Aragón

El plan MINER no ha logrado el despegue económico de Aragón

Zaragoza

La Cámara de Cuentas de Aragón ha realizado la fiscalización de los Planes Miner 2010-2017 -concretamente las líneas de ayuda en que la Comunidad Autónoma o las Administraciones Locales de Aragón han tenido participación en su gestión o ejecución-, poniéndose de manifiesto que no se ha conseguido el despegue económico de las zonas en las que se ha actuado.

Las ayudas destinadas a proyectos empresariales ascendieron a un total de 83 millones de euros desde 1998. Según se recoge en el informe de la Cámara de Cuentas, el 27% de ellas se han destinado a la industria agropecuaria, hortofrutícola y alimentaria, mientras que el 24% ha ido a las empresas de áridos, excavaciones de gres y minerales y, el 14% restante, ha sido para la industria de papel. En proyectos de infraestructuras, el importe destinado desde 1998 ha sido de 320 millones (incluye los 32 millones previstos para el plan 2013-2018) a los que se suman 15 millones del Plan alternativo al Miner para proyectos de infraestructuras del Ejecutivo aragonés.

Las ayudas se han concentrado en un menor número de municipios de mayor densidad de población, por encima de 2.000 habitantes. Localidades como Fraga, Andorra, Utrillas y Mequinenza han concentrado el 62% de las ayudas para proyectos empresariales. En total, se han impulsado 259 proyectos empresariales con una inversión de 598 millones, de los que el Miner ha financiado el 14%.

Son acciones recogidas en este informe y con el que la Cámara de Cuentas indica que se ha conseguido generar 2.012 empleos en las zonas de actuación del plan, aunque los efectos no han sido todo lo positivos de lo esperado.

Este informe refleja que las inversiones realizadas en algunos municipios, con carácter general, han contribuido de forma parcial al desarrollo local a través de la implantación de industrias o servicios turísticos. Sin embargo, han sido iniciativas que no han contribuido al desarrollo global de toda el área afectada.

De hecho, el informe pone el foco en el que el desarrollo económico del plan no ha resultado eficaz o bien no ha sido suficiente para conseguir mantener la población en las comarcas más afectadas.

La pérdida de población activa -como consecuencia de la despoblación- ha tenido como consecuencia una disminución de parados y un incremento del 2% de la renta per cápita, aunque se produce una estabilización de la renta a partir del año 2013.

Tampoco los planes han permitido compensar la pérdida de actividad industrial -con la excepción de Calanda-, a pesar de que la menor actividad de las industrias extractiva y tradicional en las comarcas más afectadas sí han podido ver un mayor dinamismo en las industrias que han recibido financiación de estos planes y por el aumento del sector servicios.

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