Zaragoza
Aragón ya tiene gobierno. El socialista Javier Lambán ha sido reelegido presidente de la Comunidad aragonesa por mayoría absoluta con los 36 votos a favor de su formación política (PSOE), Podemos, Partido Aragonés (PAR), Chunta Aragonesista (CHA) e IU (formación esta última que no entra a formar parte del ejecutivo autonómico), y con 31 votos en contra de PP, Ciudadanos y Vox.
Nace así un gobierno de pactos -como viene siendo habitual en la comunidad aragonesa- que en esta ocasión será a "cuatro bandas" y se basará en la "transversalidad" y "centralidad", según las palabras de Lambán en su discurso de investidura. Un Ejecutivo que tiene como base un documento con 132 medidas previamente acordadas con las distintas formaciones políticas que han dado su apoyo al PSOE, que obtuvo 24 escaños del total de 67 en las pasadas elecciones autonómicas. (Más información en la edición impresa de elEconomista)
El documento -sin grandes medidas sobre todo en materia económica-, incluye propuestas como la eliminación o reducción al máximo de las trabas administrativas, el apoyo a sectores estratégicos (automoción, logística, agroalimentario y energías renovables), un plan de impulso al comercio minorista, el fomento de la economía social y el cooperativismo, la apuesta por la digitalización y la implementación de una Estrategia Aragonesa contra el Cambio Climático, entre otras. También se pone el foco en reclamar infraestructuras como el Corredor Cantábrico-Mediterráneo por Teruel y Zaragoza, la Travesía Central de los Pirineos o el Canfranc.
La ausencia de propuestas con más concreción y sobre cómo se van a ejecutar fue criticada por PP, Ciudadanos y Vox, que también han cuestionado la dificultad de gobernar y poder desarrollar las medidas planteadas ante las divergencias ideológicas de los partidos que conformarán el nuevo gobierno. Además, IU solo apoya 51 de las 132. Unas diferencias que se centran en temas clave como la convivencia de la educación pública, privada y concertada; las mejoras en materia de esquí en relación a la unión de estaciones en el Pirineo o en política hidráulica y embalses.
Las diferencias entre los partidos que conformarán el gobierno también están presentes en impuestos, sobre todo, en Sucesiones y Donaciones -la última reforma en Aragón entró en vigor el 1 de noviembre de 2018 para rebajarlo-, y sobre el que se propone su estudio para su eliminación, pero compensándolo con otras fórmulas para no perder ingresos, así como el ICA (Impuesto de Contaminación de las Aguas), que se eliminará y será sustituido por otra figura impositiva. Opiniones distintas se tiene a su vez en cuanto a presión fiscal y sobre la conveniencia de subir o bajar impuestos, recogiéndose en el documento acordado un sistema tributario "justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad", pero manteniendo ingresos suficientes para garantizar los servicios públicos y el Estado de Bienestar.
Son propuestas fiscales también criticadas por el PP, Ciudadanos y Vox por sustituir unos impuestos por otros y no acometerse una reforma fiscal, que consideran necesaria porque Aragón es la segunda comunidad en la que más pagan las rentas bajas (20.000 euros) y medias (45.000 euros). Además, alertan de una posible subida impositiva ante el aumento del gasto político y el gasto social como consecuencia de las medidas anunciadas.
