Seis empresas andaluzas promotoras de viviendas de protección oficial (VPO) de Granada, Sevilla y Almería han solicitado a la Fiscalía Superior de Andalucía, dependiente del Tribunal Superior autonómico con sede en Granada, que investigue el destino dado por la Junta andaluza a 11 millones de euros de fondos para subvenciones, procedentes del Estado. Ese dinero iba dirigido a respaldar la construcción de ese tipo de viviendas, pero no se ha abonado transcurridos más de dos años desde la entrega de las VPO.
Los denunciantes solicitan a la Fiscalía que estudie si los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de delitos de malversación de fondos públicos o gestión fraudulenta de subvenciones.
Se trata, según los promotores, de subvenciones recogidas en el Plan Andaluz de Vivienda 2008-2012, cuyos fondos parten originalmente del Ministerio de Fomento.
Fuentes cercanas a los denunciantes, que se mantienen en el anonimato y están representados por las patronales de la construcción de esas tres provincias que también se han personado en la denuncia, señalan que la única cantidad abonada efectivamente por la Junta desde ese año con cargo a ese programa fue a parar a la patronal andaluza CEA: 1,7 millones para 583 VPO cuya construcción está siendo investigada por una juez de Sevilla.
Veinte reclamaciones
En este caso está imputada la actual cúpula de la patronal andaluza. Santiago Herrero, presidente de la CEA, abandonará su cargo la próxima semana por esa imputación.
Esta juez ha solicitado a la Junta el expediente completo de esa subvención, que se abonó a final de 2011, pero cuya resolución se publicó en el boletín oficial de la comunidad dos años después. Ha sido el conocimiento de ese posible trato de favor a la CEA, unido al agotamiento de las vías administrativas ante la propia Junta tras una veintena de reclamaciones sin respuesta, la que ha llevado a los denunciantes al fiscal por la vía penal.
El sector censura que el Gobierno andaluz no abone estas subvenciones finalistas, a pesar de que el Ministerio de Fomento certificó haber pagado las citadas ayudas a la Junta de Andalucía para que ésta las transfiriera a los beneficiarios. La Junta dejó de abonar subvenciones por ese programa desde 2011.
Además, según los promotores, los casos que ellos han denunciado no son los únicos, ya que calculan que hay expedientes en la misma situación por cuantías que superan los 50 millones de euros. El sector recrimina a la Junta que no haya aprovechado en este tiempo los planes de pagos a proveedores y dinero procedente del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para saldar las deudas pendientes.
Las VPO construidas al amparo de ese plan de vivienda tenían un precio tasado y prefijado que sólo permitía rentabilizar el proyecto con el cobro de esas subvenciones.
De fondo, se produce también un enfrentamiento entre una patronal afín a la CEA -y, por tanto, a la Junta- y otras independientes. La primera es Fadeco, patronal de promotores que preside Federico Muela, del círculo de confianza de Herrero, que no ha querido denunciar. Entre las segundas está Gaesco, que preside Miguel Rus, líder de la patronal sevillana CES y enfrentado al dimisionario Herrero.
Entidades
La juez imputa a Santiago Herrero