Aragón

El PAR defiende que los ayuntamientos decidan a qué destinar sus ahorros

Zaragoza

El Partido Aragonés afirma que no permitirá que el Gobierno expropie los ahorros de los ayuntamientos para pagar las obligaciones del Estado.

El Partido Aragonés ha mostrado su oposición a que el Gobierno central use los ahorros de los ayuntamientos, que han limitado su capacidad de gestión durante años, para financiar las actuaciones que le corresponden al Estado, con la excusa de la crisis sanitaria.

El Secretario Ejecutivo de Acción Territorial del Partido Aragonés, Alberto Izquierdo, ha respondido así a las declaraciones de la ministra María Jesús Montero en las que pedía a las administraciones locales que aportaran el superávit de 2019 al "gran pacto por la reconstrucción".

Para Alberto Izquierdo, "los ayuntamientos son mayores de edad y han demostrado con el paso del tiempo que son unos buenos gestores, han hecho un gran esfuerzo durante años, por imperativo legal, para tener un ahorro que nos hemos cansado de pedir que nos dejen gastar para mejorar la vida de nuestros vecinos y no nos han dejado".

"Hemos sido de las administraciones más cumplidoras, algo que el Gobierno central nunca ha reconocido suficiente, pero lo que no se nos puede pedir ahora es que ahora el Estado nos diga en qué tiene que gastar el dinero que ha ahorrado el Ayuntamiento de Fortanete, Veguillas de la Sierra o Gea de Albarracín", ha añadido Izquierdo, quien también es vicepresidente de la Diputación de Teruel y alcalde del municipio de Gúdar.

Alberto Izquierdo ha advertido además que no tolerarán lo que consideraría un "ataque claro a la autonomía municipal" si de alguna manera el Estado quiere dirigir a donde se destina el ahorro de los ayuntamientos y le obliga a invertir solo en las actuaciones que dictamine el Gobierno central "muy lejos casi siempre de las necesidades reales de nuestros pueblos".

El responsable de la formación ha afirmado que entiende que las administraciones tienen que colaborar y coordinarse para salir de esta crisis sanitaria y económica, pero no que "los ayuntamientos, que han cumplido y han tenido que ajustarse el cinturón estos años tengan que ceder sus ahorros para la hucha común del Estado, y de este modo pierdan toda la autonomía para decidir en qué actuación concreta que necesita su municipio gastan ese dinero".

En este sentido, ha aludido a los planes que aprueba la Diputación y que servirán para dinamizar la economía de los municipios, como el Fondo de Inversiones Financieramente Sostenibles, FIMS, con 10 millones de euros que el Gobierno central tiene que autorizar para que los ayuntamientos lo puedan gastar en obras que serán importantes para sus pueblos "como puede ser una tienda, un hogar del jubilado o una calle, que en este momento es la única inversión segura que los municipios tienen cada año".

"No estamos de acuerdo ni vamos a estar en que desde Madrid nos digan qué podemos hacer en nuestros municipios" y si ya es complicado cumplir esta ley ha advertido que "con la fuerza que tengamos allá donde estemos gobernando vamos a levantar la voz" para evitarlo.

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