Un informe realizado por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) refleja que las entidades locales de la comunidad aragonesa recibirían alrededor de 191 millones de euros por la cesión de los remanentes.
El remanente máximo que podría ser prestado en Aragón asciende a 608 millones de euros. Una cantidad de la que alrededor de 312,22 millones de euros se correspondería con las entidades locales de Zaragoza, mientras que el remanente máximo que podría ser prestado desde Huesca asciende a cerca de 167,18 millones de euros. Por su parte, esta cuantía es de 128,61 millones de euros en el caso de Teruel.
Con este remanente, el estudio calcula que el importe mínimo de las transferencias de la Administración General del Estado por haber prestado se elevaría a 191,50 millones de euros en Aragón.
Dentro de la comunidad aragonesa, las entidades locales que más fondos recibirían son las de Zaragoza, mientras que las de Teruel serían las que percibirían las menores cantidades.
Teniendo en cuenta el remanente máximo que podría ser prestado, el informe ponen de manifiesto que el importe mínimo de las transferencias a recibir en el caso de las entidades locales de Zaragoza sería de 98,16 millones de euros. Una cantidad que se sitúa en 52,94 millones de euros para Huesca y de 40,40 millones para Teruel.
En el conjunto de España, Aragón se situaría en una posición intermedia por transferencia de fondos a las entidades locales. Los municipios que más dinero percibirían serían las entidades locales de Cataluña y Andalucía con una transferencia de más de 770 millones y 730 millones de euros, respectivamente. En lado opuesto, se sitúa Ceuta, que recibiría unos cinco millones de euros.
El informe, que tiene en cuenta la información de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local e INE, recoge que las entidades locales de España tenían alrededor de 14.852 millones a cierre de 2019 depositados en bancos, que estarían cobrando unos 70 millones en intereses negativos. Además, ese importe es prácticamente indisponible, según la Ley de estabilidad presupuestaria vigente desde 2012.
Teniendo en cuenta los datos de este estudio, ganarían todos si los municipios y diputaciones prestan ese montante al Estado: las entidades cobrarían un interés positivo mínimo del 0,05% anual por el préstamo a 15 años, y participarían del Fondo de 5.000 millones, mientras que el Gobierno de España financiaría a largo plazo una parte de las ayudas públicas para la recuperación.
Un pacto
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han instado a los partidos políticos a acercar posturas para financiar de la forma más eficaz el ingente gasto público que se requiere para apoyar a familias, empresas y sectores económicos tras la pandemia. En esta línea, abogan por un pacto de Estado.