Zaragoza
El portavoz del grupo municipal de Podemos en el Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, ha dicho que restan menos de 48 horas para ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo que ratifica la del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) para que "se elabore un nuevo pliego de la contrata del autobús urbano o se municipalice el servicio".
Rivarés ha explicado que la sentencia del Supremo del pasado 10 de junio, y que ratifica la del TSJA, anula dos cláusulas del pliego del concurso de 2013 y establece un plazo máximo para su ejecución que vence este jueves, 17 de septiembre. Las dos cláusulas que anula la sentencia son la exigencia de tener solvencia técnica y ser una sociedad anónima para presentarse al concurso por lo que en su día fue recurrida por la cooperativa de trabajadores que optaba a la adjudicación, que recayó en Avanza, actual gestora del transporte de autobús.
"Las dos cláusulas anuladas significan que el pliego no sirve y la adjudicación actual no es válida y hay que hacer otro pliego nuevo", ha resumido el portavoz del grupo municipal del Podemos.
En rueda de prensa, Rivarés ha indicado que la sentencia dice que la cooperativa de trabajadores "fue seriamente perjudicada en sus derechos y deben ser resarcidos". Al respecto, ha citado un informe de la Cámara de Cuentas de Aragón que cifra en 48 millones de euros la cuantía para indemnizarla por quedar excluida de la gestión de un servicio público porque "se pretendía que en concursante único fuera Avanza", ha opinado.
La cooperativa de trabajadores no ha renunciado jurídicamente a la indemnización y esa posibilidad existe, aunque "son buenos ciudadanos", ha apreciado Rivarés.
"Anula"
A su parecer, esta sentencia "anula" en contrato del autobús urbano y se tendría que proceder a una concesión prorrogada hasta que se decida "algo" por el alcalde, Jorge Azcón, este jueves, fecha final de cumplimiento de la sentencia.
Rivarés ha recalcado que se abre una vía para hacer un nuevo pliego de presentación de propuestas para que "no solo concurra Avanza porque viola el principio de libertad de empresa y también permite buscar otro modo de gestión, que sería directa por parte del ayuntamiento y sin intermediarios".
Ha comentado que, en la actualidad, el servicio del autobús urbano "se mantiene como negocio y es perjudicial para la ciudad porque la sentencia dice que es un servicio público esencial y no es un negocio y no puede ser tratado como tal, sino como servicio público".
Asimismo, ha añadido que la sentencia dice que "la justicia no es justa ni eficaz si no hay inmediatez en su aplicación" y acaba el plazo el 17 de septiembre, ha recordado.
A su parecer, el alcalde Azcón intenta "inútilmente ganar tiempo porque el recurso de la empresa ante el Tribunal Constitucional no tiene visos de ser admitido a trámite". Se ha preguntado "qué derecho constitucional de la empresa se ha violado, sino mas bien de la cooperativa de trabajadores".
Dialogar
Al respecto, ha asegurado que se admita a trámite o no el recurso de la empresa ante el TC "no varía el plazo de ejecución de la sentencia", que vence en 48 horas.
Rivarés ha advertido de que si desde el Gobierno de la ciudad redacta un nuevo pliego para la gestión del autobús "ya pactado o hablado con alguien se incurrirá en el mismo delito de 2013, que ha condenado el TSJA. Por ahora, no hay alternativa, ni pliego y peligra el servicio de autobús".
En el caso de que se elabore un nuevo pliego ha considerado que "debería dialogarse con los grupos municipales porque nacería de una sentencia del TSJA".
El portavoz de Podemos en el Ayuntamiento ha alertado de que desde el día 17 de septiembre "está en peligro" el servicio de autobús porque opera con un pliego que "no tiene validez y una empresa que ya no es la concesionaria", aunque se ha mostrado seguro de que seguirán circulando los autobuses por la ciudad.
"No creo que en 48 horas abran un proceso de municipalización. Durante meses se incumplirá la sentencia poniendo en riesgo el servicio del autobús publico", ha aventurado.
Asimismo, ha estimado que éticamente el pliego es "impresentable" y ha instado al Gobierno de Zaragoza a cumplir la sentencia y si no, se tendría que haber recurrido judicialmente, ha concluido.
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