vecinos del término municipal de Zaragoza y se habilitará un teléfono, una página web con información y asesoramiento para saber los pasos a dar que permita recobrar la vivienda. "Es útil para todos los ciudadanos de la ciudad y no solo para focos concretos".

El Colegio de Abogados hará informe trimestral del tipo de consultas realizadas y los casos de ocupación y así se sabrá la efectividad real, además de disponer datos para adoptar otro tipo de medidas, ha concluido Serrano.

Debate

Este convenio lo ha avanzado Serrano durante el debate de una moción de Vox, que se ha aprobado con el apoyo de PP y Ciudadanos y el rechazo de Podemos y ZeC, además de la abstención del PSOE en la que se insta al gobierno municipal a favorecer la asesoría legal frente al fenómeno de la "okupación", entre otros aspectos.

El portavoz del grupo municipal de Vox, Julio Calvo, ha dicho que resulta insólito que el Ayuntamiento de Zaragoza no ofrezca protección y ayuda a las víctimas de la ocupación de sus viviendas, cuando en su calidad de propietarios de inmuebles que contribuyen con sus impuestos al bien común y al sostenimiento de sus instituciones, además de sufragar otros servicios.

"En justa reciprocidad, la ciudad debería apoyarles y defender sus derechos conculcados, ofreciéndoles o contribuyendo a ofrecerles seguridad jurídica", ha dicho.

La concejal de Podemos, Amparo Bella, se ha opuesto a la iniciativa de Vox y ha defendido que "por encima" del derecho constitucional a la propiedad está el derecho a la vivienda.

Pasear por la ciudad

El portavoz de ZeC, Pedro Santisteve, ha criticado la política de vivienda del Gobierno PP-Cs y ha pedido aumentar la vivienda social de alquiler.

El consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha dicho que el problema de la ocupación afecta más a las clases más desfavorecidas y ha instado a los grupos de la izquierda que se paseen por zonas del Casco Histórico.

La concejal del PSOE, Inés Ayala, ha dicho que hay dos nuevas instrucciones del Ministerio del Interior que son un instrumento de celeridad para que la policía puede intervenir en un caso de allanamiento y usurpación. Ha observado que la casuística es muy pequeña y se pueden resolver los casos muy rápidamente de las dos nuevas instrucciones del Ministerio del Interior y con el Código Penal.

Ha defendido reponer, junto con el Gobierno de Aragón, la oficina de intermediación para familias y colectivos vulnerables. Asimismo, ha aportado el dato de que la vivienda social en España está al 2,5 por ciento frente al 15 por ciento europeo.

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