Zaragoza
Las Cámaras de Comercio, Industria y Servicios de Huesca, Teruel y Zaragoza han elaborado una batería de propuestas económicas, laborales, tributarias y sectoriales orientadas a combatir los efectos del actual escenario de crisis y asentar el futuro económico de Aragón y España. El documento incluye medidas paliativas para que se encaren las necesidades de los sectores productivos y reformas estructurales.
Dentro de las medidas paliativas, las Cámaras aragonesas abogan por garantizar la protección sanitaria de los agentes económicos para lo que proponen que se facilite la adquisición de equipos y productos de desinfección y la cartelería que acredite dichas medidas de protección e higiene, así como la realización de test de la COVID-19 a los trabajadores. La aprobación de planes de ayuda y asesoramiento para adaptar los puestos de trabajo a estas nuevas medidas de protección laboral, son otras de las ideas en este sentido.
Además, para mejorar la posición de liquidez de las empresas, las Cámaras estiman que la administración debe acelerar los pagos a proveedores de servicios y contratas, incluir los locales de actividad empresarial de los autónomos dentro de la moratoria de deuda hipotecaria y la suspensión de alquiler y eximirles del pago de los términos fijos de las facturas de energía y agua.
También proponen aumentar hasta un 25% del PIB la línea de avales presentada por el Estado y complementarla con préstamos participativos a través de SODIAR y SUMA TERUEL.
En materia laboral y tributaria, se indica la reducción del IAE y del IBI asociado a los locales comerciales con actividad para los ejercicios 2020 y 2021, la bonificación de las cuotas a la seguridad social para autónomos y trabajadores, así como bonificaciones fiscales a la creación de puestos de trabajo después del estado de alarma.
Asimismo, se incide en extender los ERTEs por fuerza mayor por un período temporal superior al vigente, flexibilizando las condiciones en cuanto al mantenimiento del empleo en los seis meses siguientes. El impulso de políticas activas de empleo para la reconversión profesional de los colectivos más afectados y la aprobación de un Plan para facilitar el teletrabajo en las empresas, son otras de las medidas que se proponen.
Considerando el turismo, la hostelería y el comercio minorista como los sectores más golpeados por la crisis, las Cámaras abogan por crear de planes sectoriales de apoyo, campañas para incentivar el turismo interno de los aragoneses, ayudas a las empresas exportadoras, y programas para reactivar la demanda de bienes de consumo duradero en sectores estratégicos para Aragón.
Reformas estructurales
El documento de Cámaras recoge una serie de reformas estructurales, que se articulan en siete apartados relacionados con procedimientos administrativos, inversiones, capital humano, fiscalidad, apoyo a la pyme, infraestructuras y cambio climático.
En simplificación administrativa, se propone la disminución de cargas y plazos administrativos; la creación de una ventanilla única para agilizar la tramitación de expedientes relacionados con la apertura e inspección de las empresas y facilitar los trámites para la puesta en marcha de inversiones productivas.
Por su parte, para fomentar la inversión, se pone el foco en las ayudas para la digitalización de las empresas, la consolidación del comercio y la industria 4.0 y los incentivos para la renovación del parque de equipamiento tecnológico.
En el ámbito del capital humano, el documento recoge el desarrollo de formación acorde a las nuevas necesidades potenciando el diálogo entre empresa y universidad; contar con experiencias formativas en un modelo Triple Hélice en el que colaboren empresas, centros de formación y Gobierno de Aragón, la definición de una vinculación flexible entre la empresa y el alumno en el marco de la formación dual e implementar planes de formación continua y ocupacional sectorializados.
Otras medidas relacionadas con el capital humano están relacionadas con potenciar los planes de retorno de talento e impulsar un plan de retención del talento joven y con adaptar los niveles educativos y la formación profesional a las demandas futuras de perfiles en las empresas como consecuencia del reto tecnológico.
En materia de fiscalidad, el documento recoge la simplificación del sistema fiscal para hacer posible una rebaja de los tipos marginales del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades, la eliminación o reducción de aquellos tributos que distorsionan la competitividad, como el IRPF (tramo autonómico), Patrimonio, Sucesiones, o impuestos propios, y la aprobación de un esquema de subsidios salariales, a semejanza de los modelos británico, francés o estadounidense.
También se propone la intensificación de la lucha contra el fraude fiscal, potenciando la independencia y recursos de la AEAT, y la adaptación de la fiscalidad en el medio rural como medida contra la despoblación.
En materia de impulso y reorientación de la actividad de pymes y autónomos, se apuntan medidas como la orientación y asesoramiento empresarial; las fórmulas de colaboración de empresas en aspectos como la gestión, compras, innovación, promoción, comercialización; el apoyo a las empresas en el ámbito de la responsabilidad social; el apoyo en la toma de decisiones para el impulso o reorientación de la actividad de la empresa a través de Planes de Competitividad y el impulso a los planes de relevo generacional.
Las infraestructuras también forman parte de las reformas estructurales con propuestas como la finalización de las autovías del Pirineo, Huesca-Lérida A-21 y Mudéjar A-23; la ejecución de la Travesía Central de los Pirineos, la línea del Canfranc y el Corredor Cantábrico-Mediterráneo; la mejora y acondicionamiento de las carreteras autonómicas; la promoción de un modelo mixto de gestión público-privado para la especialización de los aeropuertos; el impulso a las obras hidráulicas; el acceso a banda ancha y cobertura móvil en todo el territorio, y el impulso de la unión de las estaciones de los valles del Aragón y Tena.
Y, finalmente, en el cambio climático, las medidas de las Cámaras aragonesas pasan por fomentar la electrificación de los procesos en el sector del transporte e industrial mediante una línea de ventajas fiscales para proyectos de inversión, un plan autonómico y municipal de desarrollo de puntos de recarga de vehículos eléctricos, y un programa de inversiones en infraestructura ferroviaria de mercancías.
También se aboga por mejorar la eficiencia energética en el sector residencial a través de la electrificación de los equipos domésticos y de suministro, las herramientas de control de gasto energético, el uso de la biomasa en zonas rurales donde la calidad del aire no sea un problema y la concienciación del consumidor, entre otras.
