Política sevillana, médico y apasionada de la gestión pública. Acaba de cerrar un importante acuerdo con Ciudadanos para aprobar los Presupuestos andaluces de 2018 y ya está volcando toda su energía en impulsar la reforma del modelo de financiación autonómica que el Gobierno tiene paralizado desde hace años.
Doctora Montero, ¿cómo ve usted la salud de la economía andaluza? Creo que evolucionamos favorablemente como decimos en los partes médicos, pero tenemos que intensificar el ritmo. Tenemos que hacer un esfuerzo para que la recuperación económica llegue. Hemos salido de la UCI, pero hay personas que pueden pensar que ellos siguen ahí. Un mandato democrático es que, después de haber pedido este esfuerzo a los ciudadanos, tienen que percibir en carne propia que la recuperación les toca a ellos. No se puede estar todo el tiempo alardeando de crecimiento de la riqueza, del PIB y al final que no se traduzca en el día a día. Tenemos que hacer que la gente vea esto para que noten que su esfuerzo ha valido la pena. Si no, se producirá un desapego, que es el mejor caldo de cultivo para aquellos que desvían su política de la legalidad o para regímenes totalitarios que, como sabemos, preocupan mucho en Europa.
¿Cómo va a afectar la crisis catalana a la economía andaluza? Por lo que el propio ministro De Guindos trasladó, hay preocupación en los mercados y, como la economía tiene mucho de confianza, si se prolongase esta situación de incertidumbre sí que se podría generar un problema en que hubiera que corregir a la baja la previsión económica para el año que viene. Evidentemente, si España cambia sus previsiones el resto de comunidades autónomas tendría que hacerlo, no obstante, nosotros hemos sido extremadamente prudentes en la previsión del 2,6 por ciento.
Desde su atalaya como consejera de Hacienda en estos dos años, ¿cree que tiene algo de real el famoso "España nos roba"? Yo creo que es un eslogan que, como ocurre con algunos de ellos, tiene un tirón mediático y popular y permite, en torno a él, poner en duda cuestiones tan importantes como puede ser el sistema de financiación autonómico. Hay comunidades muy mal financiadas: Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia, etc., por poner ejemplos de algunas de ellas. Y el resto de comunidades a pesar de estar por encima de la media de financiación no tienen suficientes recursos. Es posible que a todas les falte dinero porque lo que se reparte no llega para asumir el coste de las prestaciones de servicios públicos fundamentales. Eso en Cataluña también ha sido gasolina para todo el movimiento que se ha despertado de agravio con España.
La Presidenta de la Junta ya ha manifestado que cualquier cambio que se haga no va a ser a costa de Andalucía. ¿Por qué ese temor? Creo que todas la comunidades estamos alertas, y especialmente Andalucía porque siempre ha jugado ese papel de pegamento en la cohesión territorial de España. Todos somos conocedores de que la fórmula para el encaje de Cataluña pasa por muchas cuestiones, entre ellas, la reforma del sistema de financiación autonómico y, por lo tanto, lo que queremos evitar es que se produzcan acuerdos bilaterales donde el resto de España se quede al margen del debate. Todos tenemos que estar atentos porque el 28 de febrero vino para quedarse y su grito es que no queríamos Españas de diferentes velocidades y queríamos la igualdad de todos los españoles.
Para facilitar el encaje de Cataluña, ¿admitiría Andalucía un trato preferencial a esa región como con el cupo vasco? Yo creo que no se pueden reeditar situaciones que puedan producir una asimetría. En esta situación, España debe abordar ya la reforma del modelo de financiación autonómica no pensando tanto en los territorios sino pensando en las personas. Para mí, más allá de que haya competencias singulares en algunas comunidades, las competencias homogéneas tienen que tener una financiación per cápita homogénea con la diferencia objetiva de por qué en un determinado sitio el coste del servicio es superior, por ejemplo la insularidad. Tiene que haber una situación equitativa porque los ciudadanos no entienden de territorios sino de necesidades cuando se enfrentan a los servicios.
¿Cree que ahora es el momento de abordarlo? ¿En caliente? Sin duda. Ha sido un error esconder detrás del debate territorial lo que podría haber sido parte de la solución. La urgencia de abordar el debate implica que Andalucía pierde cada año 850 millones de euros. Entre las liquidaciones, acumulamos 5.522 millones que equivalía a un 3,8 por ciento del PIB, que esto hubiera implicado la creación de más de 100.000 puestos de trabajo y, por lo tanto, no es una situación de capricho. Si realmente queremos apostar por la convergencia necesitamos unos recursos que se puedan dedicar al estímulo económico, en este caso, a la inversión. Ésta ha sido la gran perjudicada en estos años de crisis de la disminución del gasto público.
¿Por qué Andalucía pierde 850 millones anualmente, según la Junta? Básicamente por el paso que se hace en el modelo de población de derecho, los ocho millones y medio de andaluces, a población realmente protegida, en este tránsito, Andalucía pierde 220.000 personas. Es como decir que el sistema andaluz no reconoce a 220.000 andaluces. Esto es por los ajustes que se hacen de variables sobre la población para fabricar posteriormente la distribución de los servicios públicos fundamentales. Luego, por otra parte, porque los fondos que se habían concebido para la convergencia, fundamentalmente para las Comunidades con menor nivel de renta, se están aplicando mal, no está clara la metodología, son opacos, no hay ningún tipo de capacidad de ver cómo se van a comportar y, por lo tanto, siendo extraordinariamente divergentes.
