Eiffage y Sacyr lucharán en los tribunales tras junta

Sacyr Vallehermoso y su participada Eiffage se demandarán mutuamente tras una rocambolesca junta de accionistas que bloqueó el intento del grupo español de nombrar representación en el consejo entre un intercambio de insultos entre sus directivos. Sacyr Vallehermoso fracasó por segundo año consecutivo en su intento de obtener cinco puestos en el órgano de supervisión de Eiffage por su participación de algo más del 33 por ciento de la sociedad. El presidente de Sacyr, Luis del Rivero, abandonó la junta después de que la mesa de la asamblea decidiese despojar de sus derechos de voto a 89 accionistas españoles titulares de un 17,5 por ciento del capital de la sociedad, argumentando que estaban actuando en concierto con Sacyr. 'No corresponde a la junta decidir sobre los derechos de voto, tienen que ser los tribunales', dijo Del Rivero.'Sacyr Vallehermoso va a llevar a cabo todos los procedimientos necesarios para protestar contra la validez de la Asamblea de Eiffage celebrada hoy en condiciones que perjudican gravemente los derechos de los accionistas', dijo la empresa española en un comunicado. El presidente de Eiffage, Jean-Francois Roverato, dijo en una conferencia de prensa que no se oponía a una oferta formal por parte de inversores españoles, pero sí a cualquier intento de ganar el control sigilosamente. 'Quiero advertir que naranjeros y jugadores de golf murcianos pueden tomar el control de Eiffage a expensas de sus accionistas', dijo Roverato. Entre Sacyr, el grupo inmobiliario Rayet y el empresario Luis Portillo - que rechazan frontalmente actuar de forma concertada - sumarían una participación del 39 por ciento del capital de Eiffage. Mientras, los directivos del grupo francés, los empleados y la estatal Caisse des Depots controlan alrededor de un 37,5 por ciento de las acciones. El grupo Rayet - que vio limitado su derecho de voto a 13.000 acciones pese a poseer 3,9 millones de títulos - también dijo que considera nula la asamblea por no estar ajustada a derecho y que iniciará acciones legales. Al inicio de la Junta, Roverato leyó una carta alegando que los inversores españoles - incluido un listado de 89 accionistas - estaban actuando concertadamente y, por lo tanto, quebrantando la ley del mercado de valores que obliga a lanzar una OPA cuando se controla más de un tercio del capital.