Zaragoza
La consejera municipal de Presidencia, Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Zaragoza, María Navarro, ha anunciado que solicitará al Fondo de Impulso Económico (FIE) el pago de, al menos, 35 millones de euros de sentencias firmes condenatorias al consistorio por revisiones de precios de contratas e intereses de demora.
De los 35 millones de euros, 17 millones de euros corresponden a las revisiones de precios de la contrata del servicio de autobús de entre los años 2009 y 2013; 8,3 millones también son de revisiones de precios de la contrata de parques y jardines que gestiona FCC y corresponden al mismo periodo, y el resto obedecen al servicio de grúa, a expropiaciones como la del corredor verde, e intereses de demora.
En rueda de prensa, María Navarro ha explicado que todas las sentencias condenatorias al Ayuntamiento de Zaragoza y que sean firmes antes del 13 de septiembre, que en la actualidad suman 35 millones de euros, se pedirá pagarlas mediante el FIE porque "es la única manera de atajar la situación", ya que las condiciones de este Fondo habilitado por el Ministerio de Hacienda son más ventajosas.
Esta cuantía de 35 millones podría aumentar puesto que la cifra total de sentencias condenatorias al Ayuntamiento alcanza los 63 millones de euros, pero no todas son firmes.
María Navarro ha apuntado que otra de las vías que emprenderá el equipo de Gobierno del PP-Ciudadanos será negociar con las contratas las revisiones de precios de entre los años 2014-2018.
La finalidad es "evitar que las revisiones de precios vuelvan a multiplicarse por los intereses de demora" ya que "ponen en jaque a la situación económica municipal", ha dicho la consejera municipal de Presidencia, Economía y Hacienda.
La izquierda
Navarro ha criticado que el anterior gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) "no contó todo", para dejar claro que remitirán al Gobierno de España todas las sentencias firmes que pasan de los 27 millones de euros que había cifrado el equipo liderado por Pedro Santisteve. "Era una farsa ya que había más sentencias", ha esgrimido.
La titular de Presidencia, Economía y Hacienda ha mostrado su "perplejidad" por las declaraciones de la oposición y especialmente por los anteriores Gobiernos de la izquierda al argumentar que "esta situación deriva de esa mala gestión".
"Es hipócrita y que nadie se equivoque porque no es una herencia entre gobiernos, sino que es una situación generada por gobiernos de la izquierda que pagarán los ciudadanos con sus impuestos".
A su parecer, los anteriores gobiernos del PSOE y de ZeC "deberían pedir disculpas a los ciudadanos para afrontar los millones de euros en sentencias judiciales que se podrían dedicar a unos servicios públicos de calidad".
Navarro ha lamentado que estos millones se tendrán que dedicar a pagar una "autorización negligente", que "es lo que se ha encontrado este Gobierno".
Poda
Sobre el precio del plan de poda, cifrado en cerca de 278.000 euros, ha asegurado que el coste se ha fijado según la necesidad detectada por el área de Servicios Públicos. "Hay que priorizar y si el área de Servicios Públicos ha considerado que tiene ese coste, se intentará llevar a cabo y lo más rápido posible".