El sistema de financiación lo aprobó el Gobierno de Zapatero... El modelo de financiación estaba pensado para un momento de ciclo económico al alza y no pensando en una recesión. Por tanto, es un sistema que ha funcionado mal en un momento de caída de ingresos y el PP lo ha empleado especialmente mal. Lo que Rajoy no puede obviar es que el modelo ha caducado. Lo hico hace tres años y no se ha reformulado, le ha dado miedo. La reforma del modelo de financiación pone sobre la mesa que lo que se distribuye en las Comunidades es insuficiente para la prestación de servicios. Por tanto, el Gobierno de España sabe que tiene que aportar mayores recursos a esa bolsa y se dan cuestiones más prioritarias que el recorte en la salud, educación, dependencia, etc. También podría plantearse una reforma de la fiscalidad española y no creo que haya querido abordar este debate por la situación catalana, sino porque sabe que al modelo actual hay que ponerle unos 20.000 millones de euros.
El PSOE le ha arrancado a Rajoy el compromiso de la reforma constitucional. Esto puede beneficiar a las comunidades pero también hay un movimiento recentralizador. ¿Qué escenario prevé la Junta? El autogobierno de las comunidades autónomas ha supuesto un avance importante en los derechos de los ciudadanos y una eficiencia en el manejo de las cuentas públicas. Las Comunidades Autónomas, en un momento de crisis económica, si no hubieran existido habría que haberlas inventado porque se demuestra que la política descentralizada es mucho más eficiente. Hay algunos desde el Gobierno que, a base de mantras, intentan trasladar que somos despilfarradoras, malgastadoras y yo me pregunto por qué la Administración General del Estado después de la descentralización competencial no produjo un adelgazamiento de las estructuras centrales que es donde se encuentran las duplicidades. Tengo claro convencimiento de que la Sanidad se provee de manera cualitativamente más asequible por estar descentralizada.
Acaba de alcanzar un acuerdo con Ciudadanos para que les apoyen los presupuestos andaluces de 2018 a cambio, de la casi eliminación del polémico impuesto de sucesiones. ¿Qué destaca del acuerdo? Básicamente el presupuesto destina una parte muy importante del esfuerzo a lo que hemos venido a llamar la revitalización de los servicios públicos. Por ejemplo, el sistema sanitario tiene el más importante presupuesto de su historia; la educación, que es fundamental para el impulso del nuevo modelo productivo, no sólo en colegios sino en la gratificación en matrículas de universidad; la reactivación de todos los programas de formación para el empleo que se han retomado este año y se redoblarán para 2018, etc. Todo el mundo coincide en que uno de los principales actores para el futuro en la competitividad tiene que ser la formación del capital humano y es necesario invertir todo lo que se pueda. Y dedicamos una parte importante a la formación y creación de empleo, al fomento del autoempleo, autoemprendimiento, pymes, etc. En definitiva, creación de empleo.
La previsión es que se creen unos 80.000 empleos en 2018 pero con el millón de parados actual, parece claramente insuficiente... Es evidente que necesitamos intensificar más, que las empresas encuentren estímulo en la creación de empleo y hay que tener muy en cuenta que para la competitividad futura es la necesaria reversión de la Reforma Laboral. Lejos de haber sido un estímulo se ha convertido en una rémora y, además de ser injusta, ha hecho que las empresas caigan en el equívoco de plantear su riqueza a costa de una mano de obra barata. En este mercado global, o se incorpora un valor añadido a los productos que se planteen o va a ser muy difícil. En Andalucía estamos teniendo récord de exportaciones y nos estamos ubicando de manera positiva en el mercado internacional.
¿Qué parte de responsabilidad tiene en todo esto la propia Junta? La Junta está haciendo un esfuerzo muy importante. De hecho, los datos ponen de manifiesto que nosotros invertimos el año próximo un 12 por ciento de nuestro PIB en inversión frente al 4,4 por ciento que invierte España. Nosotros estamos dedicando de nuestra riqueza un porcentaje tres veces superior al que dedica el Gobierno de España. Nuestro volumen de licitación está muy por encima de los que hacen otras Administraciones. Estamos aprovechando al máximo estos recursos. Sinceramente, creo que el Gobierno Andaluz hace todo lo que puede por intentar llevar todo el dinero que puede a la parte de inversión, a partir de ahí, espero que con la reforma del modelo de financiación, esto cambie como de la noche al día.
La Confederación de Empresarios subraya que todos los sectores se han reformado con la crisis excepto la Administración Pública, que no se ha adaptado a los nuevos tiempos. ¿Lo comparte? Yo he trabajado toda mi vida en el sector público y soy estatutaria en el servicio sanitario. Es verdad que todavía no hemos construido una Administración pública que sea capaz de diferenciar y seleccionar el talento de los empleados públicos. Un sistema que permita motivar esa excelencia. Muchas veces, toda esta parte de talento y excelencia viene automotivada por los profesionales, pero tenemos que seguir profundizando en poder premiar de alguna forma al que tiene mayor grado de compromiso, más capacidad horaria, a la persona que se forma, etc. Todo esto lo comparto. Lo que no comparto, y muchas veces va implícito, es la parte de la denostación del empleado público y compararlo con la precariedad que se produce en el sector privado. La economía andaluza también es dependiente del sector público, por ejemplo, cuando se ha producido un ajuste en la licitación de la compra de bienes, cuando se hizo la subasta de medicamentos, cuando se han producido áreas donde hemos intentado rebajar el gasto público, quien ha protestado ha sido el sector privado.
¿Qué va a pasar con las 35 horas de los 270.000 funcionarios si el Gobierno no retira la aplicación de la suspensión cautelar? A día de hoy no tenemos nada y no sabemos si el Gobierno de España ha contestado ya. Si no se produce esto, por supuesto acataremos el mandato del Tribunal Constitucional pero lo haremos compatible con que no se pierda empleo en el sector público y con que no empeoren las condiciones de los trabajadores para no dar pasos atrás.
