Tras asumir las competencias de Hacienda y Administración Pública, que ha heredado de la nueva ministra del ramo, le toca pelearse no sólo con sus compañeros de Gobierno andaluz para elaborar los presupuestos 2019, sino especialmente con su antecesora, María Jesús Montero, ahora en el Ejecutivo de Pedro Sánchez, para reclamarle la financiación que Susana Díaz exigía a Mariano Rajoy hasta hace tres meses.
¿Cuáles son los datos básicos del presupuesto andaluz que está elaborando para 2019? El principal dato tiene que ver con haber conocido en tiempo y forma las entregas a cuenta, que nos hablan de una subida del 4 por ciento con respecto al año anterior, unos 762 millones de euros. Estamos proyectando una subida en ese entorno, junto con los 350 millones que permitiría las dos décimas adicionales en la senda de déficit, lo que supone en total unos 1.000 millones de euros más para Andalucía. Hablamos de cantidades que permiten hacer unos presupuestos expansivos, pero que se van a emplear sobre todo en seguir apoyando nuestras apuestas del pasado: muy vinculadas a los servicios públicos. Más de un 50 por ciento se dedican a Educación y Sanidad. Un 80 por ciento se dedica a servicios públicos, en general.
Pero existen muchos parámetros pendientes aún de los compromisos de Susana Díaz y Pedro Sánchez de julio, si se aprobaran los presupuestos del Gobierno español para 2019... Para la elaboración de los presupuestos andaluces, la envolvente de ingresos se puede ver muy mejorada si el Gobierno de España consigue aprobar unos presupuestos que mejoren nuestra posición, sobre todo para que podamos elaborar unos presupuestos expansivos en materias tales como planes de empleo, infraestructuras. Por ejemplo, Andalucía recibe actualmente solamente unos 160 millones en fondos de compensación interterritorial, y reclamamos que vuelvan a números razonables, porque recuerdo que hace una década estábamos cerca de unos 500 millones de euros. También es fundamental resolver la situación que creó el cambio de regulación del IVA del ministro Montoro, que supuso una merma importante para Andalucía, de 500 millones de euros menos, aunque la ministra ya ha dicho que están estudiando medidas para solucionar este problema. También el Gobierno de España tiene que posicionarse en temas tales como la dependencia y cómo la va a financiar. El PP cambió la fórmula de un 50-50 por ciento y pasó a un 80- 20. En Andalucía queremos que se vuelve al sistema anterior, ya que nos cuesta 300 millones de euros más de lo que debería. También hay que tener en cuenta los planes de empleo. Todo eso mejoraría los presupuestos andaluces y su aprobación. Con esto y otras medidas pendientes recuperaríamos la senda de convergencia económica con el resto de España. Nosotros ciframos ahora mismo que los déficits de inversiones en Andalucía en los últimos años, junto con los índices de financiación de las competencias autonómicas, suponen un retraso del PIB de casi 6 puntos.
De todas esas reclamaciones, ¿cuál es su prioridad? Toda ellas son irrenunciables, pero creo que tiene una importancia capital cambiar la senda de las inversiones regionalizables. Andalucía ha venido recibiendo estos últimos años unas inversiones que representaban un 13-14 por ciento del total, muy por debajo de lo que representa su población. Todos los Gobiernos han venido usando como indicador el PIB y eso hace que las regiones donde hay más PIB reciban más inversiones y, por lo tanto, la senda de convergencia nunca va a estar basada en las inversiones. Es fundamental buscar un acuerdo a los presupuestos entre todos los partidos.
Plantea muchos frentes, pero el más importante para Andalucía, al menos hasta hace seis meses, era un sistema de financiación autonómica que le hacía perder 4.000 millones de euros. Pedro Sánchez ha dicho que no hay tiempo de cambiar el sistema. ¿Sigue siendo una prioridad? Es un tema complejo, pero en lo que todo el mundo está de acuerdo es en que es un sistema que tiene unos recursos demasiado escasos para las competencias que tienen distribuidas las comunidades, y por lo tanto genera una distorsión muy importante. Nosotros creemos que el sistema en su conjunto tiene un déficit de 16.000 millones anuales para todas las comunidades autónomas, de los cuales reclamamos para Andalucía unos 4.000 millones. Esta es la estimación a la que han llegado los grupos parlamentarios en Andalucía, incluido el PP, y han firmado en un documento.
