La magistrada inculpa a Dimas Rodríguez, director general desde 2007, por la operativa de la caja en relación con la ayuda de 10,5 millones para un ERE que la empresa granadina recibió de la Junta de Andalucía en 2002. También se ha imputado al presidente de FCC Medio Ambiente, Agustín García, y al director de Recursos Humanos de Cespa (filial de Ferrovial), Salvador Tudela, en relación a otras ayudas.
La operativa por la que se imputa a Rodríguez y a otros dos altos cargos de la rural granadina -Rafaela Ruiz, directora de Inversiones de Caja Rural de Granada, y José Miguel Martos Alcalde, director de la oficina principal de la Caja Rural de Granada- tiene que ver con la concesión de anticipos a Dhul sobre esa subvención concedida por la Junta. Otros destacados directivos del sector bancario andaluz han sido ya imputados por la juez en este caso, como el exdirector de El Monte, José María Bueno Lidón; el presidente de Unicaja, Braulio Medel;
O, fuera del ámbito bancario, el que fuera director de PwC en Andalucía, Jacinto Cañete, o el secretario general técnico de Abengoa, José Domínguez Abascal. Con las seis personas de ayer, son ya 229 los imputados en el caso ERE.
Alaya ya imputó en abril pasado a 8 personas en relación con el expediente de Dhul, cuya ayuda se entregó "sin que en dicho expediente se hubiera observado solicitud formal de ayuda sociolaboral alguna". Además, se incluía a cinco intrusos, dos de ellos cuñados del exsindicalista y conseguidor Juan Lanzas. Entre los ocho imputados está Álvaro Ruiz-Mateos, hijo del fundador de Nueva Rumasa -José María Ruiz-Mateos, ya inculpado también-, holding en el que se integrada Dhul en ese año.
El conocimiento de nuevos indicios que implican a Rural de Granada en lo ocurrido en eset ERE se produce a partir de la documentación enviada al juzgado por la Junta de Andalucía, dice Alaya en el auto. En concreto, las tres personas imputadas de la entidad habrían participado "en la instrumentación ideada con el fin de conseguir que la referida entidad bancaria consiguiera que se amortizara el préstamo que la misma había concedido a Dhul a través de la Junta de Andalucía".
Explicaciones de la caja
Rural de Granada concedió seis créditos a Duhl que se abonaron con dinero público que recibió esta empresa. Por eso, la magistrada reclama a Rural de Granada para que remita en el plazo de cinco días los expedientes completos de los préstamos concedidos a Dhul, "entendiendo que deben de comprender todo tipo de informe o análisis elaborados así como los acuerdos de aprobación de los órganos de la caja".
La caja mantiene en un comunicado que se trató de una operación de financiación donde se anticipó una subvención concedida a un cliente, "subvención autorizada por la Junta de Andalucía, que luego fue cobrada y cancelado el préstamo". Explica que es "práctica habitual de todas las entidades financieras proceder al adelanto de un porcentaje de todo tipo de subvenciones otorgadas por los organismos públicos", ya sean agrícolas, de nueva creación de empresas, medioambientales, sociales o expropiaciones, entre otras.
La entidad agrega que es "requisito necesario" para su concesión que la subvención esté aprobada previamente por los organismos oficiales, y dice que no alberga dudas sobre "la buena fe y correcta actuación" de sus empleados. Rodríguez, además de director general desde 2007, fue desde 2002 y hasta ese año responsable del área de riesgos crediticios, tesorería y empresas participadas.
FCC y Ferrovial
Con respecto a los directivos de FCC y Ferrovial, la juez entiende que tanto Agustín García Gila como Salvador Tudela Edo "serían participes en las negociaciones que, como consecuencia del conflicto colectivo en el ámbito de la limpieza en Granada", culminaron con el convenio colectivo para esta provincia de 6 de abril de 2006.
Según la magistrada, todo lo anterior llevó a que el 19 de diciembre de 2006 el entonces director de Trabajo Francisco Javier Guerrero, "sin la tramitación de expediente alguno y con falta de competencia para ello, remitiría escrito a Personal Life mostrando su conformidad para la suscripción de una póliza cuyos beneficiarios eran Cespa y FCC Medio Ambiente con una renta total a percibir por estas empresas de 452.000 euros cada una de ellas".
La juez dice que, "como cobros derivados de las citadas pólizas, las referidas empresas recibirían de Fortia tras la absorción de Personal Life la cantidad de 276.222,24 euros cada una de ellas en los ejercicios 2006-2007, siendo conocedores" los imputados "como directivos" de FCC y de Cespa "de que todo ello se había llevado a cabo sin procedimiento alguno, sin que FCC solicitara ninguna ayuda o subvención, como tampoco lo había hecho Cespa".
A ello se suma que "ninguna de las empresas carecía de capacidad económica suficiente para asumir dichas subidas lineales, pese a lo cual ambas empresas resultaron ser beneficiarias de las citadas pólizas", punto en el que el juez añade que la Junta "asumió obligaciones que en cualquier caso serían de las empresas, conociendo éstos que tal actuación constituía una mera liberalidad, financiada con fondos públicos".
Alaya imputa al poder socioeconómico andaluz en los ERE
