Hay algunos temas de profundo contenido económico y social que permanecen constantemente en el foco de actualidad, uno de ellos es el de la economía sumergida.
Su permanencia en el tiempo nos hace percibir las dificultades para aflorarla. De hecho, se considera un determinado porcentaje de economía sumergida como inevitable, el de nuestras referencias naturales que deben ser nuestros comparables: grandes países europeos. España y Andalucía están muy por encima del porcentaje de sus referencias. En la Fundación de Estudios Financieros, ocupados en temas de actualidad económica y financiera, hemos querido responder a algunas inquietudes sobre este tema realizando un estudio que recientemente presentamos en el Club Financiero Antares.
Por su interés les resumo las principales conclusiones del estudio y mi opinión personal al respecto.
¿Cuál es el problema con la economía sumergida? Produce problemas de desigualdad entre ciudadanos, entre las empresas y un serio menoscabo de los derechos de los trabajadores contratados de forma irregular. También distorsiona la presentación de datos macroeconómicos, penaliza la capacidad recaudatoria, dificulta la consolidación fiscal y hace más compleja la toma de decisiones de política económica.
¿Cuál es el tamaño de la economía sumergida en España y en Andalucía? Todas las estimaciones sobre la economía sumergida han de considerarse simplemente como aproximaciones bien fundamentadas, nunca cifras exactas. No obstante, las estimaciones son útiles como medio de comparación de la tendencia de un país y de la distancia que le separa de otros países y regiones del mismo entorno. Según estas estimaciones el importe estimado de la economía sumergida en España es de alrededor del 18,6 por ciento del PIB, aunque algunas la cifran por encima del 20. En todo caso, sea cual sea la fuente, se encuentra en unos niveles inaceptables y muy alejados de los de otros Estados europeos como Austria, Holanda o Suiza (por debajo del 10 por ciento del PIB), de Francia y Reino Unido (en torno al 10) o de Alemania (en torno al 13). En Andalucía, algunos estudios como el de la Asociación de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA), han llegado a cifrar la economía sumergida en 34.182 millones de euros (en torno a 24 por ciento de su PIB). Es una cifra elevada que compromete el desarrollo futuro y obliga a tomar medidas para reducirla. El objetivo debe ser aproximar el nivel de economía sumergida en España a la media de los países más grandes de Europa en términos de PIB, resulta irreal eliminarla por completo. Reducir la economía sumergida hasta los niveles de nuestras referencias europeas implicaría que la recaudación adicional representaría entre 18.000 a 20.000 millones de euros al año. Cifra nada desdeñable que supone el 1,8-2,0 por ciento de nuestro PIB aproximadamente.
Del total de economía sumergida se estima que en torno a un 8 por ciento del PIB es consecuencia del fraude en materia laboral, lo que en términos de empleo equivaldría a al menos 1 millón de puestos de trabajo que deberían aflorar. Una extrapolación de esta cifra a la situación en Andalucía resulta en unos 180.000 empleos sumergidos.
¿Por qué hay economía sumergida? La respuesta a esta pregunta nos ilustrará acerca del perfil de medidas a adoptar. La primera causa es el aumento de la carga fiscal. ¿En cuántas ocasiones nos hemos enfrentado al "con IVA o sin IVA"? No es neutro el tipo del IVA, cuanto más elevado más motivación para la oferta sin IVA. Igual que no es neutro el importe de las cotizaciones a la seguridad social, ni los tipos de IRPF y Sociedades, tasas, etc.
También es muy importante la conciencia fiscal de los ciudadanos, que yo añadiría que está igualmente tamizada por la conciencia fiscal de nuestros políticos, gestores del dinero de los contribuyentes, y la percepción social sobre esta concienciación. Los escándalos con los que nos enfrentamos recurrentemente no ayudan en absoluto. Tampoco ayudan las propuestas de los que defienden políticas expansivas en el gasto público financiadas con nueva fiesta de deuda, que habrá que pagar.
También es una causa la sobrerregulación, es un incentivo perverso para vivir al margen de la regulación. Tenemos 17 parlamentos autonómicos, más el parlamento nacional, en todos ellos se mide la productividad por el número de normas que emiten.
Por último, las rigideces del mercado laboral. Son los empresarios los que contratan, y la observación de estas rigideces supone un freno a la contratación legal.
Y conocidas las causas ¿qué medidas se podrían adoptar? Para resolver el problema del fraude laboral las medidas a adoptar deberían basarse, en la continuación de las reformas del mercado de trabajo, con una mayor flexibilidad en la contratación y simplificación del marco regulatorio laboral. También es importante tener un especial foco de atención sobre el abandono escolar y potenciar el papel de la formación profesional como solución al desempleo entre los jóvenes. También se debería revisar la regulación sobre salarios mínimos y las políticas activas de empleo.
Entre las propuestas para mejorar el fraude fiscal mencionamos en primer lugar la simplificación de las figuras impositivas, y yo añadiría una reducción de la carga fiscal actual de manera sostenible con el estado del bienestar. Reducción del gasto político, no del social.
Se destaca en el estudio la necesidad de combatir la existencia de paraísos fiscales. No obstante, en mi apreciación personal, considero que un pequeño nivel de competencia fiscal entre regiones y estados puede ser deseable. Por otra parte, con el fraude fiscal se hace necesario potenciar las actuaciones de inspección en el ámbito de la investigación en lugar de la mera comprobación de los datos. Igualmente resulta imprescindible aumentar la sensibilización fiscal de los ciudadanos. En algunos países el nivel de concienciación fiscal es elevado, y las consecuencias jurídicas de los delitos fiscales están en consonancia con esta concienciación.
Por último, el pequeño tamaño de la empresa española es considerado por casi todos los estudios como una de las causas subyacentes de la economía sumergida. Las empresas grandes, normalmente, se sitúan en un alto porcentaje de sus actividades en la economía oficial, con más regulación y mayores cotas de cumplimiento de sus obligaciones formales.
Esperemos no tener que escuchar nunca más de gestores públicos que tienen que subir los impuestos para compensar los ingresos cesantes por la economía sumergida, cuando lo que procede es justamente lo contrario para facilitar su integración. Tenemos recorrido hasta encontrarnos con nuestros pares europeos.
Recurrir a la sensatez económica