¿Pero esas reclamaciones siguen vigentes ante Sánchez? Claro que sí. No renunciamos ni a un euro de los 4.000 millones que reclamamos. Evidentemente, hay tiempo para abordar los recursos del sistema, y la ministra se comprometió a reunir a un grupo de trabajo para trabajar en ello. Ella misma dijo que el asunto a abordar era la "suficiencia económica del sistema". Y esto es un avance importantísimo, con lo cual, si se reconoce, tendría efecto inmediato.
Por cierto, ¿cómo lleva enfrentarse ahora a su antigua compañera de Gobierno por la financiación de Andalucía? Muy bien. Me llevaba bien antes y me llevo bien ahora. Me consta que todos los movimientos que está llevando a cabo son coherentes con las posturas que siempre le he visto defender. Ella era consciente de que su principal reto a corto plazo estaba relacionado con lo que ella misma había padecido, que era la Ley de Estabilidad.
Lo que sí ha permitido la ministra es que Andalucía emita deuda de nuevo. ¿Qué supone eso? Al Estado le conviene que las comunidades autónomas salgan a los mercados, no solo por cuestiones de prestigio, sino porque la carga actual de la deuda que atesoran las comunidades autónomas es tan grande que empieza a ser preocupante, desde una perspectiva puramente financiera. Por otra parte, me parece clave la regulación que ha puesto el Gobierno, ya que ha incluido la regla de gasto en todos los criterios de estabilidad que hay que cumplir. Yo tengo la impresión de que es un poco excesivo, porque la regla de gastos es un indicador muy débil. Está funcionando regular para la economía, porque es muy difícil de predecir, y esto va a dificultar que algunas comunidades autónomas salgan. Creo que el Gobierno debería pensar en cómo considerar la regla de gasto en esa cuestión. En Andalucía hemos hecho un plan financiero de 820 millones de euros, de los cuales 220 ya los hemos obtenido de un préstamo a través el BEI (Banco Europeo de Inversiones) y el resto es la salida a los mercados que vamos a hacer. Andalucía no tiene tensiones de tesorería y, por lo tanto, no es una salida a los mercados por cuestiones de emergencia.
Una de las exigencias de Ciudadanos para negociar el presupuesto andaluz era una nueva rebaja del IRPF. ¿Ve razonable la petición? Nosotros no vamos a hacer cambios fiscales en el presupuesto que estamos elaborando por dos cuestiones. Primero, porque necesitamos que el Gobierno de España se posicione en cuanto a las políticas fiscales. El nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas es una pieza clave de la reflexión. Y también porque hemos hecho, de acuerdo con Ciudadanos, muchas modificaciones de carácter fiscal en Andalucía que aún se están desarrollando. Y queremos ver sus efectos. Lo que evidentemente no compartimos, pues yo lo veo una visión muy simplificada, es que la curva de Laffer -muestra que el incremento de los tipos impositivos no siempre conlleva un aumento de la recaudación fiscal y viceversa- se cumpla de manera automática. La bajada de impuestos a corto plazo lo que provoca es una bajada de ingresos. Evidentemente, no es una bajada de todos los ingresos, porque la renta disponible queda en manos de los ciudadanos, que con esa renta disponible hacen cosas. Y algunas de esas cosas generan más ingresos a la Administración. Por lo tanto, hace falta ser muy cuidadoso.
