La jueza Mercedes Alaya, que investiga las presuntas irregularidades en los cursos de formación financiados con fondos públicos, ha imputado a once jefes de servicio de Formación de la Junta de Andalucía por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Los imputados tendrán que declarar entre los próximos días 9 y 12 de junio.
La magistrada imputa a diez jefes de servicio de Formación de las ocho delegaciones provinciales de la Junta, a una jefa de servicio de la Dirección General de Formación, María Carril, a quien imputa pero no cita a declarar, y a los jefes de servicio de Formación de la delegación provincial de Granada Magín Bolívar Medina y María Noelia García Lucena; al jefe de servicio de la delegación de Córdoba Manuel Gavilán Jiménez, y a los jefes de servicio de la delegación de Sevilla Carmen Gómez Laguillo y Daniel Fito García.
Los nuevos imputados son el jefe de servicio de la delegación de Jaén, José Luis Valentín Martos; el jefe de servicio de Almería, Blas Méndez Capel; el jefe de servicio de Málaga, María Isabel Almendro Flores; y los jefes de servicio de las delegaciones de Cádiz y Huelva Antonio Juan Vidal Agarrado y José Ángel Gil Flores, respectivamente "por las graves deficiencias en el seguimiento de los cursos y en la justificación de las subvenciones, estando bajo su competencia tanto el departamento de planificación, como el de seguimiento y el de gestión económica".
Según Alaya, "omitieron" iniciar los expedientes de reintegro y permitieron que "se confeccionaran los certificados por el que se acreditaban ante la Intervención que las subvenciones habían sido aplicadas a la finalidad para la que se concedieron, constando su cumplimiento y el correspondiente gasto total de la actividad subvencionada, certificado que liberaba el resto del importe de cada subvención".
La juez libra oficio a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que informe sobre el cargo de secretarios provinciales y secretarios generales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), "con identificación de las personas que los han desempeñado, así como especificación de sus funciones". De igual modo, la UCO deberá informar sobre los jefes de servicio de Formación en la época de la exdirectora general de Formación María Teresa Florido.
Alaya también solicita a la Guardia Civil que se determine el periodo en que ejerció el cargo como jefa del servicio de Formación de la Delegación Provincial de Sevilla María del Pilar Galán Ruiz y que se informe sobre las funciones de los coordinadores del SAE Miguel Sivianes y María Luz Fernández, periodo de dichos cargos e identificación de otros anteriores o posteriores, así como relación que en su caso pudiera tener el primero" con José Sivianes.
La Guardia Civil elevó a más de 1 millón de euros la cantidad que la Junta de Andalucía habría concedido en ayudas entre 2002 y 2014 Además, la UCO deberá completar el estudio de las resoluciones de exoneración abordadas en su último atestado con las aportadas por el Juzgado y las que en su caso aporte la Junta de Andalucía. En este atestado, la Guardia Civil elevó a 1.298.722.878,04 euros la cantidad que la Junta de Andalucía habría concedido en ayudas a la formación entre los años 2002 y 2014 sin que se haya justificado por parte de las distintas entidades beneficiarias el destino dado a esas cantidades.
En esta causa, permanecen imputados los exconsejeros de la Junta Antonio Fernández y Ángel Ojeda, así como otras 16 personas -incluidos 13 exaltos cargos de la Junta- que fueron detenidas el pasado mes de marzo en el marco de la operación Barrado, tras lo que fueron puestas en libertad con cargos.