Hemos disfrutado de tres años con crecimientos del 3%, pero ahora estamos entrando en un período de desaceleración. ¿Cuáles son las previsiones que maneja la Junta para los próximos años? Estamos en torno al 2,4 por ciento de crecimiento para el año que viene. Es un cambio de ritmo, menor que este año y el anterior. Pero en España, en general, la herencia que ha dejado Rajoy es un crecimiento tendencial del 1,3 por ciento anual. Nosotros hemos crecido al 3 por ciento. Esto significa que en los últimos años hemos tenido vientos de cola financieros, que han permitido estar por encima de nuestra evolución tendencial. Lo que pasa ahora es que los vientos de cola están desapareciendo. Entonces, no es que esté cambiando la tendencia, por lo que si no se hace nada, caminamos hacia nuestros valores tendenciales. El Gobierno debe estudiar cómo acometer esto.
Andalucía ha ido alejándose de la convergencia con la UE y en el nuevo marco europeo 2020-27 volveremos a ser Región Objetivo 1 -aquellas que no llegan a un 75% del PIB europeo-. Eso es sólo enfrentarnos a la realidad que tenemos y esto ya estaba previsto en el actual marco 2014/2020. Lo que pasa es que Europa en lugar de utilizar como referencia para la cuestión los valores tendenciales, utiliza el PIB real.
La 'buena noticia' es que volveremos a tener unos fondos especiales por ser una de las regiones más pobres de la UE, ¿no? Deberíamos tenerlos siempre. El problema es que España siempre le habla a Europa de convergencia y cohesión, pero es que España debe tener políticas propias de convergencia y cohesión. ¿Cómo se articulan las políticas de cohesión? A través de las competencias de las CCAA. ¿Cómo se articulan las políticas de convergencia? A través de las inversiones. Nosotros llevamos toda la crisis por debajo del 75 por ciento. Y como consecuencia de que las estadísticas que se usaron fueron anteriores, resulta que hemos estado infrafinanciados con fondos europeos. En Andalucía se han recuperado ya 480.000 empleos, de la crisis. De ellos, el 90 por ciento los ha generado el sector privado, lo cual significa una cuestión de dinamismo muy potente, pero necesitamos ayuda. El problema es que los gobiernos miran más al norte. La cuestión es si esto es sostenible a largo plazo.
La reorganización del sector público ha sido una eterna 'cantinela' con la crisis. La Junta ha eliminado algunos entes paralelos, aunque la oposición les ha acusado de apenas hacer nada. ¿Cuáles son sus previsiones para reordenar a los 270.000 empleados públicos? Pensar que mediante la reducción de empresas se ahorra es una presunción muy delicada. Esto es un problema de todo el país. Tenemos una Administración diseñada para otro tipo de país. Y hoy en día se espera que los empleados públicos accedan a su plaza por sus conocimientos, pero una vez que llegan nadie piensa en reciclar sus capacidades. Hoy en día el mundo es más complejo. Por lo tanto, no va a haber un cambio que no sea consensuado con todo el mundo. Es un problema general y no de Andalucía.
Un grupo de expertos del propio Instituto Andaluz de Administración Pública propone, entre varias cosas, evaluar el desempeño de los empleados públicos e incluso poder despedirlos. ¿Qué opina? Eso son opiniones particulares de los expertos. Una cosa son los expertos académicos, que hablan de la teoría, y otros son los expertos que gestionan de verdad. Entonces yo puedo escuchar a los primeros, pero me entrego más a los expertos que han gestionado de verdad. Y también hay que escuchar a los portavoces de los trabajadores.
¿Cómo es posible que falten maestros o médicos y sobren funcionarios administrativos en la Junta? Hay que decir que se está haciendo un enorme esfuerzo enorme por incorporar cada vez más a maestros y médicos. Este año lo vamos a cerrar con la mayor plantilla de profesores y maestros de toda la historia de Andalucía. En dos años van a salir pruebas para 16.000 sanitarios más. Estamos, pues, cambiando la tendencia. Pero sí es verdad que en los últimos años no ha habido dinero para nada, y hay que agradecer el enorme esfuerzo realizado por los empleados públicos de la región.
